El dato aparece en la página 4 de los reportes financieros trimestrales que la CFE está obligada a publicar como empresa productiva del Estado, bajo el marco de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las disposiciones de transparencia que rigen a las entidades paraestatales. No se trata de una filtración ni de un hallazgo de auditoría, sino de información pública que queda sepultada entre notas técnicas y anexos contables.
El primer síntoma está en el flujo de efectivo destinado a inversión en activos fijos. El segundo, en el inventario: las refacciones y equipos almacenados por la CFE crecieron 25% en apenas seis meses, hasta alcanzar 6,760 mdp, un ritmo de acumulación que sugiere que la empresa está comprando y guardando piezas ante el temor de no conseguirlas después.
El hallazgo más revelador está en la Nota 17 de los estados financieros, bajo el rubro de "pasivos contractuales de largo plazo", por casi 2,300 mdp, una partida que no existía en el ejercicio de 2025. Ese pasivo nuevo remite a un mecanismo financiero estrenado en junio: la CFE, a través del fideicomiso FORTASEN, emitió cartas de crédito por 131.6 mdd con las instituciones bancarias BNP Paribas y BBVA.
Los recursos, según el propio reporte, están destinados a las centrales de ciclo combinado de Altamira, Salamanca y Mazatlán, y se describen como anticipos para "asegurar el suministro de equipos principales" que, a la fecha del corte, ni siquiera habían sido entregados a la paraestatal.
El cuello de botella no es mexicano
La explicación de fondo no remite a un problema de gestión interna ni a señalamientos de uso indebido de recursos públicos: los plazos de entrega de turbinas y transformadores pesados a escala mundial se han estirado a tres o cuatro años, de forma que las empresas eléctricas que no aseguran su lugar en la fila de producción mediante financiamiento bancario garantizado simplemente se quedan sin equipo. Ese mismo equipo es el que la CFE necesita para sus proyectos de generación y transmisión en territorio mexicano.
El fenómeno tiene una raíz identificable del otro lado de la frontera. De acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la fabricación de equipos eléctricos se encareció 14% solo en el tiempo que Sheinbaum lleva en la Presidencia, y acumula un alza de 56% en los últimos cinco años, un ritmo que las proyecciones disponibles no anticipan que vaya a revertirse en el corto plazo.
La explicación de esa demanda descomunal está en los centros de datos de inteligencia artificial a hiperescala que se construyen en Texas, Arizona y California, además de nuevas fábricas impulsadas por la política industrial estadounidense. Ambos mercados —el de EU y el mexicano— compiten por la misma oferta limitada de fabricantes. El propio Departamento de Energía formalizó el diagnóstico el lunes 7 de septiembre, al concluir el periodo de comentarios públicos para el borrador de su Estudio Nacional de Necesidades de Transmisión 2026, que describe el tránsito desde décadas de demanda relativamente estancada hacia una etapa de "crecimiento exponencial de carga sin precedentes".
El episodio guarda cierto paralelismo con las presiones de abastecimiento que vivió el sector tras la reforma energética de 2013-2014, cuando la apertura a la generación privada tensó también la cadena de proveedores de equipo pesado; entonces, sin embargo, el cuello de botella era regulatorio y de interconexión, no de manufactura global. La diferencia hoy es que el origen del encarecimiento escapa al margen de maniobra de las autoridades mexicanas, sean cuales sean las decisiones que se tomen en Palacio Nacional o en San Lázaro.
En el terreno fiscal, el incremento de costos de la CFE tiene implicaciones directas para las finanzas públicas, en la medida en que la paraestatal recibe transferencias y subsidios del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y su desempeño financiero es objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fiscalizar la Cuenta Pública de cada ejercicio. Un gasto de capital que se triplica en pocos meses eleva la presión sobre el presupuesto de inversión pública, incluso si no implica, por sí mismo, ninguna irregularidad.
La Secretaría de Energía y la propia CFE no han emitido un pronunciamiento público específico sobre el salto en el gasto de adquisición de equipo reflejado en los estados financieros al segundo trimestre, más allá de las cifras ya incorporadas en el reporte oficial. Tampoco se ha detallado si el mecanismo de cartas de crédito del fideicomiso FORTASEN se replicará para otros proyectos de generación en cartera.
De cara a los próximos trimestres, el indicador a seguir será si el pasivo contractual de largo plazo reportado en la Nota 17 crece en la misma proporción, y si el inventario de refacciones sigue expandiéndose al ritmo de 25% semestral observado entre enero y junio. Esos dos números, más que cualquier anuncio de inversión, funcionarán como termómetro de si México logra asegurar el equipo que necesita para sostener el plan de infraestructura eléctrica previsto para este año.