Cartagena de Indias, declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1984, concentra buena parte de su actividad económica en el turismo. Bocagrande y El Laguito, los sectores hoteleros y comerciales más consolidados de la ciudad, junto con el Centro Histórico amurallado, constituyen el corredor de mayor tránsito de visitantes y, por tanto, el de mayor exposición a los operativos de control que adelantan las autoridades distritales sobre el funcionamiento de establecimientos abiertos al público.
El marco legal que habilita los cierres
Los cierres se enmarcan dentro de las facultades de policía administrativa que la ley colombiana otorga a las alcaldías municipales y distritales para verificar el cumplimiento de requisitos como el uso del suelo, los permisos de funcionamiento, las condiciones sanitarias, la seguridad locativa y el cumplimiento de horarios. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) faculta a los inspectores de policía y a las autoridades distritales para ordenar la suspensión temporal o definitiva de actividades cuando se detectan irregularidades en estos frentes.
El Centro Histórico, por su condición de patrimonio protegido, está sujeto además a una normativa especial de usos del suelo definida por el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena, que restringe determinadas actividades comerciales o exige condiciones particulares para su funcionamiento dentro del perímetro amurallado, con el fin de proteger el valor arquitectónico e histórico de la zona.
La Alcaldía Distrital ha adelantado en años anteriores jornadas similares de verificación en temporadas de alta ocupación hotelera, coincidiendo con periodos vacacionales o festividades que elevan de forma notable la llegada de turistas. Estos operativos suelen involucrar a distintas dependencias del gobierno local, entre ellas las secretarías de Gobierno, del Interior y de espacio público, así como organismos de control sanitario, y se coordinan por lo general con la Policía Nacional.
Hasta el momento no ha trascendido un pronunciamiento oficial detallado de la Alcaldía de Cartagena sobre las razones puntuales que motivaron el cierre de cada uno de los ocho establecimientos, ni sobre si las medidas obedecen a una causa común —como la falta de permisos de funcionamiento— o a distintas irregularidades detectadas de manera individual en cada local.
Tampoco se ha conocido una respuesta pública de los propietarios o representantes de los negocios afectados. Conforme al debido proceso administrativo consagrado en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estos tendrían derecho a controvertir la medida ante la propia autoridad que la impuso mediante los recursos de reposición y apelación o, agotada esa vía, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La zona turística de Cartagena ha sido, en distintos momentos, objeto de debate público sobre la tensión entre la actividad comercial informal o irregular y la necesidad de preservar tanto la seguridad de los visitantes como la imagen de la ciudad como destino internacional. Gremios turísticos y hoteleros de la región han insistido en años recientes en la importancia de mantener controles periódicos que eviten la proliferación de establecimientos sin los permisos correspondientes.
Este tipo de operativos no es inusual en las principales ciudades turísticas de Colombia. Autoridades distritales de otras capitales con vocación turística, como Santa Marta o San Andrés, han adelantado jornadas comparables de verificación de establecimientos comerciales, coordinadas con la Policía Nacional y las secretarías de gobierno locales. El comportamiento del sector hotelero y de servicios en las principales ciudades turísticas del país es objeto de seguimiento periódico por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Está por conocerse si la Alcaldía de Cartagena ampliará información sobre los establecimientos cerrados, los motivos específicos de cada medida y los plazos que tendrían los propietarios para subsanar las eventuales irregularidades que dieron origen a los cierres. Sería esperable un pronunciamiento oficial de la administración distrital en los próximos días, así como reacciones de los gremios comerciales y hoteleros de la ciudad.
