De acuerdo con el relato del creador de contenido, el conductor que le ofrecía el servicio le habría cobrado una tarifa superior a la habitual tras notar, en palabras de Lázaro, que era «amanerado», usando además un término despectivo para referirse a su orientación sexual. El influenciador aseguró que le ofrecieron el traslado por $70.000 y que él respondió pidiendo que se lo dejaran en $30.000 porque necesitaban desplazarse al otro lugar. Ante el reclamo, la situación habría escalado hasta la agresión física.
«Me dijo que si yo no me iba a ir, él mismo me sacaba, me pegó un puño en el brazo y me lanzó una patada en el estómago», relató Lázaro en el video, en el que aseguró no buscar generar rechazo hacia la isla ni hacia sus habitantes, sino visibilizar un hecho que, según dijo, «es mucho más fácil que se repita» si no se denuncia públicamente. Señaló que varias personas —tanto turistas como residentes— habrían presenciado la agresión y le habrían reclamado al conductor su comportamiento, sin que ello evitara el desenlace.
Lázaro indicó que, tras el incidente, llamó a la policía, que se desplazó al lugar. Según su testimonio, los uniformados le habrían informado que no podían actuar porque no habían presenciado el momento exacto de la agresión, pese a que, afirmó, varios testigos manifestaron a los agentes haber visto lo ocurrido. «La respuesta que recibí fue que la policía no podía hacer absolutamente nada porque a ellos no les constaba», dijo el creador de contenido, quien añadió haber sentido temor no solo por el golpe, sino porque, para su agresor, su forma de ser fuera «motivo suficiente para tratarme con odio».
El marco legal que ampara las denuncias por discriminación
El caso remite a un debate recurrente en Colombia sobre la atención institucional a hechos de presunta discriminación por orientación sexual e identidad de género. El país cuenta con un marco normativo que sanciona estos actos: la Ley 1482 de 2011, conocida como ley antidiscriminación, incorporó al Código Penal el artículo 134A, que tipifica el hostigamiento por razones de raza, religión, sexo u orientación sexual, y el artículo 134B, que sanciona los actos de discriminación. El Código Penal también contempla la discriminación como circunstancia de mayor punibilidad en la comisión de otros delitos.
La Corte Constitucional ha reiterado en distintos pronunciamientos la obligación estatal de garantizar protección efectiva frente a la discriminación por orientación sexual, principio derivado del artículo 13 de la Constitución Política sobre igualdad ante la ley. La denuncia formal de hechos de esta naturaleza corresponde a la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad encargada de la investigación penal; la actuación policial en el lugar depende, en cambio, de las circunstancias de flagrancia y de la valoración de los agentes al momento de los hechos.
San Andrés, declarada Reserva de Biosfera Seaflower por la Unesco en el año 2000, recibe cada año un flujo importante de turistas nacionales y extranjeros. El turismo constituye la principal fuente de ingresos económicos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un departamento insular cuya economía depende de manera estructural de la actividad de los visitantes, por lo que episodios de este tipo tocan directamente uno de los pilares de su estrategia de posicionamiento.
El episodio se inscribe en una discusión de largo aliento en el país sobre la garantía de derechos de la población LGBTIQ+. Un antecedente ilustrativo es la sentencia de la Corte Constitucional que en 2016 avaló el matrimonio entre parejas del mismo sexo, decisión que consolidó una línea jurisprudencial en materia de igualdad; pese a ese desarrollo normativo, organizaciones de la sociedad civil han advertido de manera reiterada sobre las dificultades en la atención inmediata de denuncias por parte de autoridades locales en distintas regiones.
Hasta el momento, la policía no se ha pronunciado públicamente sobre el caso relatado por el creador de contenido, y no fue posible establecer si existe un reporte formal o una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos narrados. Tampoco se conoce una versión de la persona señalada como agresora. La ausencia de un reporte oficial impide, por ahora, contrastar de manera independiente los detalles cronológicos del episodio.
Lázaro, quien acumula una base amplia de seguidores en plataformas digitales tras su participación en el formato de telerrealidad, insistió en que su intención al narrar lo sucedido no era generar controversia contra la isla ni sus habitantes, de quienes dijo haber recibido también gestos de hospitalidad durante su estadía. «Conocí personas maravillosas que me hicieron sentir bienvenido», escribió en la publicación que acompañó el video.
De confirmarse una denuncia formal, correspondería a la Fiscalía adelantar la investigación por los presuntos delitos de lesiones personales y discriminación, mientras que la Procuraduría podría revisar la actuación de los agentes que atendieron el llamado.
