El comunicado, difundido a través de la cuenta oficial de la Tercera División del Ejército, precisó que las tropas adelantaban operaciones militares en la zona rural de Buenos Aires cuando fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un vehículo aéreo no tripulado. La institución calificó el hecho como una «acción terrorista» y señaló que la atribución a la Estructura Jaime Martínez es preliminar, a la espera de que avancen las labores de inteligencia militar y judicial. La misma fuente no precisó el número total de efectivos involucrados en la operación ni el estado de los tres uniformados heridos.
La Estructura Jaime Martínez es una de las disidencias de las extintas Farc que no se acogieron o que abandonaron el proceso de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y esa guerrilla. El grupo hace presencia en el norte del Cauca, una región de alta importancia estratégica por sus corredores hacia el Pacífico, la presencia de cultivos de uso ilícito y su cercanía con el Cañón del Micay, uno de los enclaves de mayor conflictividad armada del suroccidente colombiano.
Buenos Aires forma parte de una franja territorial que incluye también los municipios de Suárez, Corinto, Caloto y Toribío, donde diversos grupos armados —entre ellos disidencias de las extintas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— disputan el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal. El departamento ha sido escenario recurrente de confrontaciones entre la fuerza pública y estructuras armadas ilegales, con víctimas entre soldados, policías y civiles.
Los drones explosivos, una modalidad al alza en el conflicto
El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados no estatales se ha convertido en una modalidad recurrente en el conflicto armado colombiano en los últimos años, con ataques atribuidos a disidencias de las Farc en el Cauca y en el Catatumbo, en Norte de Santander. Esta técnica reduce el riesgo para los atacantes, que pueden operar los artefactos a distancia, y dificulta la respuesta inmediata de las tropas en terreno. El empleo de aeronaves no tripuladas convierte territorios de topografía compleja, como el norte del Cauca, en escenarios especialmente vulnerables para las patrullas militares.
El fenómeno de las disidencias ha sido objeto de seguimiento constante por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, encargada de monitorear la implementación del acuerdo de paz de 2016. La proliferación de estructuras disidentes y su disputa por rentas ilícitas han sido señaladas como factores determinantes en el recrudecimiento de la violencia en departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander. El Cauca concentra además buena parte de los cultivos de coca del país, según los reportes anuales de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo que explica en parte la disputa territorial entre grupos armados.
El actual gobierno ha mantenido una política de negociación diferenciada bajo el marco de la denominada «paz total», que combina mesas de diálogo con algunas estructuras disidentes y con el ELN con operaciones militares activas contra aquellas que no se han acogido a procesos de negociación o que han roto ceses al fuego previos. La Estructura Jaime Martínez no figura, según la información disponible, entre los grupos con mesa de negociación vigente con la Casa de Nariño, lo que la mantiene como objetivo de las operaciones de la fuerza pública en la zona.
En cuanto a las voces implicadas, hasta el momento no se ha reportado un pronunciamiento del Ministerio de Defensa más allá del comunicado castrense, ni una respuesta pública de voceros de la Estructura Jaime Martínez o de otras disidencias que operan en la región. La Fiscalía General de la Nación es la entidad competente para adelantar la investigación penal por los hechos, en coordinación con la justicia penal militar en lo que corresponda a la actuación de las tropas.
El marco institucional que rige la respuesta al ataque combina varias competencias. La investigación de la autoría y las circunstancias del hecho recae en la Fiscalía General de la Nación; la protección de la población civil y el seguimiento a las alertas tempranas corresponden a la Defensoría del Pueblo; y la conducción de las operaciones militares queda a cargo del Ejército, bajo la dirección política del Ministerio de Defensa. La calificación jurídica de los responsables como integrantes de un grupo armado organizado residual habilita el uso de la fuerza en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
El norte del Cauca arrastra un largo historial de violencia que se remonta a las décadas del conflicto con las Farc, previo a la firma del acuerdo de 2016. Tras la desmovilización de esa guerrilla, el vacío de poder territorial fue ocupado por estructuras disidentes y otros actores armados que reactivaron economías ilegales, un patrón que se ha reproducido en distintas regiones del país donde el Estado no logró copar los espacios dejados por la antigua insurgencia.
La Tercera División del Ejército, con jurisdicción sobre el suroccidente colombiano, no informó sobre eventuales bajas en el bando de los atacantes ni sobre la incautación de material relacionado con el uso del dron explosivo. La institución suele complementar sus comunicados iniciales con reportes posteriores conforme avanzan las verificaciones en terreno.
La investigación sobre lo ocurrido en Bellavista quedará en manos de la Fiscalía, que deberá determinar con mayor precisión la autoría del ataque y las circunstancias exactas en que se produjo. En los próximos días no se descartan actualizaciones sobre el estado de los tres soldados heridos, el balance de la operación y la eventual identificación de los responsables.
