Una vecina residente en el entorno del Camino de Santiago ha reabierto públicamente el debate sobre el comportamiento de los peregrinos que recorren la ruta jacobea, al señalar ante los medios una práctica que describe como habitual entre quienes transitan por el corredor. La queja, formulada desde la perspectiva de quien convive de manera permanente con el flujo constante de caminantes, conecta con una discusión estructural sobre los efectos del turismo masivo en las comunidades locales de Galicia y pone sobre la mesa una tensión que las administraciones competentes no han resuelto de forma sistemática.
El Camino como corredor de turismo de masa
El Camino de Santiago registró en 2023 un total de 446.051 peregrinos que obtuvieron la Compostela en la catedral de Santiago, según datos de la Oficina del Peregrino de la Archidiócesis de Santiago, cifra que supone un incremento respecto a los 438.422 contabilizados en 2019, el último año prepandémico completo. La Vía Francesa concentra en torno al 45 % del tráfico total, pero las ramificaciones —Vía de la Plata, Camino Portugués, Camino del Norte— distribuyen ese volumen por cientos de kilómetros de territorio rural y semiurbano gallego cuya infraestructura cotidiana no fue concebida para absorber un flujo de esa magnitud de forma continuada a lo largo de los doce meses del año.
El impacto no se concentra únicamente en Santiago de Compostela, destino final con mayor capacidad de gestión y visibilidad institucional, sino que se dispersa de forma continua por núcleos pequeños —aldeas, parroquias, villas— con recursos administrativos limitados y menor capacidad de negociación ante las administraciones superiores. Esta distribución geográfica del fenómeno es precisamente lo que convierte la queja de una vecina en un indicador de algo más amplio: la acumulación silenciosa de fricciones en puntos del trazado que raramente aparecen en los informes oficiales de la Xunta de Galicia.
La queja vecinal como señal de saturación
La tensión entre la experiencia del peregrino y las condiciones de vida del residente permanente constituye, según la literatura académica sobre turismo experiencial, una variable estructural en los territorios atravesados por rutas de alta afluencia. Los estudios sobre convivencia turístico-residencial —entre ellos los publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su Marco de Referencia de Turismo Sostenible de 2022— identifican categorías recurrentes de conflicto: uso de espacios comunes, gestión de residuos, ruido, acceso a servicios básicos y transformación progresiva de la vida cotidiana. El Camino comparte estas categorías con otros destinos europeos de alta presión turística, aunque con la particularidad de que el conflicto no es puntual sino continuo a lo largo del año.
La vecina que ha verbalizado públicamente su queja ocupa una posición con frecuencia ausente del relato oficial del Camino, construido habitualmente desde la experiencia del peregrino o desde los intereses del sector turístico y hostelero. El residente permanente no elige el flujo, no obtiene necesariamente un beneficio económico directo de él y soporta de forma ininterrumpida las externalidades que genera. Que esa voz tome forma pública constituye, en sí mismo, un dato sobre el estado de la convivencia en el territorio, independientemente de si la práctica concreta denunciada es mayoritaria o excepcional entre los peregrinos.
Marco normativo y reparto competencial
La ordenación del Camino de Santiago responde a una arquitectura competencial fragmentada. La Xunta de Galicia ejerce competencias sobre la tutela y gestión de la ruta en virtud de la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los Caminos de Santiago, norma autonómica que regula los usos permitidos en la franja de protección de la ruta y establece obligaciones para los municipios afectados. En paralelo, el Camino Francés fue declarado Bien de Interés Cultural por el Estado en 1962 y forma parte del conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1993, lo que introduce una capa adicional de tutela estatal e internacional. Los ayuntamientos, por su parte, gestionan el espacio urbano, los servicios locales y la convivencia vecinal en virtud de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, sin que exista un protocolo específico de coordinación interadministrativa para situaciones de conflicto entre peregrinos y residentes.
Esta dispersión competencial —Xunta, ayuntamientos, Estado, Unesco— puede dificultar respuestas ágiles ante situaciones de saturación puntual o conflicto vecinal reiterado. Ninguna de las administraciones implicadas ha respondido públicamente a la queja concreta de esta vecina ni ha anunciado medidas específicas derivadas de ella.
Un precedente: la tensión en el Camino Inglés y los núcleos de Ferrol
No es la primera vez que residentes de tramos específicos del Camino elevan quejas formales sobre el comportamiento de los peregrinos. En los años previos a la pandemia, vecinos de varios municipios del Camino Inglés —tramo entre Ferrol y Santiago— plantearon ante sus ayuntamientos reclamaciones relacionadas con el uso indebido de propiedades privadas, el depósito de residuos fuera de los puntos habilitados y el tránsito nocturno ruidoso. Aquellos episodios no derivaron en cambios normativos sustanciales, pero sí impulsaron campañas de sensibilización coordinadas entre la Xunta y las asociaciones de amigos del Camino, cuya eficacia no fue evaluada públicamente con indicadores medibles.
Cifras de impacto y capacidad de gestión municipal
La magnitud del fenómeno tiene una traducción económica relevante. Según el informe de la Xunta de Galicia sobre el impacto económico del Camino de Santiago correspondiente a 2022, los peregrinos generaron un gasto estimado de 328 millones de euros en Galicia durante ese año, distribuido principalmente entre alojamiento, restauración y comercio local. Sin embargo, los municipios de menor tamaño por los que discurre la ruta —muchos con presupuestos inferiores a un millón de euros según los datos de liquidación presupuestaria del Ministerio de Hacienda para 2022— carecen de capacidad técnica y financiera para gestionar de forma autónoma los efectos de un flujo turístico de esa escala, lo que traslada la presión sobre los propios vecinos y sobre los servicios básicos municipales.
El sector turístico vinculado al Camino, por su parte, ha sostenido históricamente que la ruta genera empleo y dinamismo económico en territorios con demografía regresiva y escasas alternativas productivas. Asociaciones de hosteleros y operadores de albergues han defendido en distintos foros que el peregrino medio muestra un comportamiento respetuoso y que los conflictos representan casos aislados que no deben condicionar la política de promoción de la ruta. Esa posición no ha sido rebatida formalmente por las asociaciones vecinales de los tramos afectados, que hasta ahora no han articulado una plataforma unitaria de reclamación.
Plazos y decisiones pendientes
El próximo Año Santo Jacobeo se celebrará en 2027, cuando el 25 de julio —festividad de Santiago Apóstol— caiga en domingo, lo que históricamente multiplica el volumen de peregrinos de forma significativa: en el Año Santo de 2022, la Oficina del Peregrino registró 438.880 Compostelas, frente a las 347.578 del año ordinario inmediatamente anterior, 2018. La proximidad de ese evento convierte los próximos dos años en el horizonte natural para que la Xunta de Galicia y los ayuntamientos del trazado revisen sus protocolos de gestión de la convivencia, actualicen la Ley 3/1996 si lo estiman necesario o desarrollen mecanismos de participación vecinal que permitan canalizar las quejas antes de que la tensión alcance un nivel que exija respuestas de mayor envergadura. La queja de esta vecina no determina por sí sola ninguna política pública, pero la reiteración de señales similares desde distintos puntos del trazado tiende, documentadamente, a configurar una demanda de regulación que las instituciones competentes no pueden ignorar de forma indefinida.
