Los cuerpos de bomberos, Cruz Roja y Protección Civil de Los Mochis fueron alertados de un siniestro en el interior del centro de rehabilitación, ubicado en la calle Serapio Rendón, del centro de la ciudad. Los equipos de auxilio sofocaron las llamas —que se habían generalizado— y evacuaron al resto de los internos y empleados, aunque el humo denso ya había cobrado dos vidas y provocado intoxicaciones por monóxido de carbono en al menos cinco personas más.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Sergio “N”, de 60 años, y José Luis “N”, de 34, ambos internos del centro. De acuerdo con los reportes de auxilio, murieron por inhalación prolongada de monóxido de carbono derivada del intenso humo acumulado en el inmueble, sin que hasta el momento se haya establecido públicamente el origen del fuego.
Cinco internos más recibieron atención de paramédicos de la Cruz Roja y fueron trasladados a hospitales. Dos presentan mayor gravedad: Ángel Cruz “N”, de 59 años, con quemaduras en el cuerpo, y Jesús “N”, de 38, con un cuadro agudo de intoxicación, según el reporte de los servicios de emergencia.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del incendio, precisar el número exacto de internos que se encontraban en el centro al momento del siniestro y revisar las condiciones de operación del establecimiento. Trascendieron versiones no confirmadas oficialmente de que el fuego pudo originarse en el contexto de un motín interno, hipótesis que la autoridad ministerial no ha corroborado ni descartado. El inmueble de Serapio Rendón no ha sido identificado por un nombre comercial en los reportes disponibles, a diferencia de los otros dos establecimientos con incidentes recientes.
Dos decesos previos en Renacer y Vuelvo a Vivir
El primer antecedente se registró el pasado 4 de agosto en el centro de rehabilitación Renacer, sobre el boulevard Jiquilpan, en el fraccionamiento Los Pinos. Ahí falleció un interno identificado como Héctor “N”, de 61 años, luego de que otros pacientes alertaran a los cuerpos de auxilio que el hombre se había desvanecido. Al llegar, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales, sin huellas de violencia visibles en el cuerpo, según el reporte inicial.
Días antes se había registrado la muerte de Efraín “N”, de 41 años, interno del centro Vuelvo a Vivir, en la colonia Ampliación de San Fernando, también en Los Mochis. Efraín “N” falleció por asfixia, de acuerdo con la investigación ministerial.
En este último expediente, el correspondiente a Vuelvo a Vivir, la Fiscalía General del Estado ya judicializó la carpeta de investigación. Tres empleados del centro —Donato “N”, de 25 años; Manuel “N”, de 22, e Iván “N”, de 33— fueron vinculados a proceso y actualmente se encuentran en prisión preventiva, sujetos a juicio. La vinculación a proceso, conforme al artículo 19 de la Constitución, no implica sentencia ni determina responsabilidad penal: es la resolución judicial que abre la etapa de investigación complementaria y, eventualmente, el juicio.
El caso de Vuelvo a Vivir marca la referencia procesal más avanzada de los tres sucesos. En los casos de Renacer y del siniestro más reciente en Serapio Rendón, la Fiscalía no ha informado si existen personas imputadas o detenidas, y las pesquisas se mantienen en fase de integración de la carpeta de investigación.
Un sector con regulación dispersa
Los centros de rehabilitación para personas con adicciones operan en México bajo un marco regulatorio repartido entre autoridades sanitarias federales, estatales y municipales. La atención a las adicciones se rige por la Ley General de Salud y por las normas oficiales mexicanas en la materia, que fijan requisitos de operación para los establecimientos residenciales, pero una parte de estos centros —de carácter comunitario o religioso— funciona sin registro sanitario actualizado, lo que dificulta la supervisión de sus condiciones de seguridad, ventilación y personal.
El fenómeno tiene precedentes de alto impacto en el país. En junio de 2010, un ataque armado contra un centro de rehabilitación en Chihuahua dejó 19 personas muertas, uno de los episodios que colocó en la agenda pública la vulnerabilidad de estos establecimientos, muchos de ellos sin regulación formal. La proliferación de anexos y granjas de rehabilitación ha sido un tema recurrente en la agenda de seguridad y salud pública de entidades del norte del país, entre ellas Sinaloa.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha fijado un plazo público para concluir la investigación del incendio más reciente. De confirmarse responsabilidad penal por parte de empleados o propietarios del inmueble, el caso podría seguir la ruta procesal del expediente de Vuelvo a Vivir, con imputación ante un juez de control y, en su caso, vinculación a proceso.