El simulacro, que conforme a la normativa internacional debe repetirse cada dos años, puso a prueba la capacidad de respuesta coordinada entre distintos niveles de gobierno frente a un accidente nuclear hipotético en la única central de este tipo que opera en el país. La coordinación general estuvo a cargo del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas, instancia que reúne a instituciones federales y estatales con funciones específicas dentro del protocolo de contingencia.
Durante el ejercicio se activaron centros de respuesta, hospitales especializados y refugios temporales, además de unidades de transporte terrestre, marítimo y aéreo dispuestas para trasladar a la población en caso de una evacuación real. El despliegue buscó evaluar, en condiciones controladas, los tiempos de reacción y la efectividad de las rutas de evacuación en las localidades ribereñas que rodean la planta, en un radio de 16 kilómetros.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina (Semar), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y diversas dependencias estatales de Veracruz. La fuerza de tarea integró a los tres órdenes de gobierno bajo el esquema de mando del PERE. La Semar recordó que, al tratarse de un escenario simulado, el ejercicio no correspondió a una emergencia real ni representó riesgo alguno para la población.
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se localiza en la localidad de Punta Limón, frente a las costas del Golfo de México, en una zona rodeada de vegetación y cercana a una docena de poblados ribereños. Sus dos unidades generadoras producen electricidad suficiente para abastecer, en promedio anual, a los estados de Veracruz y Tlaxcala, o bien a 6.8 millones de habitantes, de acuerdo con los datos disponibles sobre su capacidad de generación.
De la construcción en los ochenta a la única nuclear del país
La planta inició operaciones en 1998 y es el único desarrollo de energía nucleoeléctrica en México, integrado a la infraestructura estratégica de generación eléctrica del país junto con las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y de ciclo combinado que operan en el sistema eléctrico nacional. Su construcción, iniciada en la década de 1980, estuvo marcada desde entonces por un debate recurrente entre autoridades, especialistas en energía y organizaciones ambientalistas de Veracruz sobre los riesgos y beneficios de mantener en operación una central nuclear en la costa central del Golfo.
De acuerdo con los últimos registros disponibles, la central acumuló 16 paros técnicos entre 2019 y 2024, mecanismo de seguridad mediante el cual los sistemas de control detienen automáticamente la operación de la planta cuando se detecta cualquier parámetro fuera de los límites normales de funcionamiento. Este tipo de paros forma parte de los protocolos previstos para prevenir incidentes mayores y no implican, por sí mismos, una emergencia radiológica.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, organismo encargado de la regulación y vigilancia de la seguridad nuclear en el país, ha reportado que entre 1998 y diciembre de 2023 se mantienen almacenadas en la central aproximadamente 4,499,000 toneladas de desechos radioactivos, entre sólidos húmedos, secos, mixtos y combustible nuclear gastado. El manejo y almacenamiento de estos materiales está sujeto a normas específicas de la propia comisión, que reporta periódicamente sobre las condiciones de la planta.
El marco que rige este tipo de ejercicios responde a estándares internacionales de seguridad nuclear, alineados con las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, que exige a los países con centrales nucleares en operación mantener planes de emergencia externos evaluados de forma periódica mediante simulacros con participación de comunidades reales. El PERE de Laguna Verde se inscribe en ese esquema de verificación bienal.
En torno a la operación de la planta han convivido posiciones contrapuestas: mientras el gobierno federal ha defendido su papel en la diversificación de la matriz energética nacional, colectivos ambientalistas de la región han pedido en el pasado mayor transparencia sobre el manejo de los desechos radioactivos generados. El simulacro se plantea, en ese contexto, como el mecanismo formal para verificar la capacidad de respuesta ante un eventual accidente.
Las autoridades no informaron sobre incidencias durante el desarrollo del ejercicio ni sobre observaciones que requieran ajustes inmediatos en el protocolo. De mantenerse la periodicidad bienal establecida por la normativa internacional, el siguiente Ejercicio Integrado del PERE tendría lugar hacia 2028, salvo que se determine la necesidad de una revisión extraordinaria del plan de emergencia.