Según el relato oficial del jefe de Estado, el material incautado incluye 1.900 cartuchos calibre.50 y 3.050 de calibre 5,56 milímetros, munición compatible con fusiles de asalto y armamento de mayor calibre, lo que, según la Fuerza Pública, apunta a una capacidad logística orientada al abastecimiento de varios componentes armados de esa guerrilla en la región. De acuerdo con la versión presidencial, la captura fue resultado de varias semanas de trabajo de inteligencia de las agencias del Estado, que habrían ubicado al señalado como responsable de recibir, custodiar y trasladar pertrechos destinados a estructuras con presencia en Aguachica, La Gloria, Río de Oro y la región del Catatumbo.
El presidente De La Espriella enmarcó la operación en una estrategia de choque contra las redes de abastecimiento de armamento del ELN. "Estamos cortando las rutas de abastecimiento del terrorismo. Cada munición que incautamos es capacidad criminal que le quitamos al ELN y vidas que protegemos. He dado la orden a nuestra Fuerza Pública de seguir la ruta de estas armas y municiones: establecer su origen, identificar toda la red logística y capturar a quienes financian, transportan y reciben este material de guerra", afirmó el mandatario. Según su relato, la Fuerza Pública opera con la directriz de capturar o dar de baja a quienes causen terror en las regiones.
La captura se produjo en flagrancia, lo que en el procedimiento penal colombiano —regulado por la Ley 906 de 2004— habilita a la Fiscalía General de la Nación para poner al capturado a disposición de un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes, con miras a la audiencia de legalización de captura y, eventualmente, de formulación de imputación. Hasta el momento, Contreras Contreras figura como indiciado; no consta que se le haya formulado imputación formal ni que exista medida de aseguramiento en su contra.
Conviene subrayar que la sindicación de pertenecer al frente Camilo Torres Restrepo del ELN corresponde, por ahora, a una acusación de las autoridades y no a una decisión judicial. En el sistema penal acusatorio colombiano, el paso de indiciado a imputado exige una audiencia ante juez de control de garantías, y de imputado a acusado, un escrito de acusación de la Fiscalía; solo una sentencia en firme permite hablar de responsabilidad penal.
La captura en Aguachica se suma a otra operación reciente contra la misma estructura guerrillera. Días antes, el Ejército Nacional había capturado a cuatro presuntos integrantes del frente Camilo Torres Restrepo en el municipio de El Paso, también en el Cesar, señalados de participar en el atentado del pasado 27 de agosto contra la línea férrea que afectó un tren de la empresa Drummond, uno de los mayores operadores de carbón del país en esa zona. En ese operativo se incautaron cinco armas largas, un arma corta y una cantidad significativa de munición.
"Así como ellos han atentado contra el Cesar y han pretendido sembrar terror entre su gente, nosotros vamos por todos ellos. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio", señaló entonces De La Espriella, en un mensaje que reafirma la línea de choque frontal contra esa guerrilla en el departamento.
El frente Camilo Torres Restrepo opera históricamente en el sur del Cesar y el nororiente colombiano, una zona de tránsito estratégico entre el Catatumbo, el Magdalena Medio y la frontera con Venezuela, corredor tradicionalmente utilizado para el tráfico de armas, insumos para economías ilegales y movilidad de estructuras armadas. El Cesar ha sido escenario de confrontación armada durante décadas, con episodios de violencia contra la infraestructura energética y de transporte de carbón.
El ELN, fundado en 1964, es una de las guerrillas activas más antiguas de América Latina. A diferencia de las extintas FARC, que firmaron el acuerdo de paz de 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos, esa organización ha sostenido procesos de negociación intermitentes con distintas administraciones sin un cese definitivo de hostilidades. Ya en el gobierno de Iván Duque, el atentado con carro bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, en enero de 2019, llevó a la ruptura de los diálogos y a la reactivación de las órdenes de captura contra sus negociadores. La persistencia de frentes como el Camilo Torres Restrepo ilustra la fragmentación territorial de esa guerrilla.
Ni la Fiscalía General de la Nación ni la defensa del capturado se han pronunciado públicamente sobre los cargos que eventualmente podrían formularse contra Contreras Contreras. El derecho de defensa, garantizado por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, implica que el indiciado podrá controvertir la legalidad de la captura y las pruebas recaudadas por los organismos de inteligencia en la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías.
El caso quedará ahora en manos de la jurisdicción penal ordinaria, específicamente de los juzgados penales del circuito con función de control de garantías en el Cesar, que deberán decidir sobre la legalidad de la captura y, si la Fiscalía lo solicita, sobre una eventual medida de aseguramiento. Esa medida, de imponerse, sería de naturaleza cautelar y no implicaría pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad penal del capturado.
El Gobierno nacional no ha precisado si la operación de Aguachica tiene conexión directa con la investigación por el atentado contra la línea férrea de Drummond del 27 de agosto, aunque ambos casos comparten el señalamiento sobre el mismo frente guerrillero y la misma subregión del Cesar. Las autoridades han indicado que continuarán las labores de inteligencia para establecer el origen y la red de distribución del material de guerra incautado, así como para identificar a quienes lo financian y transportan.
