Lara se dirigió directamente a los encargados de la logística con un mensaje sin matices: "Ustedes se tienen que organizar y tienen que garantizar que le llegue a todo el mundo", dijo. El ministro insistió en que la distribución de insumos de emergencia no puede depender de filiaciones políticas ni de cálculos de autoridades locales.
El jefe de la cartera fue enfático en que no puede existir ningún tipo de "repartija política" con los recursos destinados a la atención humanitaria. "El que haga política con eso va al infierno. No tiene perdón de Dios, va al infierno, porque eso es la necesidad de la gente. No se puede hacer política con eso", insistió ante los presentes.
Lara agregó una advertencia operativa dirigida a quienes pudieran intentar sacar rédito de la tragedia: "Político que llegue a hacer eso, ustedes nos cuentan y nosotros mismos los cogemos y tome, tome, tome", concluyó, en referencia a que el Gobierno actuaría ante cualquier denuncia de manejo indebido de las ayudas.
El marco institucional que rige la atención del desastre
La coordinación de desastres naturales en Colombia recae, por mandato legal, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita a la Presidencia de la República, en articulación con los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo. La Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, obliga a alcaldías y gobernaciones a coordinar con el nivel nacional la atención de emergencias.
En paralelo al Gobierno, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República tienen la facultad de vigilar el uso de los recursos públicos destinados a la atención de emergencias. Cualquier denuncia sobre uso indebido de ayudas humanitarias con fines electorales podría derivar en investigaciones disciplinarias o fiscales, independientes de la actuación política que anunció el ministro Lara.
El país arrastra antecedentes de controversias por el manejo de recursos tras desastres naturales. El terremoto de Armenia de 1999, uno de los más letales de la historia reciente, derivó en años de señalamientos sobre el uso de los recursos del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), que llegaron a ser objeto de investigaciones de la Contraloría y de debates de control político en el Congreso. Ese episodio quedó como referencia obligada de los riesgos de politizar la reconstrucción tras una catástrofe.
El mensaje se enmarca en un ambiente en el que el manejo de recursos públicos y ayudas estatales suele ser objeto de escrutinio por parte de la oposición en el Congreso de la República.
El Gobierno de De La Espriella ha insistido en que la atención de la emergencia debe regirse por criterios de necesidad y no por afinidades políticas con las autoridades locales, un principio que sucesivos gobiernos nacionales han sostenido frente a los entes territoriales, más allá del color político de cada administración.
La magnitud de la afectación del terremoto —en personas damnificadas, viviendas destruidas y valor estimado de los daños— no ha sido precisada con cifras oficiales consolidadas por el DANE ni por la UNGRD al momento de esta publicación, por lo que cualquier estimación sobre el costo de la reconstrucción permanece pendiente de los reportes técnicos que suelen publicarse en las semanas posteriores a un evento de esta naturaleza.
Los pasos siguientes en la reconstrucción
En los próximos días se espera que la UNGRD y el ministerio del Interior avancen en la consolidación de censos de damnificados y en la definición de los mecanismos de entrega de ayudas, un proceso que en emergencias anteriores ha tomado semanas y que suele ser objeto de veeduría ciudadana y de organismos de control.
El Congreso de la República podría convocar debates de control político al ministerio del Interior o a la UNGRD si se materializan denuncias concretas sobre manejo político de las ayudas, un mecanismo previsto en la Constitución para que congresistas de cualquier bancada citen a los funcionarios responsables a rendir cuentas ante la plenaria.
Por ahora, la advertencia de Lara queda como una señal del Gobierno Nacional hacia autoridades locales y dirigentes regionales, en un momento en que la atención a los damnificados del terremoto se perfila como uno de los primeros grandes retos de gestión de la administración De La Espriella frente a la opinión pública.
