La comparación entre los 75.7 pesos por hora de quienes trabajan por cuenta propia sin prestaciones y los 66.3 pesos de los asalariados formales se sostiene, según el CEESP, en las cifras oficiales del Inegi para junio de 2026. Para el organismo, la diferencia no es un dato aislado sino síntoma de un problema estructural: "la economía informal ha sido una alternativa para un gran número de personas con necesidad de una fuente de recursos para el sustento familiar, que incluso en ocasiones puede ser más rentable que la formal", explicó el centro.
De acuerdo con las cifras que cita el CEESP a partir del Inegi, 55% de la población ocupada en México trabaja en la informalidad, lo que equivale a 33 millones de personas. Esa cifra representa un incremento de 105,347 personas respecto a junio de 2025, un movimiento que apunta a la persistencia del sector informal pese a los esfuerzos oficiales por formalizar el empleo.
El fenómeno no es nuevo en la economía mexicana. La informalidad ha rondado más de la mitad de la población ocupada durante décadas, lo que la convierte en una característica estructural del mercado laboral y no en una anomalía coyuntural. Sexenio tras sexenio, distintos gobiernos han impulsado programas de formalización —desde el Régimen de Incorporación Fiscal creado en 2014 hasta la reforma que restringió la subcontratación de personal en 2021— sin lograr revertir de forma sostenida esa proporción.
Menos cobertura de salud y sueldos concentrados en el piso salarial
El CEESP documentó también una reducción de 179,000 personas en la población ocupada total con acceso a instituciones de salud durante el último año, mientras que el número de quienes carecen de esa cobertura aumentó en 219,626 personas en el mismo periodo. El acceso a servicios médicos —a través del IMSS, el ISSSTE o esquemas equivalentes— es uno de los indicadores que el Inegi utiliza para distinguir entre empleo formal e informal, más allá de si existe o no un contrato registrado.
El centro subrayó, además, una concentración salarial creciente. En junio de 2026, 52.4% de los ocupados percibía hasta un salario mínimo, excluyendo a quienes no reciben ingresos o no especifican su remuneración. La cifra contrasta con el 19.8% que representaba ese mismo segmento en 2018, lo que según el CEESP refleja una acumulación cada vez mayor de la fuerza laboral en los niveles de ingreso más bajos.
El CEESP atribuyó este panorama a una combinación de "débil crecimiento económico, alta incertidumbre y elevados costos laborales", factores que en su lectura desincentivan la inversión productiva y, en consecuencia, la generación de empleo formal. "Para fortalecer un entorno laboral formal de calidad es fundamental un ambiente de negocios que estimule la inversión productiva que facilite la creación de nuevas empresas y consolide la operación de las existentes en la formalidad", planteó el organismo.
El diagnóstico se inscribe en un debate sobre la política de aumentos al salario mínimo, que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha incrementado de forma sostenida en los últimos años, y sobre las reformas laborales aprobadas en el Congreso de la Unión, entre ellas la eliminación de la subcontratación de personal para actividades sustantivas y la ampliación de los días de vacaciones.
Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sectores sindicales se ha sostenido en ocasiones anteriores que la recuperación del salario mínimo real desde 2018 ha elevado el ingreso de referencia de la economía en su conjunto, una lectura que contrasta con la advertencia del CEESP sobre el costo laboral como freno a la formalización. La discusión enfrenta así dos marcos: el del sector empresarial, que pide condiciones para la inversión, y el de la autoridad laboral, que reivindica la política salarial.
El Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), continuará publicando de forma mensual los indicadores de ocupación y empleo que permiten dar seguimiento a la evolución de la informalidad. El corte correspondiente a julio de 2026 ofrecerá un nuevo punto de comparación para determinar si la brecha entre el ingreso por hora informal y formal identificada por el CEESP se mantiene, se amplía o se revierte.
La advertencia llega en la antesala de la revisión del paquete económico para 2027, que el gobierno federal deberá presentar ante San Lázaro hacia septiembre, y en el que organizaciones empresariales como el CEESP suelen insistir en medidas de estímulo a la inversión privada como vía para reducir la dependencia estructural de la economía informal.