"Con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica en el marco de la mal llamada Paz Total del gobierno Petro. Semejante nombre rimbombante para una farsa tan grande", afirmó el mandatario, quien sostuvo que con los actos administrativos se da "fin automático y definitivo" tanto a las mesas como a lo que llamó "conversaciones con estructuras narcoterroristas". "El Estado no se arrodilla ante los criminales", agregó.
Según el propio presidente, una de las resoluciones retira el reconocimiento otorgado por el gobierno anterior a los negociadores designados para el diálogo con el Frente Comuneros del Sur, entre ellos Gabriel Yepes Mejía, alias HH, con lo que ese espacio de negociación quedaría formalmente clausurado. Un segundo acto administrativo apunta al espacio de conversación sociojurídica con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido públicamente como el 'tarimazo'. "Qué vergüenza, lo estamos corrigiendo", dijo De la Espriella al referirse a ese episodio, que en su momento generó controversia por la presencia pública de señalados jefes de estructuras criminales.
La tercera medida retira el reconocimiento como negociadora de paz a Isabel Zuleta López, congresista del Pacto Histórico y lideresa social del departamento de Antioquia, históricamente vinculada a la defensa de comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos y, más recientemente, a labores de acompañamiento en procesos de sometimiento a la justicia impulsados por el gobierno anterior. "Se está retirando el reconocimiento como negociadora a la señora Isabel Zuleta López", indicó el presidente.
El mandatario señaló que las resoluciones serán comunicadas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se reactiven, contra quienes participaban de esos espacios, las órdenes de captura y los trámites de extradición correspondientes. "Que las vamos a acelerar", afirmó, sin precisar plazos concretos ni el número de personas afectadas. "Nunca más en el Gobierno del Tigre los delincuentes tendrán la palabra. Tendrán que someterse; de lo contrario, los vamos a dar de baja", sentenció.
El marco legal que se revoca
La política de Paz Total, bandera del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), buscaba adelantar procesos simultáneos de negociación con distintos grupos armados y estructuras criminales bajo la Ley 418 de 1997 y sus prórrogas, que regulan los instrumentos de diálogo, negociación y sometimiento a la justicia en Colombia. Esa norma exige actos de reconocimiento formal de voceros o negociadores, expedidos por el Gobierno Nacional, que son precisamente los que ahora se revocan. La revocatoria de un reconocimiento como negociador puede ser objeto de control ante el Consejo de Estado si se considera que vulnera derechos adquiridos o compromisos asumidos por el Estado en el marco de un proceso de diálogo.
El anuncio se produce apenas meses después de la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño, en un giro de la política de seguridad que contrasta con el enfoque negociador del gobierno Petro. El nuevo mandatario ha insistido en un modelo de sometimiento a la justicia sin negociación política previa, lo que en la práctica supondría exigir a las estructuras armadas la entrega de armas y confesión ante la justicia ordinaria como condición para cualquier beneficio.
El precedente más citado en el debate colombiano sobre negociación y sometimiento es el proceso con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que derivó en la Ley de Justicia y Paz de 2005 y, años después, en cuestionamientos sobre el cumplimiento de los compromisos de desmovilización, verdad y reparación. Ese antecedente suele invocarse tanto por quienes defienden las negociaciones con grupos armados como por quienes advierten sobre sus riesgos de impunidad.
Voceros del Pacto Histórico no se han pronunciado de manera oficial sobre la revocatoria del reconocimiento a Zuleta, aunque congresistas de esa colectividad han defendido en plenaria, en ocasiones anteriores, la necesidad de mantener canales de negociación abiertos con estructuras armadas como herramienta para reducir la violencia en zonas específicas de Antioquia. La propia Zuleta, que ha sostenido en el pasado esa misma posición, no ha emitido todavía una respuesta pública directa al anuncio presidencial.
La Fiscalía General de la Nación no ha confirmado públicamente, hasta el momento, la recepción formal de las resoluciones ni el estado de las órdenes de captura que, según el mandatario, deberían reactivarse. Tampoco se ha conocido pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, entidad que en el pasado ha vigilado el cumplimiento de los marcos legales de sometimiento a la justicia, ni del Ministerio de Justicia, destinatario de los actos administrativos.
Queda por ver cómo se traduce en la práctica judicial la reactivación de órdenes de captura anunciada por el presidente, un trámite que en Colombia requiere la intervención de jueces de control de garantías. En los casos de extradición, además, la Corte Suprema de Justicia debe emitir concepto previo antes de que el Gobierno pueda autorizar la entrega de una persona reclamada por otro país, un procedimiento que puede extenderse durante meses. La eventual impugnación de las resoluciones ante el Consejo de Estado abriría, por su parte, un frente adicional que definiría la firmeza jurídica de las decisiones anunciadas desde la Casa de Nariño.
