Martínez fue sacado por hombres armados de su vivienda en Pamplona el 9 de septiembre de 2025 y llevado con rumbo desconocido. Su caso se sumó a la lista de secuestros atribuidos a las disidencias que no se acogieron al Acuerdo Final de Paz firmado por el Estado colombiano con las FARC en 2016 y que operan bajo el mando de Mordisco, señalado por las autoridades como cabecilla de una de las principales facciones armadas que persisten en varias regiones.
De La Espriella detalló en su publicación que, además de la liberación del empresario y el rescate de la menor, la Fuerza Pública incautó fusiles, proveedores, municiones, material de intendencia militar y un arsenal de guerra que estaba en poder de la estructura 39. El mandatario reconoció el "coraje y precisión" de los soldados que participaron en la ofensiva y dirigió una advertencia a la organización: "O se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República".
El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, atribuyó el resultado a la capacidad y el entrenamiento de las tropas, que —según su versión— les permitieron "cumplir la misión" de regresar a la libertad al empresario. El oficial le dio la bienvenida a la libertad.
Tras el rescate, Martínez fue trasladado a una base militar, donde uniformados del Ejército le facilitaron un teléfono celular para que se comunicara con su madre mediante una videollamada. El registro de ese momento, en el que la mujer le dijo "te amo (…), mi corazón hermoso" al verlo libre, se convirtió en la imagen central de la jornada. El empresario apareció con botas pantaneras y pantalón camuflado.
De la modalidad histórica del secuestro a las disidencias actuales
El secuestro de civiles y empresarios fue históricamente una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales en Colombia, práctica que las extintas FARC y otras guerrillas utilizaron de forma sistemática antes de la desmovilización pactada en 2016. La persistencia de esta modalidad en manos de las disidencias evidencia que sectores armados continúan recurriendo a los mismos métodos de control territorial y financiamiento ilícito pese al acuerdo.
La estructura 39 opera en zonas del Meta y el Guaviare y ha sido señalada por autoridades militares como una de las más activas dentro de la red que responde a Mordisco, quien no se acogió al proceso de reincorporación previsto en el Acuerdo Final de Paz y ha sido objeto de múltiples operativos en los últimos años sin que se haya logrado su captura.
El Meta constituye un corredor sensible para la movilidad de grupos armados ilegales en el suroriente del país. Las operaciones militares en la región han combinado rescates armados con salidas humanitarias, dependiendo del grupo responsable y de las condiciones de cada caso.
El camino judicial de los tres capturados
La captura de los tres integrantes de la estructura 39 abre la puerta a que la Fiscalía General de la Nación adelante en su contra las diligencias por secuestro y por los cargos derivados del material bélico incautado, entre ellos el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. La retención de una menor de edad podría agravar la imputación.
Conviene recordar que, en el sistema penal acusatorio colombiano regulado por la Ley 906 de 2004, la sola captura no implica culpabilidad. Los aprehendidos deben ser llevados ante un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes para definir su situación jurídica, y solo tras la audiencia de formulación de imputación adquieren la condición de imputados. La responsabilidad penal únicamente queda establecida si un juez de conocimiento profiere sentencia condenatoria en firme al término del juicio.
De cara a los próximos días, se espera que las autoridades judiciales avancen en la definición de la situación jurídica de los tres capturados y que la Fiscalía complete la caracterización del material de guerra incautado. La familia de Martínez, por su parte, deberá adelantar el proceso de acompañamiento que suele seguir a la liberación de una persona tras un cautiverio prolongado, mientras la Fuerza Pública mantiene la persecución de la cúpula de las disidencias en la región.
