Los centros de armonización, también llamados sitios de reflexión o reeducación, son las instalaciones donde los cabildos indígenas del norte del Cauca cumplen las sanciones impuestas bajo su propio sistema de justicia, reconocido por el artículo 246 de la Constitución Política de 1991 como jurisdicción especial indígena. A diferencia de una cárcel ordinaria, allí no hay guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sino integrantes de la guardia indígena, una estructura de control territorial propia, sin armas de fuego, reconocida por las comunidades nasa como garante del orden interno.
Según la información disponible, los siete hombres encapuchados llegaron hasta el centro de armonización y redujeron a los guardias de turno sin que se reportaran heridos. Tras destruir los accesos del lugar, liberaron a tres personas que cumplían allí sanciones determinadas por las autoridades del cabildo. No ha trascendido públicamente la identidad de los liberados ni la naturaleza de las faltas por las que habían sido sancionados, información que corresponde a la autonomía jurisdiccional de la comunidad y que no necesariamente se hace pública.
Toribío, junto con Jambaló y Caloto, conforma el llamado territorio nasa del norte del Cauca, una región que ha sido escenario histórico de disputas armadas entre la fuerza pública, guerrillas, disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales que buscan el control de corredores estratégicos hacia el Pacífico y de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) ha denunciado en reiteradas ocasiones que la autonomía territorial reconocida en la Constitución choca en la práctica con la presencia de actores armados que no reconocen la jurisdicción especial indígena.
El marco constitucional de la justicia propia
La jurisdicción especial indígena es una de las reconocidas por la Constitución de 1991, junto con la ordinaria, la contencioso-administrativa, la de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) surgida del Acuerdo de Paz de 2016. La Corte Constitucional ha desarrollado en múltiples sentencias —entre ellas la T-523 de 1997 y la T-002 de 2012— los límites y alcances de la autonomía indígena, estableciendo que las decisiones de las autoridades propias deben respetarse salvo que vulneren derechos fundamentales, y que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de quienes ejercen funciones jurisdiccionales dentro de los territorios étnicos.
El episodio se produce en momentos en que el norte del Cauca continúa registrando hechos de violencia asociados a la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales, un fenómeno documentado de manera recurrente por la Defensoría del Pueblo en sus informes de riesgo y alertas tempranas para el departamento. La zona ha sido objeto de varias alertas tempranas en los últimos años por el riesgo que corren líderes indígenas, guardias y autoridades tradicionales.
La Acin y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) han manifestado en el pasado, ante hechos similares, que este tipo de acciones constituye un desconocimiento directo de la autonomía territorial y jurisdiccional reconocida constitucionalmente, y han exigido a la fuerza pública y a la Fiscalía General de la Nación el esclarecimiento de los hechos y la protección efectiva de la guardia indígena. Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre la apertura de una investigación por este hecho puntual.
La Defensoría del Pueblo, que mantiene presencia permanente en el norte del Cauca a través de su sistema de alertas tempranas, es la entidad llamada a documentar y verificar este tipo de incidentes contra la autonomía indígena.
Un territorio bajo protección constitucional reforzada
El norte del Cauca ha sido escenario de hechos comparables en años recientes: ataques armados contra sedes de cabildos, asesinatos de guardias indígenas y amenazas contra autoridades tradicionales que han llevado a la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamiento forzado, a exigir medidas reforzadas de protección para los pueblos indígenas del Cauca, considerados sujetos de especial protección constitucional por el riesgo de exterminio físico y cultural que enfrentan varias de sus comunidades.
La guardia indígena, integrada mayoritariamente por hombres y mujeres de las comunidades nasa que ejercen su función de manera voluntaria y sin remuneración, ha sido reconocida por organismos internacionales de derechos humanos como un mecanismo legítimo de autoprotección territorial. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrentan sus integrantes frente a grupos armados que operan al margen del control estatal en la región.
El caso se inscribe en una tensión sostenida entre la autonomía territorial indígena y la presencia de estructuras armadas ilegales en el Cauca, un departamento donde conviven cultivos de uso ilícito, corredores de movilidad hacia el Pacífico nariñense y disputas históricas por el control del territorio que anteceden incluso a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno nacional y las antiguas FARC-EP.
Las autoridades indígenas del Cauca han convocado en el pasado asambleas comunitarias y minga de resistencia como mecanismos de respuesta ante hechos similares, formas de movilización social reconocidas por su capacidad de convocatoria nacional. No se ha confirmado, hasta el momento, si el cabildo de Toribío adoptará medidas de este tipo tras lo ocurrido en el centro de armonización.
Según el procedimiento habitual en estos casos, el siguiente paso sería la puesta en conocimiento formal de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación por parte de las autoridades del cabildo, así como una eventual solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior, entidad que mantiene interlocución permanente con los pueblos indígenas del Cauca en el marco de la política pública de derechos humanos.
