La propuesta busca resolver un dilema recurrente en los procesos de reconstrucción tras desastres en Colombia: la tensión entre la urgencia de restablecer servicios básicos y vivienda para las comunidades afectadas y la necesidad de que el manejo de los recursos —tanto públicos como de cooperación privada— quede blindado frente a riesgos de mal manejo o duplicidad de esfuerzos.
El mecanismo de fiducia, ampliamente utilizado en Colombia para administrar recursos de terceros con destinación específica, permitiría segregar los dineros aportados por el sector privado, la cooperación internacional o donantes individuales, de manera que su ejecución quede sujeta a reglas contractuales claras y a la vigilancia de un vocero designado por los aportantes, según el esquema planteado por el dirigente empresarial.
La junta de donantes, de acuerdo con lo señalado por Mac Master, tendría la función de definir prioridades de inversión y aprobar los proyectos que se financiarían con esos recursos, mientras que la auditoría internacional verificaría que la ejecución corresponda a lo presupuestado y que no existan desviaciones. Ese tipo de arreglos ya se ha empleado en procesos de reconstrucción posteriores a desastres naturales en el país, con resultados dispares según el nivel de coordinación entre el sector privado y las entidades estatales.
Del Forec a la Ley 1523: el andamiaje de la reconstrucción
El antecedente más citado en el debate público colombiano sobre reconstrucción es el del terremoto que devastó a Armenia y otros municipios del Eje Cafetero en enero de 1999, cuando el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), un esquema que combinó recursos públicos con participación de organizaciones no gubernamentales y veeduría ciudadana. Ese proceso, evaluado durante años por la Contraloría General de la República, dejó lecciones sobre la trazabilidad de los recursos y la articulación con las alcaldías locales.
El marco normativo vigente para la gestión de desastres está definido principalmente por la Ley 1523 de 2012, que estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y fijó las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno —nacional, departamental y municipal— en las fases de atención, rehabilitación y reconstrucción. Esa ley contempla que recursos privados y de cooperación internacional se canalicen hacia los procesos de reconstrucción, siempre bajo mecanismos de control fiscal sujetos, en última instancia, a la vigilancia de la Contraloría.
La coordinación con el Estado sería, según lo planteado por el dirigente gremial, un componente central del esquema. Esto implicaría que los proyectos financiados con la fiducia no operarían de manera paralela a la institucionalidad pública, sino en articulación con las entidades territoriales y nacionales responsables de la gestión del riesgo, entre ellas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que coordina la respuesta institucional ante este tipo de emergencias.
Mac Master, quien preside la Andi desde 2012 y ha sido una de las voces del empresariado colombiano en el diálogo con sucesivos gobiernos, ha sostenido que la velocidad de respuesta ante emergencias no puede sacrificar los controles institucionales. Su planteamiento se produce en un contexto en el que el gremio empresarial ha buscado posicionarse como interlocutor en la atención a comunidades afectadas por fenómenos climáticos y desastres naturales que en los últimos años han golpeado a distintas regiones del país.
La experiencia reciente en materia de atención a desastres, incluidas las temporadas de lluvias que han afectado a departamentos como Chocó, La Guajira y zonas del Pacífico y el Caribe, ha puesto en evidencia las dificultades para articular la respuesta entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y el sector privado. Organizaciones sociales y algunos congresistas han señalado en debates de control político previos que la falta de trazabilidad en el uso de recursos de emergencia ha sido motivo recurrente de señalamientos por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.
El planteamiento se inserta en un debate más amplio sobre el papel del sector privado en la financiación de la reconstrucción tras desastres. En el pasado ha generado posiciones encontradas entre quienes defienden una mayor participación empresarial mediante mecanismos de responsabilidad social y quienes advierten sobre el riesgo de que la respuesta a las emergencias quede sujeta a la voluntad y disponibilidad de recursos privados, en lugar de depender de una política pública con presupuesto asegurado por el Presupuesto General de la Nación.
Por ahora no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la Casa de Nariño ni de la UNGRD sobre la propuesta, ni detalles sobre el monto de recursos que se buscaría movilizar a través de la fiducia o sobre los donantes que ya habrían manifestado interés. Tampoco se ha precisado qué entidad fiduciaria administraría los recursos ni el cronograma previsto para su puesta en marcha.
La eventual creación de la fiducia y la conformación de la junta de donantes serán los primeros hitos verificables para determinar si la propuesta avanza más allá del plano declarativo y se traduce en un mecanismo operativo con recursos efectivamente comprometidos. En los próximos días se espera que el planteamiento sea objeto de análisis por parte de las entidades del Gobierno Nacional encargadas de la gestión del riesgo y de organizaciones de la sociedad civil que han seguido de cerca los procesos de reconstrucción en el país.
