López explicó que el propósito de la iniciativa no es sancionar a las mujeres que alquilan su vientre ni a los menores nacidos de estos procedimientos, sino proteger a ambos grupos. El peso de las sanciones recaería sobre los intermediarios, principalmente clínicas y centros donde se realizan estas prácticas, con penas que irían de 10 a 16 años de prisión y multas de entre 500 y 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, entre $875.452.500 y $2.626.357.500 al valor del salario mínimo de este año. El ponente aclaró que tampoco se permitiría la modalidad altruista, pues, según sostuvo, muchos contratos ya se celebran de esa forma y ello podría abrir un nuevo resquicio.
Según el congresista, el mercado de la subrogación ha crecido en Colombia por una combinación de factores: la asequibilidad económica frente a otros países, la ausencia de legislación y la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres que optan por alquilar su vientre a cambio de una compensación. López indicó que la guerra en Ucrania —hasta entonces uno de los principales destinos de este mercado— habría desplazado buena parte de la demanda hacia otros países, en un contexto en que varios territorios europeos han avanzado en prohibir la práctica.
El representante afirmó haber identificado que, solo en 2025, se registraron 8.000 impugnaciones en notarías del país, de las cuales —según su lectura— una parte relevante correspondería a casos de maternidad subrogada contratada por extranjeros, dado que la impugnación de la paternidad legal sería el único requisito para sacar a un recién nacido de Colombia. No existen, sin embargo, cifras oficiales consolidadas por ninguna entidad del Estado que permitan dimensionar con precisión el fenómeno, una carencia que el propio ponente reconoce como parte del problema que el proyecto pretende resolver.
López sostuvo además que la tramitación de iniciativas similares —de las cuales, según dijo, se han presentado decenas en años anteriores sin que ninguna prosperara— enfrenta un intenso trabajo de cabildeo en el Congreso por parte de actores con interés económico en que la actividad continúe sin regulación ni prohibición. Un procedimiento completo de subrogación, señaló, puede costarle a quien lo contrata alrededor de $200 millones, mientras que la mujer gestante recibiría cerca de $30 millones por el proceso.
Cláusulas que comprometen la autonomía de la gestante
El ponente fue enfático en que la intención del proyecto es prohibir la práctica y no simplemente regularla, porque considera que una regulación podría abrir nuevos vacíos jurídicos en lugar de cerrarlos. Entre los riesgos que dice haber documentado mencionó cláusulas contractuales que habrían obligado a algunas mujeres a interrumpir el embarazo cuando surgen complicaciones médicas o cuando la parte contratante desiste del acuerdo, en detrimento de la autonomía de la gestante sobre su propio cuerpo.
López relató también haber tenido conocimiento del fallecimiento de una mujer durante uno de estos procedimientos, así como de otros episodios de complicaciones de salud posteriores al embarazo sin respaldo de la clínica contratante ni del sistema de salud, además de secuelas psicológicas reportadas en varias gestantes. El congresista admitió, no obstante, que socializar estos testimonios resulta complejo porque las mujeres involucradas suelen guardar silencio por temor a represalias contractuales o a eventuales demandas. Entre los pocos testimonios públicos figuran los de Olivia Maurel y Jessica Kern, dos mujeres nacidas mediante este método que, ya adultas, cuestionan la práctica que dio origen a su nacimiento.
No todas las posiciones dentro del bloque de apoyo coinciden en el enfoque. La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, respalda la prohibición pero discrepa de cualquier fórmula intermedia de regulación: para ella, la maternidad subrogada debe abolirse sin matices por constituir, según sostuvo, «una práctica violatoria de los derechos humanos para las mujeres». Su argumento se centra en la protección de las gestantes frente a lo que considera una forma de explotación económica de cuerpos en condición de vulnerabilidad.
La oferta de «turismo médico» y la mirada jurídica
El debate tiene también una arista de oferta comercial poco visible. Algunos centros médicos privados en el país promocionan paquetes de «turismo médico» dirigidos a extranjeros interesados en la subrogación; una de estas clínicas, que solicitó reserva de su nombre, reconoció que cerca del 40 % de sus pacientes proviene de otros países y que cobra $430.000 solo por la valoración inicial con un especialista, presentando como atractivo los «costos asequibles» frente a otros mercados internacionales.
Natalia Rueda, abogada e investigadora de la Universidad Externado, consideró que la iniciativa sería un avance en un terreno donde el país ha carecido históricamente de norma alguna, aunque el debate sobre si la vía correcta es la prohibición total o una regulación estricta —similar a la discusión que ya se ha dado en otros países de la región y en Europa— sigue abierto entre juristas y organizaciones de mujeres.
El proyecto de López se suma a un historial legislativo marcado por intentos fallidos: distintas bancadas han radicado iniciativas sobre subrogación en legislaturas anteriores sin lograr que avancen a plenaria, lo que explica por qué el vacío jurídico persiste. La Corte Constitucional abordó de manera tangencial la materia en fallos sobre filiación y derechos reproductivos, sin que el Congreso legislara de fondo, un patrón de omisión legislativa recurrente en asuntos bioéticos que el país ya vivió con la despenalización del aborto, resuelta por vía judicial ante la falta de ley.
El trámite deberá surtir los debates reglamentarios en comisión y plenaria en ambas cámaras antes de llegar, si prospera, a sanción presidencial en la Casa de Nariño. En el camino se espera que se pronuncien el Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la Nación y organizaciones de la sociedad civil, en una discusión que previsiblemente enfrentará a quienes defienden la autonomía reproductiva y el acceso a estas técnicas con quienes advierten sobre los riesgos de explotación económica hacia mujeres en condición de vulnerabilidad.
