La política de cámaras corporales del ICE, vigente desde febrero de 2025, establece que la agencia difundirá sin demora los videos de tiroteos u otros incidentes en los que sus agentes causen la muerte o lesiones graves, pero únicamente después de que un comité interno determine que hacerlo "redunda en los mejores intereses del organismo". Esa fórmula deja en manos del director de la corporación la decisión final sobre qué se muestra a la opinión pública y qué se mantiene oculto.
El mecanismo interno de revisión contempla que, tras un tiroteo u otro suceso grave, un comité integrado por altos funcionarios del ICE y abogados de la agencia analice las grabaciones y recomiende si deben divulgarse de manera expedita. Si la determinación es afirmativa, el video podría publicarse en un plazo de 72 horas. Pero si el director considera que existen "circunstancias específicas y convincentes" que justifiquen la reserva, puede bloquear o posponer indefinidamente su difusión, sin que la norma especifique cuáles serían esas circunstancias.
La política exige, además, que los agentes activen las cámaras durante actividades rutinarias de aplicación de la ley, incluyendo arrestos, ejecución de órdenes de registro y respuesta a emergencias. Consultado por The Associated Press sobre los criterios concretos que emplearía el comité para decidir cuándo una grabación afecta los "intereses" de la agencia, el ICE no respondió.
Discrecionalidad poco común, según especialistas
El profesor Christopher Schneider, de la Universidad de Brandon, en Canadá, quien ha estudiado el uso de cámaras corporales por corporaciones policiales durante la última década, señaló que este tipo de divulgación selectiva no es inédita entre agencias de seguridad, pero rara vez se plasma de manera tan explícita en un documento normativo. "En cierto modo, el ICE está diciendo en voz alta lo que normalmente se dice en privado", manifestó, para quien las cámaras corporales "se están utilizando como herramientas contemporáneas de construcción de imagen para presentar a la policía de la manera más favorable posible ante la población".
Schneider adelantó que no espera que el ICE divulgue grabaciones de los tiroteos letales registrados el mes pasado en Houston y en el estado de Maine, episodios que han acelerado la presión pública para adoptar la tecnología. El despliegue se financia con decenas de millones de dólares de fondos públicos, de acuerdo con lo señalado por la propia corporación, lo que ha reforzado los cuestionamientos sobre el nivel de transparencia que los contribuyentes recibirán a cambio de esa inversión.
El contraste con otras corporaciones estadounidenses ilustra el carácter excepcional de la norma. En Chicago, una agencia de supervisión policial publica de manera rutinaria los videos de cámaras corporales de tiroteos y otros incidentes graves de uso de la fuerza en un plazo de 60 días. En Filadelfia, en cambio, la policía rara vez ejerce su discrecionalidad para difundir grabaciones específicas y ni siquiera cuenta con una política que determine cuándo debe hacerlo, lo que confirma que la regulación de esta tecnología varía sustancialmente entre jurisdicciones.
Incluso en los casos en que el ICE decida hacer públicas las grabaciones, la política exige difuminar todos los rasgos identificativos de los agentes involucrados —rostro, nombre y número de placa—, bajo el argumento de preservar su privacidad. La disposición añade una capa adicional de reserva, pues limita el escrutinio ciudadano aun cuando el material sí se divulga.
El caso se inscribe en un debate más amplio sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales de inmigración en EU, en momentos en que la política migratoria de la administración Trump ha intensificado los operativos de detención y deportación en ciudades con alta población de origen mexicano y centroamericano. La operación de este mecanismo de vigilancia es seguida de cerca por la comunidad mexicana en el extranjero.
Un antecedente comparable, aunque en contexto distinto, se registró en México tras la introducción de cámaras corporales en corporaciones policiales de la Ciudad de México y otras entidades a partir de la década pasada, cuando organizaciones civiles señalaron vacíos similares en torno a qué grabaciones debían hacerse públicas y en qué plazos. Ello evidencia que la tensión entre transparencia institucional y discrecionalidad administrativa no es exclusiva del caso estadounidense.
Para las próximas semanas, el punto de referencia será si el ICE cumple el plazo de finales de septiembre para el despliegue completo de las cámaras entre sus agentes de campo, y si los primeros incidentes de uso de la fuerza que ocurran bajo la nueva política se resuelven con la divulgación pronta de las grabaciones o con la aplicación de la cláusula de reserva por "circunstancias específicas y convincentes". El desenlace de esos primeros casos podría marcar el estándar real de transparencia con el que operará la agencia, más allá de lo que establece el texto normativo.