El estatuto de Ceuta y Melilla ocupa un lugar singular en la arquitectura jurídica española: ambas son, desde los estatutos de autonomía aprobados en 1995 al amparo de la Constitución de 1978, ciudades autónomas dotadas de competencias próximas a las de las comunidades autónomas, aunque sin alcanzar esa condición. Su integración en las Comunidades Europeas se produjo con la adhesión española de 1986, si bien mantienen un régimen fiscal y aduanero especial que las diferencia del resto del territorio comunitario, con una fiscalidad indirecta propia —el IPSI— en lugar del IVA.
Marruecos nunca ha reconocido de manera formal la soberanía española sobre ambos territorios y los incluye en su cartografía oficial como Sebta y Melilia, presentándolos como los últimos vestigios coloniales en suelo africano. La reivindicación se intensificó tras la independencia del país magrebí de Francia y España en 1956, cuando el nuevo Estado reclamó también el Sáhara Occidental, Ifni y otros territorios entonces bajo administración española, la mayoría de los cuales fueron cedidos o descolonizados en las décadas siguientes.
La posición española, sostenida por gobiernos de distinto signo desde la Transición, es que Ceuta y Melilla no son colonias sino parte integral del territorio nacional, anteriores en varios siglos a la formación del Estado marroquí moderno, surgido con la dinastía alauita en el siglo XVII. Esa tesis se apoya en el argumento de que ambas plazas nunca formaron parte de un Marruecos unificado y soberano en el momento de su incorporación a la Corona española. Rabat, por su parte, califica periódicamente el asunto de anacronismo histórico pendiente de resolución.
El marco jurídico internacional refuerza la posición de Madrid: Naciones Unidas no incluye a Ceuta y Melilla en su lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización, a diferencia del Sáhara Occidental. Esa distinción ha sido esgrimida reiteradamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores como argumento frente a las reclamaciones marroquíes, sin que exista mecanismo formal alguno de negociación bilateral abierto sobre la soberanía de las dos ciudades.
De Perejil a la crisis migratoria de 2021
El contencioso ha generado episodios de tensión recurrentes. Uno de los más recordados es la crisis del islote Perejil, en julio de 2002, cuando un contingente de la Gendarmería Real marroquí ocupó ese peñón deshabitado frente a las costas ceutíes, lo que provocó una respuesta militar española y una posterior mediación de Estados Unidos que restableció el statu quo previo. El episodio evidenció la fragilidad del equilibrio bilateral incluso en cuestiones de aparente escasa entidad territorial.
Otro momento crítico se produjo en mayo de 2021, cuando la relajación abrupta de los controles fronterizos marroquíes permitió la entrada de más de 8.000 personas en pocas horas hacia Ceuta, a nado o a pie, según datos del Ministerio del Interior. La crisis, vinculada por Madrid a la decisión de acoger por motivos humanitarios al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, derivó en una ruptura temporal de relaciones diplomáticas que se prolongó varios meses.
La normalización llegó en 2022 con un giro relevante en la posición española sobre el Sáhara Occidental: Madrid respaldó el plan marroquí de autonomía para el territorio saharaui como base para resolver el conflicto, un movimiento que recibió críticas del Frente Polisario y de sectores parlamentarios españoles. Argelia reaccionó retirando a su embajador en Madrid y suspendiendo el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 2002, un episodio que ilustra cómo la cuestión se entrelaza con la rivalidad histórica entre Rabat y Argel, agravada por el cierre de su frontera terrestre común desde 1994.
Las vallas fronterizas de ambas ciudades, reforzadas sucesivamente desde los años noventa, constituyen la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, lo que les confiere una relevancia estratégica en control migratorio que trasciende el contencioso bilateral. Frontex y la Comisión Europea han mantenido interés directo en la gestión de estos pasos, participando en la financiación de infraestructuras de seguridad.
Desde el punto de vista social, los sucesivos resultados electorales en ambas ciudades han mostrado de forma constante una orientación mayoritariamente favorable a la pertenencia a España, incluida buena parte de la población de origen bereber y musulmán, aunque conviven formaciones locales que reivindican mayor autonomía o el reconocimiento de particularidades culturales y lingüísticas, como la lengua amazigh en Melilla. El funcionamiento institucional de las ciudades ha atravesado episodios de inestabilidad, con mociones de censura y coaliciones cambiantes, especialmente en Melilla, donde la fragmentación del voto ha dificultado en varias legislaturas la formación de gobiernos estables.
Pese a las fricciones, la relación se apoya en una interdependencia económica considerable: Marruecos figura entre los principales socios comerciales de España en el continente africano y un destino relevante de inversión española, mientras que el mercado español constituye históricamente uno de los principales destinos de la exportación agrícola marroquí, según los balances de comercio exterior que elabora la Administración española. Esa densidad de intereses ha operado como amortiguador en cada episodio de crisis.
El Gobierno de España mantiene que la soberanía de Ceuta y Melilla no está sujeta a negociación bilateral, una posición reiterada por sucesivos ministros de Exteriores ante el Congreso de los Diputados. Rabat, en sentido contrario, insiste periódicamente en la naturaleza colonial de los enclaves sin que ello haya derivado en un cauce formal de conversaciones entre ambos Estados.
A falta de un cambio sustancial en la posición de cualquiera de los dos Gobiernos, el contencioso permanece en un estado de latencia diplomática: ni Madrid contempla abrir negociación alguna sobre soberanía ni Rabat renuncia a su reivindicación histórica. Ese equilibrio, gestionado durante décadas mediante la cooperación práctica en seguridad, migración y comercio, deja la cuestión de fondo sin resolución formal y expuesta a reactivarse ante cualquier crisis bilateral, como han demostrado los episodios de 2002 y 2021.
