El expediente, cuya versión definitiva —hasta ayer confidencial— ha podido consultar este periódico, tiene 62 páginas y una memoria económica de 11 anexos. El ministerio impulsor es el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero la arquitectura jurídica ha sido afinada durante semanas en el despacho del subsecretario de la Presidencia del Gobierno, responsable del encaje normativo. El número exacto de personas potencialmente beneficiarias, estimado a partir de los datos del Padrón y de las altas en la Seguridad Social, oscila entre 480.000 y 520.000. La Moncloa ha decidido comunicar la cifra redonda: 500.000.
La aprobación cierra un camino que empezó hace casi tres años, cuando la iniciativa legislativa popular impulsada por Esenciales —una plataforma de más de novecientas organizaciones sociales— recogió 700.000 firmas y llegó al Congreso con el impulso político necesario para ser admitida a trámite. Aquella ILP propuso un mecanismo de regularización puntual y por arraigo social, pero el Ejecutivo ha optado por un modelo más estructurado: tres fases de solicitud escalonadas entre abril y julio, verificación telemática inicial y cita presencial posterior en oficinas de extranjería reforzadas con 1.800 efectivos adicionales.
Así está diseñada la primera fase. Mañana 16 de abril, a las 09:00, se abrirá el formulario telemático en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión. Las personas solicitantes podrán subir los tres documentos básicos —certificado de empadronamiento, justificante de arraigo social o laboral y copia del pasaporte en vigor— y recibirán un número de expediente con fecha y hora. A partir del lunes 20 de abril, las oficinas de extranjería abrirán las citas presenciales para verificación. La tercera fase, de resolución efectiva, se prolongará hasta el 15 de julio.
¿Por qué ahora? Fuentes del Ejecutivo consultadas por este periódico subrayan tres razones. La primera: el Gobierno quiere aprovechar el viento de cola de las previsiones del FMI, que esta semana ha colocado a España a la cabeza del crecimiento de la eurozona, para argumentar que 'la regularización no es un gesto humanitario aislado, sino una política económica con pies y cabeza'. La segunda: los datos de la Seguridad Social muestran que más del 60% de las personas beneficiarias ya cotizan de forma parcial o intermitente, lo que convierte la regularización en una operación de afloramiento fiscal más que de incorporación. La tercera: el Consejo de Ministros necesitaba un gran acto político tras semanas marcadas por episodios procesales y conflictos institucionales.
La reacción de los socios de Gobierno llegó antes incluso de que el acta fuera firmada. Sumar ha celebrado la decisión con un comunicado que la describe como 'un paso histórico hacia una España más justa'. ERC y Bildu han pedido ampliar el ámbito de la medida a los menores no acompañados tutelados por las comunidades autónomas. Junts —en un giro algo más inesperado— ha exigido que el Estado transfiera 'de inmediato' a Cataluña la competencia de primera resolución en las oficinas de Barcelona y Tarragona. El PNV, por su parte, ha valorado positivamente el decreto pero ha recordado que Euskadi tiene competencias en acogida que deben ser respetadas en la aplicación.
La oposición ha reaccionado con una dureza calculada. El PP ha anunciado que recurrirá el decreto al Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias autonómicas y que, además, 'convierte el Consejo de Ministros en una mesa de campaña electoral en vísperas de unas andaluzas'. Vox ha ido mucho más lejos y ha prometido que, si el decreto se convalida en el Congreso, 'será el detonante para volver a pedir el adelanto electoral'. Por una vez, las dos principales formaciones de oposición coinciden en el diagnóstico: el Ejecutivo, dicen, busca titular y efecto movilizador.
Hay, no obstante, un dato que ambas oposiciones suelen omitir y que los funcionarios de Interior llevan meses repitiendo en privado. El decreto incluye un mecanismo de exclusión automática de personas con antecedentes penales vigentes por delitos graves o que figuren en lista internacional de búsqueda. Y prevé un plan de cruces de datos con Europol, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos autonómicos, con el objetivo de que cada expediente sea revisado de forma individual antes de la resolución. Es una salvaguarda técnica que la comunicación política del Gobierno no ha destacado. Pero que aparece en el texto normativo, en el apartado 4 del artículo 14, con una redacción inequívoca.
Queda una incógnita sensible: cuánta capacidad administrativa real tienen las oficinas de extranjería para absorber un goteo que, si los primeros días son comparables a los de la regularización de 2005, puede rondar los 12.000 expedientes diarios en la fase más intensa. La Moncloa ha reforzado el sistema con 1.800 contrataciones extraordinarias —400 en Madrid, 350 en Cataluña, 220 en Valencia, 180 en Andalucía y el resto repartidos en el norte peninsular—, pero los sindicatos de funcionarios ya advierten que la cifra puede resultar insuficiente durante las primeras seis semanas. Si el colapso llega, el debate político de la regularización se convertirá rápidamente en un debate sobre colas, citas y plazos. Y en España, cuando algo se convierte en un debate sobre colas, el resto del contenido tiende a desaparecer del titular.
Hoy, sin embargo, el titular es otro. Hoy, a las doce del mediodía, el vicepresidente segundo Carlos Cuerpo saldrá a la sala de prensa de la Moncloa a explicar un decreto que, pese a la avalancha de matices, tiene una tesis muy sencilla: medio millón de personas que ya viven, trabajan y cotizan en España van a pasar, en las próximas semanas, de la sombra administrativa a la luz jurídica. Todo lo demás —los discursos, las réplicas, los recursos— es el ruido inevitable que acompaña a un cambio que, en términos demográficos, apenas tiene precedentes recientes en el continente europeo.
