El anuncio se produce en una ciudad cuyo Centro Histórico amurallado, junto con el sistema de fortificaciones, fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1984. Esa condición patrimonial marca la tensión de fondo del proyecto: cualquier obra de infraestructura en el entorno inmediato de la zona protegida debe conciliar la presión de la industria turística con la capacidad de carga limitada del casco antiguo.
La conexión que se plantea articula cuatro nodos de peso desigual. El muelle de cruceros recibe cada temporada a visitantes internacionales que hoy dependen del transporte terrestre para desplazarse; el mercado de Bazurto es uno de los principales centros de abastos del Caribe colombiano; y el convento y cerro de La Popa ofrece uno de los miradores más reconocidos sobre la bahía. Un sistema por cable que enlazara esos puntos supondría, en teoría, un alivio a la congestión vehicular que afecta la movilidad turística de la ciudad, aunque ni la alcaldía ni los promotores han detallado los estudios de impacto ambiental, urbanístico y patrimonial que exigiría la intervención.
Un marco patrimonial que condiciona la obra
Esa misma condición patrimonial obliga a que cualquier intervención en el entorno del Centro Histórico cuente con concepto del Ministerio de Cultura y de las Patrimonio Nacional, así como con la notificación previa a la Unesco cuando la obra pueda afectar los valores excepcionales que motivaron la declaratoria de 1984. Un teleférico introduce elementos verticales —torres, cables, estaciones— sobre un paisaje protegido, precisamente el tipo de intervención que en el pasado ha generado fricciones entre iniciativas privadas de desarrollo urbano y las autoridades encargadas de proteger el patrimonio cartagenero.
La descripción del proyecto como una apuesta de capital privado abre interrogantes sobre el modelo de vinculación con el distrito: si se tratará de una concesión, una asociación público-privada regulada por la Ley 1508 de 2012, o un desarrollo enteramente privado sobre predios de particulares. Ninguna de estas modalidades ha sido confirmada hasta el momento por la administración distrital ni por los promotores mencionados por el alcalde. Tampoco se ha precisado si el sistema contempla estaciones intermedias, su capacidad de pasajeros por hora ni el operador tecnológico que lo construiría, información habitual cuando un proyecto alcanza etapas avanzadas de estructuración financiera.
No es la primera vez que Colombia acude al transporte por cable como solución de movilidad. Medellín consolidó desde comienzos de la década de 2000 el Metrocable integrado a su sistema de metro para conectar barrios de ladera con el centro, una experiencia que se convirtió en referencia nacional e internacional de movilidad urbana por cable. Su enfoque, sin embargo, fue el de transporte masivo con vocación social, distinto al carácter turístico del proyecto anunciado en Cartagena, lo que plantea diferencias sustanciales en tarifa, integración y regulación.
Dumek Turbay llegó a la alcaldía de Cartagena tras las elecciones regionales de octubre de 2023, en un distrito que arrastra cuestionamientos por el manejo de su desarrollo urbano y por episodios de inestabilidad institucional en administraciones anteriores. Cualquier respaldo distrital a una iniciativa de esta envergadura deberá pasar por las instancias de planeación del distrito y, eventualmente, por el Concejo de Cartagena antes de una autorización definitiva.
En la ruta de trámites, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y la curaduría urbana correspondiente serían las entidades llamadas a evaluar los permisos ambientales y de construcción si el proyecto avanza hacia una radicación formal. Ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente sobre la iniciativa, como tampoco lo han hecho el Ministerio de Cultura ni las autoridades portuarias que administran el terminal de cruceros.
El calendario tampoco es menor. El anuncio llega en la antesala de la temporada alta de cruceros, que cada año entre noviembre y abril incrementa de forma sustancial el flujo de visitantes internacionales hacia el puerto de Cartagena, uno de los principales terminales de la región. Un eventual inicio de obras tendría que coordinarse con las autoridades portuarias para no afectar esa dinámica comercial, en un antecedente recurrente en el Caribe colombiano: proyectos de gran escala, como ampliaciones portuarias y desarrollos hoteleros en Bocagrande y Manga, en los que el cierre financiero suele ser apenas el primer hito de procesos que después enfrentan trámites de licenciamiento que pueden extenderse por años.
Por ahora, la administración distrital ha anticipado que los detalles completos —los nombres de los inversionistas, el trazado definitivo y el presupuesto estimado— serán revelados en una presentación pública en los próximos días. Hasta entonces, la iniciativa se mantiene en fase de anuncio, sin documentos técnicos de acceso público que permitan verificar de manera independiente el alcance del cierre financiero mencionado por el alcalde.
El seguimiento del proyecto dependerá de su radicación ante las autoridades de planeación distrital, de la eventual discusión en el Concejo de Cartagena y de los conceptos que deban emitir el Ministerio de Cultura y las autoridades ambientales competentes. Son pasos que, en obras de infraestructura de esta escala, suelen tomar meses o años antes de que un anuncio se traduzca en construcción efectiva.
