La controversia se originó el domingo pasado, cuando Rodríguez, quien dirigió el Fondo Adaptación —la entidad creada para la reconstrucción tras la ola invernal de 2010-2011—, rompió el silencio en diálogo con una emisora radial nacional. Allí formuló señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción que, según dijo, conoció durante su paso por el Gobierno nacional, y afirmó que decidió hablar porque ya no confiaba en el presidente Petro.
Entre sus declaraciones más citadas, Rodríguez sostuvo que el mandatario terminó permitiendo que vínculos personales incidieran en decisiones políticas y administrativas. En ese contexto mencionó a Juliana Guerrero. «Había una relación (entre Juliana Guerrero y el presidente) que no era normal, la influencia que ella tenía en el gobierno no era normal, era recibir la presión de ella. Su relación no era necesariamente laboral», expresó en diálogo con Blu Radio. Guerrero ha sido objeto en las últimas semanas de investigaciones periodísticas sobre una presunta red para direccionar contratos públicos, señalamientos que ella ha rechazado.
La exfuncionaria fue más allá y habló de lo que llamó una «red de mujeres» con capacidad de incidencia dentro de Casa de Nariño. «En Casa de Nariño había una red de mujeres que creían que eran las que mandaban. No era solamente Juliana. Había un vínculo entre muchas mujeres que ejercían presión y mi salida fue por ellas, porque yo me oponía», resaltó. Rodríguez afirmó que esa cercanía terminó afectando el funcionamiento del Gobierno y que el presidente «mezcló el corazón con la política», episodio que citó como una de las razones por las que, a su juicio, el proyecto político perdió el rumbo.
Rodríguez relató también, visiblemente afectada y en llanto durante una de las entrevistas, una fuerte discusión que habría sostenido con el presidente y aseguró que el comportamiento de Petro durante ese episodio le recordó «su pasado en la guerrilla», en alusión al M-19, movimiento del que el mandatario fue integrante y que se desmovilizó en 1990 tras un acuerdo de paz con el Gobierno nacional. La exfuncionaria indicó que desde entonces comenzó a preocuparse por su seguridad y la de su familia, al punto de asegurar que ya sacó a sus padres del país y que teme por su vida y la de su hijo debido a las denuncias que ha hecho públicas.
La respuesta del jefe de Estado no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, Petro afirmó que lamentaba haber conocido a Rodríguez y pidió al ministro de Hacienda —cartera de la que depende presupuestalmente el Fondo Adaptación— que la declarara insubsistente por presunta incompetencia en el cargo. El mandatario acompañó su mensaje con la publicación de un documento relacionado con una incapacidad médica de la exfuncionaria por razones psiquiátricas, decisión que desató una ola de críticas.
Reserva legal de los datos de salud
La Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales en Colombia, clasifica la información relacionada con la salud como un dato sensible que solo puede divulgarse con autorización expresa del titular o por orden judicial. La divulgación de esa clase de información sin el consentimiento del afectado abre la puerta a eventuales indagaciones ante la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada del control disciplinario de los servidores públicos.
Rodríguez, por su parte, ha ampliado sus denuncias en los días siguientes. Ha insistido en que teme represalias por las revelaciones que ha hecho públicas y ha sostenido que varias personas mencionadas en sus declaraciones se han visto afectadas por sus señalamientos. La exfuncionaria también formuló una reflexión de carácter político sobre el sector al que perteneció durante su carrera pública: dijo sentirse «violentada» y «totalmente traicionada» por el mandatario, y sostuvo que la izquierda colombiana «necesita mucha autocrítica» porque, a su juicio, terminó incurriendo en las mismas prácticas que en su momento cuestionó desde la oposición.
El episodio se produce en un momento de particular sensibilidad para el Gobierno de Petro, que concluye su mandato el 7 de agosto de 2026. La confrontación pública entre el presidente y una exfuncionaria de su propio equipo ha reavivado el debate sobre el manejo de denuncias internas y sobre los límites de la respuesta institucional ante señalamientos de esta naturaleza.
Desde Casa de Nariño no se ha ofrecido una versión adicional a la expresada por el propio presidente en su cuenta de X. Guerrero, mencionada de forma directa por Rodríguez, ha rechazado los señalamientos sobre irregularidades en su gestión relacionados con las investigaciones periodísticas en curso.
Vías institucionales abiertas
El procedimiento para declarar insubsistente a un funcionario de libre nombramiento y remoción corresponde al nominador de la entidad respectiva, en este caso vinculada al Ministerio de Hacienda. En paralelo, tanto la Procuraduría, en el plano disciplinario, como la Fiscalía General de la Nación, en el penal, pueden abrir actuaciones de oficio o por denuncia ciudadana. Hasta el momento no se ha confirmado la apertura de una investigación formal derivada de las declaraciones de Rodríguez.
El país registra antecedentes de choques públicos entre funcionarios y exfuncionarios que derivaron en actuaciones ante los órganos de control. Uno de los más recordados fue el escándalo por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional de Protección durante el gobierno de Iván Duque, cuando denuncias internas dieron paso a investigaciones disciplinarias y penales que se prolongaron ante la Fiscalía y la Procuraduría. Esos casos ilustran cómo las controversias internas del Ejecutivo suelen trasladarse a instancias de control cuya resolución excede los tiempos del gobierno de turno.
En los próximos días se espera que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre la solicitud presidencial de declarar insubsistente a Rodríguez. El desenlace de la controversia, a pocos días de la transición presidencial del 7 de agosto, se perfila como uno de los últimos capítulos de tensión interna del actual Gobierno, mientras las revelaciones de la exfuncionaria quedan sujetas a la eventual actuación de los órganos de control y de las autoridades judiciales.
