El proyecto, que en su planteamiento inicial contemplaba albergar a más de 3.000 reclusos, quedó ajustado a 1.974 cupos según la información conocida hasta ahora. El complejo contará con celdas, infraestructura para su operación diaria y un sistema de paneles solares, además de un diseño identificable por su color azul, de acuerdo con las imágenes difundidas de la construcción, ubicada en el departamento del Magdalena.
Uno de los principales obstáculos que persisten es la infraestructura de acceso al establecimiento. La megacárcel estará conectada mediante un corredor vial que comunica el desvío de la Ruta del Sol con el sector de Estación Villa, para lo cual todavía se requieren varias intervenciones que permitan habilitar esa ruta antes de la entrega definitiva.
En las últimas horas se realizó una jornada de seguimiento a la obra en la que participaron funcionarios del Ejecutivo, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y autoridades del departamento del Magdalena. El encuentro revisó el cronograma de entrega y los cuellos de botella que aún enfrenta el proyecto.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, participó en la visita y destacó los avances. Según indicó, ya se fijó una fecha de apertura —prevista para diciembre— y están asegurados los recursos financieros necesarios para culminar la infraestructura carcelaria.
"Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del Centro Penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, este proyecto por fin será una realidad", escribió Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, en su cuenta de X.
El anuncio se inscribe en la política de seguridad que el gobierno de De la Espriella ha impulsado desde su llegada a la Casa de Nariño, en un contexto en el que distintas regiones reclaman mayor presencia estatal frente a la violencia, como ocurrió cuando el gobernador del Cauca pidió militarizar la vía Panamericana tras un ataque en Tunía.
La construcción de nuevos cupos penitenciarios ha sido una demanda recurrente en Colombia: la Corte Constitucional declaró en 2013, mediante la sentencia T-388, el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario por el hacinamiento crónico, una decisión que ha obligado a sucesivos gobiernos a ampliar la capacidad de reclusión. El Inpec administra los establecimientos, mientras la Uspec ejecuta la infraestructura, esquema bajo el cual avanza Renacer.
Con un avance físico del 86 % y financiero del 75 %, según cifras de la gobernación del Magdalena, la megacárcel se perfila como una de las primeras entregas de gestión del actual gobierno, en una obra que la región del Magdalena lleva esperando más de seis años.
