La denuncia, formalizada ocho meses después del fallecimiento, no busca zanjar disputas sucesorias, según precisó el abogado Romario Camargo Pizarro en declaraciones a Focus Noticias. La representación legal de la familia insiste en que el objetivo es esclarecer si las decisiones corporativas adoptadas en los días previos a la muerte del artista se ajustaron a la ley.
El expediente se concentra en dos sociedades: Santi Music S.A.S. y Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S. Según la defensa, Luz Feny Galeano, madre del cantante, acudió a la Fiscalía para pedir que se revisen actuaciones administrativas, cambios accionarios y firmas en las compañías vinculadas al patrimonio empresarial que el intérprete construyó a lo largo de su carrera. Laura Daniela Sarmiento figuraba originalmente como accionista única y propietaria del 100 % de las acciones de Santi Music S.A.S.
El foco de la investigación recae sobre el acta número 7 de la asamblea de Santi Music S.A.S., fechada el 2 de enero de 2026. En ese documento se habría aprobado un cambio en la representación legal y la emisión de 190.000 nuevas acciones, valoradas en $190 millones, adjudicadas a Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S. El pago, de acuerdo con el texto de la reunión, se habría realizado en efectivo ese mismo día.
La operación redujo la participación de Sarmiento al 5 % —10.000 acciones— y trasladó el control mayoritario a la otra sociedad. La defensa de la familia pide verificar el margen temporal entre la fecha del acta y su inscripción ante la Cámara de Comercio, trámite que se llevó a cabo el 28 de enero de 2026, veintiséis días después de la fecha consignada en el documento y dieciocho después de la muerte del cantante.
Según la denuncia, en los primeros días de enero el artista se encontraba en Cartagena atendiendo compromisos musicales junto a sus allegados, un dato que la representación legal considera relevante para reconstruir el contexto en que se habría suscrito el acta cuestionada.
Ocho delitos bajo señalamiento
La solicitud presentada ante la Fiscalía contempla la investigación de ocho presuntos delitos: falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, fraude procesal, administración desleal, abuso de confianza, estafa, tentativa de estafa y ocultamiento de documento privado. En el caso de la falsedad documental, se pide verificar las circunstancias de elaboración de las actas y su posterior radicación ante entidades oficiales; en el de la administración desleal, determinar si la gestión de los bienes alteró el equilibrio económico de las sociedades. El ocultamiento de documento privado apunta a la eventual retención no autorizada de libros o actas de la compañía.
La denuncia solicita, además, que si durante la investigación surgen otras personas vinculadas a los hechos, estas sean llamadas a responder ante la justicia. Por ahora, los ocho delitos señalados corresponden a imputaciones incluidas en la denuncia y no a hechos comprobados judicialmente por ninguna autoridad.
