El anuncio de la recompensa se produjo casi una semana después de que un grupo armado llegara a la vereda Guanacas, ubicada en zona rural de Santa Rosa de Osos, e incendiara varias casas como forma de castigo a los habitantes. Según pudo establecerse, la estructura armada exigía a cada familia hasta $1 millón bajo amenaza de atentar contra ellas, una extorsión que, ante la imposibilidad de pago de las víctimas, derivó en el ataque incendiario.
El hecho forzó el desplazamiento de aproximadamente 100 personas, que tuvieron que abandonar sus viviendas y pertenencias. La modalidad, de acuerdo con lo señalado por las autoridades departamentales, no se limitó a las familias campesinas: los responsables habrían buscado extender el cobro de extorsiones a comerciantes de la región, ampliando el radio de la presión armada más allá del ámbito rural.
Rendón se pronunció al respecto el miércoles a través de su cuenta en la red social X, donde señaló directamente al frente 36 de las disidencias de las FARC como responsable de la ola de extorsiones que afecta al norte de Antioquia. "Antioqueños: sabemos quiénes están detrás de las extorsiones en el Norte de Antioquia. Son los bandidos del frente 36 de las Farc", escribió el mandatario departamental. En el mismo mensaje añadió: "Ofrecemos hasta $100 millones de pesos de recompensa por alias 'La Mona' o 'La Caucana', responsable de las intimidaciones a los comerciantes".
El Consejo de Seguridad que precedió al anuncio se realizó en el corregimiento de San Pablo, también en jurisdicción de Santa Rosa de Osos, con la participación de la fuerza pública. De ese encuentro se derivó el compromiso de reforzar la presencia militar y policial en dos corredores considerados críticos para el desplazamiento de los grupos armados: el que conecta las veredas Villanueva, Brasil y Vega Botero, y el que une San Pablo, Caney y Guanacas. "A los bandidos que están sembrando temor, ¡los vamos a cazar!", afirmó el gobernador durante su intervención.
La figura de alias La Mona habría cobrado relevancia dentro de la estructura del frente 36 tras un reacomodo interno en la región. De acuerdo con versiones recogidas en el municipio vecino de Briceño, la mujer señalada habría asumido el control de las rentas ilegales que antes manejaba alias Primo Gay, un cabecilla que se habría desplazado hacia las filas del Clan del Golfo en meses recientes.
Según esas mismas versiones, Primo Gay —cuyo nombre real sería Neider Yesid Uñates López— habría perdido terreno en Briceño frente a la presión de otras estructuras armadas y, sintiéndose acorralado, habría solicitado apoyo a alias Chejo, cabecilla del frente 36 con influencia en el municipio de Campamento. La respuesta habría sido que se defendiera por sus propios medios, lo que precipitó su salida hacia el Clan del Golfo.
La versión que circula en Briceño indica que Uñates López habría entregado una suma considerable de dinero al Clan del Golfo como garantía para preservar su vida, además de poner a disposición de esa organización a al menos 22 hombres bajo su mando, varios de ellos menores de edad. El acuerdo habría contemplado un pago de $10 millones para quienes decidieran desmovilizarse de las armas, condicionado a que permanecieran en el municipio estudiando o trabajando, bajo amenaza de muerte en caso contrario.
El frente 36 y la disputa por el norte antioqueño
El frente 36 hace parte de las disidencias de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y esa entonces guerrilla, o que retomaron las armas posteriormente. Esta estructura ha mantenido presencia en el norte y nordeste antioqueño, disputando el control territorial con el Clan del Golfo, una de las organizaciones armadas de mayor expansión en el país. La extorsión como fuente de financiación de grupos armados ilegales no es nueva en Antioquia: desde la desmovilización parcial de estructuras paramilitares en la década de 2000, distintas organizaciones criminales han recurrido al cobro de "vacunas" a comerciantes, ganaderos y campesinos como mecanismo de sostenimiento económico.
El desplazamiento forzado tiene además un antecedente doloroso en la misma región. En los años noventa y en la década de 2000, municipios del norte y nordeste antioqueño —entre ellos Santa Rosa de Osos y Briceño— vivieron episodios masivos de expulsión de población por la confrontación entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública, en un departamento que figura históricamente entre los de mayor número de víctimas del conflicto armado en el país.
Desde el punto de vista jurídico, los hechos de Guanacas podrían configurar los delitos de desplazamiento forzado, extorsión y daño en bien ajeno, tipificados en el Código Penal. La competencia para investigarlos recae en la Fiscalía General de la Nación, mientras que la atención a la población desplazada corresponde a la Unidad para las Víctimas y a las autoridades locales. La recompensa ofrecida por la gobernación es un instrumento administrativo que busca facilitar información para la captura, pero no sustituye la actuación de la justicia ni la orden judicial que debería sustentar una detención.
La gobernación de Antioquia no ha precisado hasta el momento cuántas viviendas resultaron destruidas en el ataque a Guanacas ni el estado actual de las familias desplazadas, y tampoco se ha informado sobre capturas relacionadas con los hechos del 27 de agosto. La Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado públicamente sobre una eventual investigación formal, y las autoridades militares no han confirmado si existen operativos activos contra alias La Mona más allá del anuncio de recompensa hecho por el gobernador.
En los próximos días, el despliegue de tropas anunciado en el Consejo de Seguridad de San Pablo marcará el primer indicador de la respuesta institucional, junto con una eventual imputación de la Fiscalía y la activación de la ruta de atención humanitaria para las cerca de 100 personas desplazadas. El caso se inscribe en la disputa territorial entre disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en el norte de Antioquia, una región de actividad ganadera, minera y agrícola atravesada por corredores estratégicos hacia el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, zonas marcadas por el control de rentas ilegales ligadas al narcotráfico y la minería ilegal.
