Según el relato de Pinto, Olaya se identificó además como funcionaria del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en el momento en que acudió a presentar las hojas de vida de Gabriela Muñoz y de su hermano, Santiago, ante la dirección de la Aerocivil. «Liliana Olaya se presentó ante mí como una persona muy cercana al Gobierno nacional, amiga del señor presidente de la República desde hacía aproximadamente 15 años, y que estaba trabajando en ese momento, tengo entendido, en el Departamento Nacional de Inteligencia», afirmó el exdirector. Explicó que, tras ese primer contacto, remitió los documentos al área de Talento Humano para verificar si los aspirantes cumplían los requisitos de ley.
El resultado de esa evaluación, según Pinto, fue que ninguno de los dos hermanos acreditaba la formación académica ni la experiencia profesional necesarias para acceder a cargos de mayor jerarquía. «Me permití autorizar que se iniciara el estudio del perfil con Talento Humano para un cargo de auxiliar, donde tenía las competencias para desempeñarse de buena forma», sostuvo el exfuncionario, que dirigió la entidad durante seis meses en 2025 tras ser designado por el Gobierno nacional.
De acuerdo con su relato, Gabriela y Santiago Muñoz ingresaron finalmente como auxiliares, el escalafón de menor jerarquía dentro de la estructura de la Aerocivil, con una remuneración mensual que, según Pinto, oscilaba entre $2,4 millones y $2,8 millones. El exdirector fue enfático en señalar que durante su gestión no halló elementos que configuraran un conflicto de interés: «Durante mi administración no advertí ninguna situación que configurara un conflicto de intereses, ni tampoco fue manifestada por ninguna de las dos personas», declaró. Dejó el cargo el 20 de noviembre de 2025, sin que hasta el momento se conozcan actuaciones disciplinarias o penales en su contra por este episodio.
Pinto también se refirió al desempeño posterior de la funcionaria. Según relató, Muñoz fue asignada inicialmente a labores de apoyo, pero tras presentar diferencias con un superior fue trasladada: «Tuvo algunas diferencias con el secretario de ese momento (…) y se pasó al área administrativa de la Secretaría General para desempeñar las funciones que venía realizando», explicó.
Del señalamiento de Rodríguez a la gestión de Olaya
Las declaraciones de Pinto se producen en medio de la controversia desatada por las denuncias de Angie Rodríguez sobre un supuesto tráfico de influencias en distintas entidades del Gobierno. Rodríguez señaló que Gabriela Muñoz habría ejercido una influencia comparable a la que, según ella, tuvo Juliana Guerrero en el Ejecutivo. Ese señalamiento convirtió el caso de la Aerocivil en uno de los focos centrales del debate público. A esas afirmaciones se sumó, en días recientes, la versión de que Liliana Olaya habría participado directamente en la presentación de las hojas de vida de sus hijos ante la entidad.
Ni Gabriela Muñoz ni Liliana Olaya se han pronunciado públicamente sobre lo dicho por Pinto. Tampoco se ha conocido una respuesta oficial de la Presidencia de la República ni de la actual dirección de la Aerocivil frente a los señalamientos. Hasta el momento no se ha informado de investigaciones formales abiertas por la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía General de la Nación en torno a este episodio específico, y ni Gabriela ni Santiago Muñoz han sido vinculados a proceso disciplinario o penal alguno.
Un debate recurrente sobre los cargos de confianza
El caso reactiva una discusión de larga data en la política colombiana sobre los cargos de libre nombramiento y remoción y las redes de recomendación que rodean las designaciones en entidades descentralizadas como la Aeronáutica Civil, adscrita al Ministerio de Transporte. La Constitución de 1991 estableció la carrera administrativa como regla general de acceso al empleo público mediante concurso de méritos, y reservó los cargos de confianza a un margen acotado. La Ley 909 de 2004 fijó el marco vigente para su provisión, mientras la vigilancia disciplinaria recae en la Procuraduría y la fiscal en la Fiscalía General de la Nación.
En la historia reciente, los cuestionamientos por vinculación de allegados a altos funcionarios han desembocado con frecuencia en debates de control político en el Congreso de la República, e incluso en mociones de censura contra ministros, sin que necesariamente deriven en sanciones judiciales cuando no se acredita un beneficio indebido o el incumplimiento de los requisitos legales del cargo. La distinción central, en estos casos, ha sido si el funcionario reunía o no las competencias exigidas para el empleo al que ingresó.
Según el propio testimonio de Pinto, ese es el punto en el que se apoya su defensa: los hermanos Muñoz habrían sido evaluados por Talento Humano y ubicados en el nivel asistencial —el de menor remuneración— por no acreditar perfiles para cargos superiores. La controversia, sin embargo, gira menos en torno al cargo ocupado que a la gestión previa atribuida a Olaya, presentada por el exdirector como una intermediaria que invocó su cercanía con el presidente Gustavo Petro.
De cara a los próximos días, la Procuraduría y, eventualmente, la Fiscalía deberán determinar si existen méritos para abrir indagaciones formales sobre el proceso de contratación en la Aerocivil a partir de los testimonios conocidos públicamente. En paralelo, sectores del Congreso podrían citar a funcionarios de la entidad y del DNI a debates de control político para esclarecer el trámite de vinculación de los hermanos Muñoz. Por ahora, las revelaciones se mantienen en el terreno del debate político y mediático, a la espera de que las partes señaladas ejerzan su derecho de réplica.
