Hay una frase en el mensaje del gobernador que merece leerse dos veces, no por lo que dice sino por lo que confiesa sin querer: «la presión social y de las autoridades lograron» que el señalado se entregara. Traducido del lenguaje institucional al de la calle, la afirmación abre una pregunta incómoda: sin el video viral, sin la indignación que corrió por redes durante todo un fin de semana, ¿seguiría hoy Reyes Vargas caminando tranquilo por Girardot o por donde fuera?
Nadie sugiere que la Fiscalía Quinta se haya cruzado de brazos. Pero la cronología es la que es. El ataque ocurrió en la madrugada del miércoles 15 de julio; las imágenes se viralizaron el fin de semana siguiente; y la entrega —voluntaria, subraya el gobernador, como quien aclara que nadie tuvo que tocarle la puerta— se produjo apenas este 22 de julio. Entre el puño en la cara de la víctima y el hombre sentado frente a un fiscal transcurrió una semana en la que el aparato de justicia corrió, sí, pero corrió detrás de la opinión pública, no delante de ella.
No es una particularidad de Fusagasugá ni un defecto exclusivo de la Fiscalía Quinta. Es un patrón que se repite: la violencia contra las mujeres suele necesitar el combustible de la viralización para activar toda la maquinaria estatal. Cuando el episodio queda apenas en la palabra de la víctima, en un dictamen médico o en una denuncia radicada sin cámara que la respalde, el mismo aparato avanza a otro ritmo. La celeridad que el gobernador Rey celebra —y no se le puede reprochar que reconozca el trabajo de la Policía Nacional y del ente investigador— es también, sin que él lo diga así, la medida exacta de lo que tarda el sistema cuando hay quien mire.
El marco procesal conviene decirlo con la misma claridad con que se relata el ataque. La Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación; el detenido está acompañado por la Defensoría Pública, como corresponde, porque el derecho de defensa no se negocia ni para el señalado que las redes ya condenaron. Lo que existe hasta ahora es una actuación en curso, no una sentencia. Bajo el sistema penal acusatorio vigente en Colombia desde la Ley 906 de 2004, será un juez de control de garantías quien, en audiencia, decida sobre la legalización de la captura, la imputación de cargos y una eventual medida de aseguramiento. La indignación legítima no debería traducirse en condena anticipada, por brutal que sea el material que la provocó.
El precedente que ya obligaba a la celeridad
El caso no ocurre en un vacío normativo. La Ley 1257 de 2008 estableció normas para la sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y la Ley 1761 de 2015 —conocida como Ley Rosa Elvira Cely, por el crimen que la impulsó— tipificó el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal colombiano. El marco existe desde hace años; la pregunta es por qué su aplicación con urgencia parece depender de que un episodio se vuelva tendencia. La propia historia reciente ofrece el antecedente: fue el asesinato de Rosa Elvira Cely en 2012, con enorme repercusión pública, el que empujó al Congreso a legislar. También entonces hizo falta el escándalo para mover la maquinaria.
El gobernador cerró su mensaje con la fórmula obligada: «en Cundinamarca no toleramos ningún acto de violencia contra las mujeres». Es la frase que pronuncia cualquier funcionario, de cualquier bancada, frente a un caso mediático. Pero las declaraciones de no tolerancia tienen la costumbre de aparecer después del escándalo y de disolverse en el siguiente ciclo de noticias, hasta que otra cámara, en otra calle, capture otro golpe.
La pregunta que esta columna no puede eludir es más incómoda que el episodio de Fusagasugá: ¿cuántos casos similares, sin testigo con celular en la mano, sin la suerte perversa de convertirse en contenido viral, terminan archivados, prescritos o simplemente olvidados en el cajón de una fiscalía local? El material disponible no ofrece una cifra que responda —y sería irresponsable inventarla—, pero la pregunta subsiste, y subsiste precisamente porque el propio gobernador reconoció que fue la presión social la que empujó el expediente.
El reconocimiento de Rey «a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a todos los ciudadanos que alzaron su voz para exigir justicia» es, leído con cuidado, un mensaje en tres direcciones. A las autoridades les agradece haber hecho su trabajo; a la ciudadanía, haberlas empujado a hacerlo con la urgencia debida. Ese tercer agradecimiento —el dirigido a quienes compartieron el video hasta volverlo imposible de ignorar— termina siendo, sin que el comunicado lo plantee así, el verdadero protagonista de esta historia.
Lo que sigue es previsible en su forma, aunque incierto en su fondo. La Fiscalía Quinta deberá definir la situación jurídica del capturado en las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías, donde se discutirán la imputación, la calificación de los hechos y una posible medida de aseguramiento. El caso seguirá siendo noticia mientras dure el eco del video. Cuando ese eco se apague, quedará como una prueba más —modesta, local, pero elocuente— de que la justicia todavía necesita, con demasiada frecuencia, la ayuda involuntaria de la cámara de un celular.
