"Queremos agregar un capítulo de comercio digital al acuerdo de comercio con Colombia", afirmó Roudié, quien sostuvo que el objetivo del bloque es eliminar barreras y facilitar los negocios entre ambas partes. La propuesta, según el embajador, apuntaría a modernizar un texto pactado antes de que la economía en línea alcanzara su dimensión actual.
El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador entró en vigor de manera provisional en 2013 y se aplica desde entonces en materia de bienes, servicios y compras públicas. El texto, negociado antes de que el comercio digital adquiriera la magnitud actual, carece de disposiciones específicas sobre flujos de datos transfronterizos, firmas electrónicas o protección al consumidor en plataformas en línea, vacíos que, según Roudié, la Unión Europea querría subsanar.
La propuesta, de confirmarse su avance formal, tendría que sortear un proceso de negociación bilateral que en Colombia pasaría por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como cabeza del equipo negociador, con eventual participación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dado el componente digital. Cualquier modificación sustancial al acuerdo requeriría, además, el trámite de aprobación mediante ley en el Congreso de la República y el control automático de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, tal como ocurrió con el tratado original.
La Unión Europea figura entre los principales socios comerciales de Colombia, junto con EE. UU. y los países de la Comunidad Andina. El bloque europeo se ha ubicado históricamente entre los destinos más relevantes de las exportaciones colombianas no minero-energéticas, con productos como café, flores, banano y aceite de palma entre los principales renglones, mientras que las importaciones europeas hacia Colombia se concentran en maquinaria, químicos y bienes de alta tecnología.
El interés por incorporar un capítulo digital se enmarca en una tendencia más amplia de la Unión Europea, que ha impulsado disposiciones similares en acuerdos recientes con otros socios de América Latina y el Caribe, con el fin de estandarizar reglas sobre comercio electrónico, protección de datos personales y ciberseguridad en sus relaciones comerciales externas. La Comisión Europea ha defendido este tipo de cláusulas como una manera de dar previsibilidad jurídica a las empresas que operan en mercados digitales transnacionales.
La ausencia de reglas claras sobre comercio digital en los acuerdos vigentes ha sido señalada como una fuente de incertidumbre para pequeñas y medianas empresas exportadoras que buscan vender por internet a mercados europeos, especialmente en sectores como artesanías, textiles y servicios profesionales, donde el comercio electrónico ha crecido de forma sostenida en la última década.
Antecedentes: Alianza del Pacífico y la OMC
El precedente más cercano en la historia comercial colombiana es la incorporación de disposiciones sobre servicios y economía digital en el marco de la Alianza del Pacífico, así como las discusiones sostenidas por Colombia en la Organización Mundial del Comercio sobre comercio electrónico, foro en el que el país ha participado en las llamadas Iniciativas de Declaración Conjunta. Esos escenarios han servido de laboratorio para las reglas que hoy se discuten en los tratados bilaterales.
Gremios como la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han abogado en distintos momentos por la modernización de los acuerdos comerciales vigentes para incluir disposiciones sobre economía digital, con el argumento de que Colombia podría quedar en desventaja frente a otros países de la región que ya cuentan con capítulos específicos sobre la materia en sus tratados con socios extrarregionales.
El proceso, de materializarse, se sumaría a la agenda bilateral entre Bogotá y Bruselas, que en los últimos años ha incluido cooperación en materia de transición energética, derechos humanos y lucha contra el cambio climático, además del componente estrictamente comercial. La Unión Europea mantiene programas de cooperación con Colombia enfocados en el desarrollo rural y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, canalizados a través de instrumentos como el Fondo Europeo para la Paz.
Cualquier ampliación del acuerdo exigiría surtir un trámite similar al de la ratificación original: negociación técnica entre delegaciones, firma del texto acordado, aprobación mediante ley por parte del Congreso de la República y revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional antes de su entrada en vigor. En el caso del acuerdo de 2013, ese proceso tomó varios años desde el cierre de las negociaciones hasta la aplicación plena del tratado.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en una fase preliminar y no existen anuncios formales de apertura de negociaciones ni cronogramas oficiales por parte de ninguna de las dos partes. El seguimiento del tema quedará sujeto a los próximos pronunciamientos que puedan hacer tanto la delegación de la Unión Europea en Bogotá como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano en los meses siguientes.
