El acuerdo, de confirmarse en los términos descritos, profundizaría el acercamiento entre Quito y Washington registrado desde que Noboa llegó a la presidencia en 2023 con un discurso centrado en la seguridad. Ecuador atraviesa desde 2021 una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que ha llevado al gobierno a declarar en repetidas ocasiones estados de excepción y a buscar respaldo militar y logístico de Estados Unidos.
El Estatuto de las Fuerzas (Status of Forces Agreement) es un instrumento jurídico que Washington utiliza con decenas de países donde mantiene presencia militar, ya sea permanente o mediante despliegues temporales. Este tipo de acuerdos suele incluir cláusulas de inmunidad jurisdiccional para el personal estadunidense, un punto que históricamente ha generado controversia en América Latina por sus implicaciones sobre la soberanía judicial de los Estados anfitriones.
La medida abarcaría no solo a militares en servicio activo, sino también a civiles contratados por el Departamento de Guerra —denominación que la administración estadunidense adoptó recientemente para lo que antes era el Departamento de Defensa— y a trabajadores de empresas subcontratadas que no tengan nacionalidad ecuatoriana.
Del cierre de Manta al retorno de bases extranjeras
Ecuador cuenta con un antecedente directo en esta materia. La Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa, prohibió el establecimiento de bases militares extranjeras en el país; en 2009 Correa no renovó el permiso de uso de la base de Manta a las fuerzas estadunidenses, episodio que marcó una ruptura de la cooperación militar directa entre ambos países durante más de una década. En 2024, mediante consulta popular, se aprobaron reformas que permitieron nuevamente el retorno de bases extranjeras. De confirmarse el alcance del acuerdo ministerial, el ingreso de tropas estadunidenses sin visa representaría el paso más amplio en ese proceso de reapertura.
Organizaciones de derechos humanos de la región han expresado en el pasado su preocupación por acuerdos similares, al considerar que la inmunidad judicial puede dejar sin sanción posibles abusos cometidos por personal extranjero en territorio nacional. En países como Colombia, Honduras y Panamá, los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos han sido objeto de litigios y debates legislativos por el alcance de las inmunidades otorgadas.
El gobierno de Noboa no ha ofrecido hasta el momento una explicación pública detallada sobre el contenido del acuerdo ministerial ni sobre el procedimiento mediante el cual fue aprobado. Legisladores de bancadas opositoras en la Asamblea Nacional han pedido que el Ejecutivo comparezca para detallar los términos del pacto y su compatibilidad con la Constitución vigente.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la cooperación militar con Estados Unidos se ha presentado como una herramienta necesaria frente al avance de organizaciones criminales trasnacionales que operan en las costas y puertos del país, convertido en punto de tránsito de cocaína hacia mercados de América del Norte y Europa. Ecuador comparte frontera con Colombia y Perú, dos de los mayores productores de hoja de coca del mundo, lo que ha situado a los puertos ecuatorianos —particularmente Guayaquil— como corredores estratégicos del narcotráfico internacional.
Para Estados Unidos, la presencia militar en Ecuador se inserta en una estrategia de seguridad regional que incluye acuerdos de cooperación en Colombia, Panamá y Perú, además de la vigilancia marítima en el Pacífico oriental. El Comando Sur de las fuerzas armadas estadunidenses ha ubicado a Ecuador como una prioridad de cooperación por el deterioro de las condiciones de seguridad interna.
El acercamiento se produce también en el plano comercial, luego de que ambos gobiernos avanzaran en negociaciones para un acuerdo de libre comercio, tema que Noboa ha colocado como prioritario desde el inicio de su gestión. La cooperación militar y la agenda comercial se perfilan como dos ejes paralelos de la estrategia de acercamiento del gobierno ecuatoriano con la administración estadunidense.
Por el momento no existe pronunciamiento oficial de la cancillería ecuatoriana ni de la embajada de Estados Unidos en Quito que detalle plazos de vigencia del acuerdo o mecanismos de supervisión sobre el personal extranjero que ingrese bajo esta modalidad. Tampoco se ha precisado si la medida será sometida a control por parte de la Corte Constitucional de Ecuador, instancia que en el pasado ha revisado la compatibilidad de acuerdos internacionales con la Constitución.
En las próximas semanas se prevé que el debate se traslade a la Asamblea Nacional, donde distintas bancadas han anunciado que solicitarán información oficial sobre los alcances jurídicos del acuerdo. La discusión podría llegar a instancias judiciales si organizaciones civiles o legisladores de oposición decidieran impugnar la medida por considerarla contraria a los principios de soberanía jurisdiccional contemplados en la Constitución de 2008, reformada parcialmente en 2024.