El anuncio se produce a una semana de la instalación del nuevo periodo constitucional y marca una de las primeras rupturas formales entre la oposición de izquierda y el gobierno entrante. Mondragón declaró ante las cámaras que "le queremos avisar al país que el Pacto Histórico decidió que ningún congresista asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella porque consideramos que carece de legitimidad". La colectividad no ha acompañado ese pronunciamiento con una impugnación ante el Consejo de Estado, instancia competente para resolver controversias sobre la validez de la elección presidencial.
El argumento central de la bancada gira en torno a la nacionalidad del mandatario electo. Según Mondragón, se trataría de "un ciudadano con nacionalidad estadounidense que ha priorizado intereses externos por encima de los nacionales, por lo que no garantiza el principio de unidad nacional estipulado en la Constitución". La Constitución Política de 1991 no exige, como requisito de elegibilidad para la Presidencia, la renuncia previa a otra nacionalidad: el artículo 191 establece que puede ser elegido presidente el colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años, y la Carta admite expresamente la doble nacionalidad. Cualquier controversia sobre la validez del proceso electoral corresponde dirimirla al Consejo de Estado, no a un pronunciamiento de bancada.
En la misma intervención participó el congresista Alfredo Mondragón, representante por el Valle del Cauca, quien amplió los cuestionamientos hacia el terreno institucional. El legislador sostuvo que existiría "una intención de profundizar la alteración de los contrapesos institucionales al intentar ubicar el poder militar por encima de la autoridad civil", señalamiento que remite al principio de subordinación de la fuerza pública al poder civil que consagra el ordenamiento constitucional. Ni Mondragón ni la bancada precisaron qué decisiones o nombramientos del gobierno entrante sustentarían esa afirmación.
La decisión de no asistir a la posesión tiene, además, un trasfondo de disputas recientes en el propio Congreso. Los representantes del Pacto Histórico recordaron las derrotas de las fuerzas afines al nuevo gobierno en la conformación de las mesas directivas de Senado y Cámara, un episodio que refleja la fragmentación de las mayorías parlamentarias al inicio de la legislatura.
El cambio de sede de la ceremonia también fue objeto de señalamientos por parte de la oposición. Según los congresistas, inicialmente se contempló realizar el acto de posesión en el departamento del Cauca, pero finalmente se fijó en Santiago de Cali. Mondragón atribuyó ese giro a "dinámicas de confrontación" en la región del suroccidente colombiano, sin que la organización del evento haya ofrecido una explicación oficial sobre el traslado.
La convocatoria a la movilización se difundió también en redes sociales. El congresista Alfredo Mondragón publicó un mensaje en el que anunció que la bancada convocará "espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país", en referencia a la jornada del 7 de agosto. Francisco Mondragón cerró la declaración conjunta señalando que se aprestan "para una resistencia pacífica y multitudinaria para evitar la entrega de los recursos nacionales a intereses extranjeros", y llamó a la "organización y a la remontada política" de su colectividad. Los congresistas insistieron en que las jornadas de protesta se enmarcarían dentro de la legalidad.
Un procedimiento fijado en la Constitución
El artículo 192 de la Constitución establece que el presidente de la República toma posesión de su cargo ante el Congreso, prestando juramento, y prevé que, si por cualquier motivo no puede hacerlo ante el Legislativo, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en su defecto, ante dos testigos. Hasta ahora no se ha reportado ninguna circunstancia que altere el procedimiento previsto para el 7 de agosto en Cali, donde se realizará la sesión plenaria conjunta. La ausencia anunciada por el Pacto Histórico no afecta la validez del acto, pues la posesión no depende del quórum de asistencia de las bancadas.
La inasistencia total de una bancada de oposición a la posesión presidencial constituiría un hecho inusual en el manejo institucional de las transiciones de poder en Colombia. En posesiones anteriores marcadas por alta polarización —como la de 2018, cuando Iván Duque asumió la Presidencia tras derrotar en segunda vuelta a Gustavo Petro—, los partidos de oposición mantuvieron representación en el recinto pese a sus diferencias, como forma de reconocer el resultado certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Petro, a su vez, tomó posesión en 2022 en la Plaza de Bolívar, en un acto al que asistieron sectores que no habían respaldado su candidatura.
De cara a los próximos días, el foco estará puesto en si otras colectividades de oposición o independientes se suman al llamado del Pacto Histórico, y en si la convocatoria a movilizaciones en Cali, Barranquilla y otras ciudades logra materializarse dentro del marco legal, como plantearon los propios congresistas. La respuesta del gobierno entrante y una eventual reacción de la Registraduría o de los organismos de control frente a los señalamientos sobre legitimidad serán elementos determinantes para entender el clima político con el que arrancará el nuevo periodo presidencial el 7 de agosto.
