El pronunciamiento se dio tras un ataque que las autoridades atribuyeron al ELN, guerrilla con presencia histórica en Norte de Santander y protagonista de sucesivos episodios de violencia en la región fronteriza con Venezuela durante las últimas décadas. En ese escenario, De la Espriella agregó, según su propio registro: «Si aquí están ganando es porque están asociados con el Gobierno, aquí se acabó esta asociación criminal, no vamos a permitir que mandatarios regionales y locales terminen alineados con estos bandidos. Con total decisión los vamos a enfrentar».
El mandatario también enmarcó su estrategia en términos de recuperación del control territorial. «Aquí nadie se arreda ni se acobarda. Vamos a combatir y a liberar a cada departamento de la violencia», sostuvo, en una intervención que combina la promesa de recuperar el dominio estatal con un tono de confrontación hacia los grupos armados que operan en zonas rurales y fronterizas.
Las declaraciones retoman una de las banderas centrales de su campaña presidencial: recuperar la seguridad tras cuatro años de gobierno de Petro, periodo en el que la llamada Paz Total —que buscaba negociaciones simultáneas con múltiples estructuras armadas— no logró, según el actual mandatario, contener la expansión del ELN, las disidencias de las FARC y organizaciones de crimen organizado en varias regiones.
Uno de los primeros actos de De la Espriella tras su posesión fue ordenar el traslado a otros centros de reclusión de cabecillas de bandas criminales que habían hecho parte de las mesas de negociación de la Paz Total. La medida fue leída como una señal de ruptura frente a la estrategia del gobierno anterior.
Un señalamiento con implicaciones penales
El nuevo mandatario ha insistido en que existiría una relación indebida entre autoridades locales y estructuras criminales en algunas regiones. De sostenerse, esa acusación tendría implicaciones penales y disciplinarias cuya investigación corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, entes con competencia para adelantar procesos contra servidores públicos por presuntos nexos con grupos armados ilegales.
La Constitución Política y el Código Penal contemplan sanciones para quienes, desde cargos públicos, faciliten o toleren la actividad de organizaciones criminales, bajo figuras como el concierto para delinquir agravado. Cualquier señalamiento concreto contra un gobernador o alcalde debe tramitarse por las vías institucionales, con las garantías del debido proceso. La evaluación de estas denuncias recae en los organismos de control y en la Fiscalía, no en una métrica estadística: entidades como el DANE no producen indicadores sobre nexos entre autoridades y grupos armados.
El precedente más citado en la historia reciente del país sobre la relación entre política regional y grupos armados es el escándalo de la parapolítica, que en la década de 2000 derivó en la investigación y condena de decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes por vínculos con grupos paramilitares. El proceso, liderado en buena parte por la Corte Suprema de Justicia, marcó un punto de inflexión en la fiscalización judicial de la clase política regional. La tensión entre el Gobierno central y las administraciones locales de zonas de conflicto no es nueva: algunos señalamientos similares terminaron en condena y otros fueron archivados por falta de pruebas.
Congresistas de oposición han pedido que cualquier señalamiento se sustente con pruebas concretas ante la justicia, en lugar de plantearse como advertencia genérica en escenarios públicos.
Refuerzo militar y la incógnita presupuestal
El Gobierno Nacional ha anunciado que reforzará la presencia de la Fuerza Pública en departamentos como Norte de Santander, Cauca, Arauca y Chocó, zonas donde históricamente operan estructuras del ELN y disidencias de las FARC. La estrategia combinaría operaciones militares con incentivos para las comunidades afectadas por el conflicto, aunque sus detalles presupuestales no se han presentado formalmente ante el Congreso.
El Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, que deberá debatirse en el Congreso en los próximos meses, será el primer instrumento fiscal donde se conocerá con precisión cuántos recursos destinará el nuevo gobierno a esta ofensiva de seguridad, un punto que previsiblemente generará debate entre las bancadas del Legislativo.
En los próximos meses se sabrá si las advertencias lanzadas en Cúcuta derivan en investigaciones formales contra mandatarios concretos o si se mantienen como una línea general de discurso sobre seguridad territorial. La Procuraduría y la Fiscalía tendrán la última palabra sobre cualquier caso que llegue a plantearse con nombres propios.
