Ávila, que respaldó la candidatura de Iván Cepeda pero no pertenece al Pacto Histórico, sostuvo que la asistencia parcial busca conciliar dos principios que, a su juicio, no son incompatibles: el respeto a la institucionalidad democrática y la manifestación de desacuerdo con decisiones puntuales del gobierno entrante. Por eso, indicó, él y los otros cuatro congresistas estarán presentes durante el llamado a lista y la primera parte del protocolo, pero no permanecerán hasta el cierre de la ceremonia.
El primero de los factores que mencionó tiene que ver con el lugar inicialmente previsto para la posesión. Según relató, los cinco legisladores se habían opuesto a que el acto se realizara en una guarnición militar, por considerar que en una democracia el poder civil debe prevalecer sobre el militar en actos de esta naturaleza. Esa objeción, señaló, perdió vigencia cuando el mandatario electo decidió trasladar la ceremonia a un recinto universitario.
El segundo factor, dijo, es de índole institucional: aunque los cinco parlamentarios no comparten el proyecto político del presidente electo, consideran que su condición de congresistas les impone el deber de defender la institucionalidad y respetar los procedimientos democráticos, razón por la que asistirán al inicio del acto. La posesión presidencial, contemplada en la Constitución Política, es un acto solemne en el que el mandatario electo jura cumplir la Constitución y las leyes ante el Congreso de la República.
El tercer factor, el que motiva el retiro anticipado, agrupa varias preocupaciones sobre la organización del evento. Ávila cuestionó que no se hayan extendido invitaciones a expresidentes como Juan Manuel Santos, a sectores de oposición ni a determinadas delegaciones internacionales, en contraste con la práctica habitual en posesiones anteriores.
El congresista también expresó reservas sobre un eventual nombramiento en la Unidad Nacional de Protección, entidad adscrita al Ministerio del Interior encargada de la seguridad de líderes sociales, sindicales y políticos en situación de riesgo. Ávila no precisó el nombre del posible designado.
A esas objeciones sumó lo que calificó como mensajes de estigmatización por parte del nuevo gobierno hacia la oposición y hacia los símbolos asociados a la protesta social. Entre ellos figura Puerto Resistencia, el punto de Cali que se convirtió en epicentro de las movilizaciones del paro nacional de 2021 y que desde entonces funciona como referente simbólico de esas jornadas.
La decisión de trasladarse a ese lugar el mismo día de la posesión busca, según explicó Ávila, dejar constancia de que la nueva administración deberá garantizar el derecho a la movilización pacífica, consagrado en el artículo 37 de la Constitución, que reconoce el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.
Las ausencias o retiros parciales de congresistas durante ceremonias de posesión no son inéditos en la historia reciente del país y suelen leerse como gestos de distanciamiento político más que como incumplimientos protocolarios. La transmisión del mando presidencial, no obstante, es un acto de Estado que convoca al cuerpo legislativo y a las altas cortes.
Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público del equipo del presidente electo sobre las objeciones planteadas por Ávila respecto a las invitaciones, al nombramiento en la Unidad Nacional de Protección ni sobre los señalamientos de estigmatización hacia la oposición. Tampoco el Pacto Histórico ha emitido una posición conjunta sobre la decisión de los cinco congresistas de retirarse de la ceremonia.
La jornada de posesión marca el inicio formal del cuatrienio de Abelardo de la Espriella. En las horas y días siguientes, la conformación del gabinete ministerial será uno de los indicadores para calibrar el rumbo de las relaciones entre el nuevo gobierno y los sectores de oposición representados en el Congreso.
