El operativo se remonta a abril, cuando el Distrito declaró la calamidad pública en ese sector tras la muerte de un niño de 5 años en medio de una emergencia asociada al riesgo del terreno. A partir de ese momento, la Alcaldía identificó a los moradores de las 73 viviendas y dispuso su evacuación, un proceso que se prolongó por meses antes de que el traslado masivo comenzara formalmente el martes 8 de septiembre.
Ese arranque no estuvo exento de tensión política. El concejal José Luis Marín, de Aquinoticias, denunció presuntos abusos por parte de las autoridades durante los primeros días del operativo y advirtió que varias familias quedaban sin dónde vivir, una preocupación que también plantearon diputados de la Asamblea de Antioquia. La Personería Distrital acompañó las evacuaciones, según indicó la propia Alcaldía, como garantía frente a esos señalamientos.
La Subsecretaría de Espacio Público desplegó, según el reporte oficial, 100 unidades en territorio y 10 vehículos operativos destinados principalmente al manejo y traslado de enseres de las familias evacuadas. Durante la semana que duró el operativo se entregaron, de acuerdo con la Alcaldía, 56 kits de aseo, 11 kits de dormida y 39 paquetes alimentarios, además del traslado de dos mascotas a guarderías para garantizar su cuidado mientras se resolvía el alojamiento de sus dueños.
La entidad distrital aseguró que las familias recibieron acompañamiento para identificar alternativas habitacionales y conocer la ruta de acceso al Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal, mecanismo con el que el Distrito busca cubrir los costos de vivienda mientras se define una solución para cada hogar afectado.
"El propósito es avanzar en alternativas que permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida, bienestar y seguridad, articulando la oferta institucional disponible y haciendo seguimiento a cada caso", indicó la Alcaldía de Medellín.
La Alcaldía precisó que el cierre del operativo logístico no implica el fin del acompañamiento institucional. Cada hogar, según explicó, será atendido de manera individual, de acuerdo con sus condiciones, necesidades y posibilidades particulares, en una etapa que la entidad describió como de seguimiento continuo caso por caso.
"Que termine la evacuación no significa que termine el acompañamiento. Ahora continuaremos trabajando de manera individual con cada familia, entendiendo sus necesidades y buscando alternativas que les permitan avanzar hacia mejores condiciones de vida, bienestar y seguridad. En Medellín estamos para acompañar a nuestra gente, proteger la vida y brindar soluciones reales frente a las situaciones que enfrentan nuestros territorios", dijo Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial.
El caso de Manrique-Jardín se suma a otros episodios recientes de gestión del riesgo y presión institucional en distintas regiones del país, como la situación que atraviesa Istmina, cuyo alcalde denunció 55 sismos en cinco días y ausencia del Gobierno nacional, en un contexto en el que las autoridades locales reclaman mayor respaldo de las entidades del orden nacional frente a emergencias que superan su capacidad de respuesta inmediata.
