La captura se produjo en Laureles, uno de los sectores de mayor movimiento de la capital antioqueña. Con el hombre detenido en flagrancia, una fiscal formalizó la imputación en audiencia ante un juez de control de garantías, la instancia que en el proceso penal colombiano define las medidas cautelares antes de que avance la investigación.
La imputación se rige por la Ley 906 de 2004, que estructura el proceso penal acusatorio en Colombia. En esa etapa la Fiscalía comunica al capturado los cargos por los que lo investiga —en este caso acceso carnal violento y hurto calificado y agravado— sin que ello constituya una declaración de responsabilidad: el imputado conserva la presunción de inocencia hasta que exista un fallo en firme.
La medida de aseguramiento intramural que aplica en estos casos supone la reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación. Es una decisión de carácter cautelar, orientada a conjurar el riesgo de fuga y de obstrucción, que la ley reserva para delitos de mayor gravedad como los que aquí se imputan.
La investigación de delitos sexuales corresponde a unidades especializadas de la Fiscalía, que deben recaudar el material probatorio para sustentar, si corresponde, un escrito de acusación. Ese documento marcaría el siguiente peldaño procesal, previo al juicio oral ante un juzgado penal del circuito de Medellín, competente para conocer de este tipo de delitos en Antioquia.
El expediente se suma a otros procesos recientes por delitos contra la integridad sexual y la vida que ocupan a la justicia en distintas ciudades, como el que se sigue en Bogotá por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, en el que la Fiscalía pidió una condena de 37,5 años de cárcel para los implicados.
El hombre permanece recluido mientras la Fiscalía continúa con la etapa de investigación, en la que deberá determinar si existen elementos suficientes para formular un escrito de acusación ante los jueces penales del circuito de Medellín.
