La Red OTUS nació de la necesidad de estandarizar la información sobre fauna silvestre que distintas entidades del país venían recolectando de manera dispersa. Antes de su creación, cada corporación autónoma regional, cada empresa y cada grupo de investigación operaba con protocolos propios, lo que dificultaba comparar datos entre regiones o construir una imagen nacional del estado de la biodiversidad. La primera fase, iniciada en 2024, estableció una metodología estandarizada que permite integrar los datos obtenidos en diferentes regiones bajo un mismo esquema.
Hernando García, director del Instituto Humboldt, explicó que la articulación lograda con la red permite que la información producida en distintos puntos del país pueda analizarse de manera conjunta. "Esto permite que los datos producidos en diferentes regiones del país puedan analizarse y aprovecharse de manera conjunta. Esta red es clave porque contribuye al cumplimiento de las metas del Convenio sobre la Diversidad Biológica", afirmó García, en referencia al tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, del cual Colombia es signataria y que establece compromisos de conservación y uso sostenible de los ecosistemas.
El funcionamiento de OTUS combina trabajo de campo con procesamiento tecnológico. Las cámaras trampa, instaladas en bosques, páramos, humedales y zonas de piedemonte, capturan imágenes de manera automática ante el paso de animales. Ese material es procesado por Wildlife Insights y, posteriormente, los registros validados se incorporan al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, conocido como SiB Colombia, que los convierte en registros públicos disponibles para investigadores, autoridades ambientales y ciudadanía.
Entre las especies identificadas figura el paujil de pico azul, ave endémica de Colombia catalogada en peligro crítico, y la danta o tapir, clasificada como vulnerable. Estos registros no solo confirman la presencia de especies amenazadas en determinados territorios, sino que aportan información sobre su distribución, insumo para diseñar corredores de conservación o zonas de protección estricta.
Expansión de la infraestructura y participación privada
La expansión de la infraestructura ha sido uno de los aspectos más notorios de esta nueva etapa. Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars, indicó que la red de corporaciones autónomas regionales pasó de 483 cámaras trampa en 2023 a más de 1.842 dispositivos funcionales en 2026, lo que representa un crecimiento del 280 % en tres años. Ese salto refleja una mayor disposición de las corporaciones regionales a integrarse en un esquema común de recolección de datos.
El sector privado también ha contribuido a esa expansión, particularmente la industria minera, que ha instalado más de 150 cámaras trampa. Esos equipos han generado cerca de 15.766 imágenes, equivalentes a aproximadamente el 6,5 % del total de registros de la red. La participación de empresas extractivas en este tipo de iniciativas suele responder a exigencias de las autoridades ambientales, que condicionan las licencias de explotación a planes de monitoreo y compensación de la biodiversidad afectada.
La cobertura geográfica de OTUS incluye actualmente las regiones Caribe, Andina y Pacífica, además del piedemonte de la Orinoquia y la Amazonía. Esta amplitud territorial resulta relevante si se considera que Colombia es reconocido internacionalmente como uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta, con miles de especies de aves, anfibios y mamíferos distribuidas en ecosistemas que van desde los páramos andinos hasta las selvas húmedas tropicales.
El monitoreo de fauna silvestre mediante cámaras trampa no es una técnica nueva en el país. Desde hace más de una década, distintos proyectos de investigación académica y organizaciones no gubernamentales han empleado esta tecnología para estudiar especies esquivas como el jaguar o el oso de anteojos. Lo novedoso de la Red OTUS radica en la escala del esfuerzo y en la articulación institucional que reúne a entidades públicas, privadas y comunitarias bajo una metodología común, superando la fragmentación que había caracterizado estas iniciativas en el pasado.
La consolidación de la red se produce en un momento en que la conservación de la biodiversidad ocupa un lugar cada vez más visible en la agenda ambiental. Colombia ha asumido compromisos internacionales relacionados con la protección de ecosistemas, entre ellos los establecidos en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y en las metas globales adoptadas en la Conferencia de las Partes celebrada en Montreal en diciembre de 2022, que buscan proteger el 30 % de los ecosistemas terrestres y marinos del planeta para 2030.
De cara a lo que resta de la década, la Red OTUS proyecta incorporar nuevos socios institucionales y empresariales que aporten equipos y financiamiento, con el objetivo de construir líneas base regionales que permitan conocer con mayor precisión el estado y la distribución de la fauna en cada territorio. Esa información, según sus impulsores, debería orientar en el futuro cercano tanto las inversiones públicas en conservación como las decisiones de licenciamiento ambiental que enfrentan proyectos de infraestructura y extracción de recursos naturales en zonas de alta biodiversidad.
El reto pendiente, según quienes lideran la iniciativa, es sostener en el tiempo la financiación y la cooperación interinstitucional que ha permitido el crecimiento de la red en sus primeros años de operación, un desafío común a buena parte de los proyectos ambientales en Colombia, donde la continuidad de los programas suele depender de la voluntad política y presupuestal de cada nueva administración departamental o nacional.
