El planteamiento de Moya no se dirige a la creación de nuevas políticas, sino a la ejecución de las que el país ya tramitó. "Colombia ha dado pasos normativos importantes para posicionar el cuidado y la salud mental como derechos fundamentales", afirmó, y agregó que "el primer paso es reconocer que no es necesario crear políticas nuevas, sino poner en acción el marco normativo que ya existe".
Entre las prioridades que identifica Semillas de Apego para la próxima administración figuran tres frentes: la reglamentación de la Ley de Salud Mental, la puesta en marcha de la educación socioemocional desde el preescolar y el fortalecimiento de la Política Nacional de Cuidado mediante modelos comunitarios de atención psicosocial. Los tres instrumentos cuentan con respaldo legal, pero —según el diagnóstico del programa— carecen de la reglamentación, los recursos y los responsables institucionales que permitirían su despliegue en los territorios.
Moya sostuvo que estas medidas deben ir acompañadas de recursos suficientes, responsables institucionales claramente definidos y mecanismos de seguimiento que midan no solo la cobertura de los programas, sino también el bienestar emocional de quienes cuidan y la calidad del vínculo con niñas y niños. Sin esos indicadores, advirtió, los programas corren el riesgo de reportar ejecución presupuestal sin traducirse en cambios reales en la vida de las familias.
El costo de aplazar la implementación
El director de Semillas de Apego advirtió que seguir postergando la puesta en marcha de estas leyes tendría un costo social considerable. La evidencia recopilada por el programa indica que la exposición prolongada a contextos adversos, combinada con la ausencia de un cuidado sensible, favorece la aparición del estrés tóxico, un proceso que afecta el desarrollo cerebral y compromete la salud física y mental desde los primeros años de vida.
Ese diagnóstico cobra una dimensión particular en Colombia, donde millones de familias han atravesado las consecuencias del conflicto armado, el desplazamiento forzado y procesos migratorios que han alterado de forma abrupta las condiciones de vida de comunidades enteras. Para Moya, las secuelas emocionales de la violencia terminan impactando la capacidad de madres, padres y cuidadores para construir relaciones afectivas seguras con niñas y niños, un vínculo que la evidencia identifica como determinante durante la primera infancia.
Por esa razón, el director del programa insistió en que la salud mental de los cuidadores no puede seguir entendiéndose únicamente como un problema individual, sino como una cuestión que atraviesa la historia reciente del país y que exige una respuesta de política pública a la altura de esa complejidad.
La prevención, la gran deuda
Aunque la evidencia demuestra que fortalecer la salud mental de madres, padres y cuidadores mejora también el bienestar emocional y el comportamiento de niñas y niños, Moya reconoció que la política pública continúa privilegiando la atención de las consecuencias sobre la prevención. "Los gobiernos tienden a priorizar intervenciones cuyos resultados son visibles y de corto plazo, porque son más fáciles de comunicar y de atribuir políticamente", explicó. "La prevención, en cambio, es invisible por definición", agregó, y señaló que en el caso de la salud mental de cuidadoras y cuidadores esa invisibilidad se profundiza por el estigma y porque sus efectos solo se hacen evidentes en el mediano y largo plazo.
A esa dificultad se suman limitaciones estructurales que complican la ampliación de la atención preventiva. Mientras persistan municipios con acceso limitado a servicios de salud mental y continúe la escasez de especialistas en distintas regiones, será más sencillo responder a las crisis puntuales que sostener programas comunitarios de largo aliento, advirtió Moya.
El reconocimiento de la salud mental como derecho fundamental y del cuidado como una función que el Estado debe respaldar constituye un desarrollo relativamente reciente en la legislación colombiana. La discusión que plantea Semillas de Apego se ubica en la fase posterior a la aprobación de esas normas: la de su reglamentación y ejecución presupuestal, un tramo en el que numerosas leyes colombianas han quedado rezagadas por falta de decretos reglamentarios, partidas específicas en el Presupuesto General de la Nación o responsables institucionales designados.
Ese patrón —leyes aprobadas que tardan años en traducirse en programas operativos— no es nuevo en la experiencia legislativa del país y explica la insistencia del programa en que el próximo gobierno no necesita legislar de nuevo, sino ejecutar lo ya decidido. En el ordenamiento colombiano, la reglamentación de una ley recae en el Ejecutivo mediante decreto, y su financiación depende de la asignación de recursos en el Presupuesto General de la Nación, sin los cuales las disposiciones legales carecen de despliegue territorial.
El llamado se produce en la antesala de un nuevo periodo de gobierno nacional, un momento en el que las organizaciones de la sociedad civil y la academia suelen presentar sus agendas prioritarias a la administración entrante. La pregunta que queda planteada, y que solo podrá responderse en los próximos meses, es si la salud mental de los cuidadores logrará un lugar central en el plan de desarrollo del próximo cuatrienio o si, como advierte Moya, continuará relegada frente a intervenciones de resultados más inmediatos.
