El proceso fue gradual. A principios de julio Cerro Matoso anunció una primera reducción del 25 % de su operación por escasez de gas. Gaviria advirtió entonces que, de no mediar la intervención de agentes del Gobierno nacional —mencionó explícitamente la posibilidad de intervenir a Canacol—, el recorte podría escalar al 50 %. Esa proyección se cumplió pocas semanas después, cuando la empresa confirmó que solo dispone de gas suficiente para operar a la mitad de su capacidad instalada.
Según el relato del directivo, el contrato suscrito con Canacol en 2022 y vigente hasta 2029 establecía la entrega diaria de 16.000 MBTU (unidades térmicas británicas). Meses atrás, la proveedora ya había reducido el suministro a 11.000 MBTU diarios por dificultades en sus pozos, un ajuste que Cerro Matoso dice haber aceptado de manera temporal. Sin embargo, a comienzos de julio la cifra cayó a 7.000, luego a 5.000 y posteriormente a cerca de 4.000 MBTU, con oscilaciones que la compañía atribuye a decisiones tomadas, en palabras de Gaviria, «sin conversación» con ella.
La caída del suministro repercute directamente en la producción de ferroníquel. Cerro Matoso había proyectado para el año calendario 2026 una meta de 32.100 toneladas. De mantenerse la operación al 50 % durante los próximos meses, como anticipa el directivo, la producción se ubicaría en torno a 26.000 toneladas, unas 6.000 menos: un recorte cercano al 20 % frente a lo previsto. Gaviria señaló que los costos fijos de la planta son altos, lo que agrava el impacto financiero del menor volumen.
El recorte también implica riesgos técnicos. Según explicó Gaviria, la compañía puso en preservación una de sus líneas de producción con corriente eléctrica, un mecanismo para el que los hornos no están diseñados. El objetivo, dijo, es evitar el deterioro del equipo para poder reactivar la línea una vez se normalice el flujo de gas, aunque reconoció que sostenerla en ese estado «es un riesgo».
La empresa no ha activado hasta el momento las cláusulas de multa previstas en el contrato pese a los incumplimientos que denuncia. Gaviria explicó que ningún cliente de la demanda de gas en el Caribe colombiano —donde Canacol es uno de los principales proveedores— tiene interés en que la proveedora deje de operar, razón por la cual la prioridad ha sido negociar la reanudación del suministro antes que escalar el conflicto por la vía sancionatoria. «Nadie, desde la demanda, quiere que Canacol se acabe», afirmó el directivo.
Gaviria situó el inicio de las tensiones en mayo de 2026, cuando —según su versión— Canacol presentó ante una corte canadiense una solicitud orientada a cancelar contratos de suministro. Desde entonces, relató, los directivos de la proveedora aceptaron una sola reunión y luego evitaron nuevos acercamientos, hasta que la Superintendencia de Sociedades citó a ambas partes a una audiencia el martes anterior, en la que finalmente participó un representante de Canacol. Se trataría, según Gaviria, del primer contacto entre las compañías en cuatro meses.
La Superintendencia de Sociedades, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene entre sus funciones la vigilancia de procesos de insolvencia y la resolución de conflictos entre sociedades comerciales cuando existe riesgo para terceros. Su convocatoria a esta audiencia indica que la disputa ha superado el terreno estrictamente contractual y compromete la cadena de suministro energético en la región Caribe.
Del contrato al debate energético
El titular de la entrevista original, que Gaviria dirige contra el «Gobierno que está saliendo» por no haber otorgado licencias de exploración de gas, remite a una discusión de fondo sobre la política energética del país. Distintos gremios del sector extractivo han planteado que la ausencia de nuevas licencias de exploración y explotación ha reducido la oferta de gas en el mercado interno, mientras que el Gobierno nacional ha defendido una transición energética gradual y la diversificación de fuentes. Ambas lecturas conviven en un debate que precede al caso puntual de Cerro Matoso.
No es la primera vez que una gran industria del país reporta afectaciones por restricciones en el suministro de gas natural. El sistema interconectado nacional ha atravesado episodios de estrechez de oferta durante fenómenos climáticos que reducen la generación hidroeléctrica y elevan la dependencia de la generación térmica —y, por tanto, del gas—, una dinámica recurrente en los balances del mercado energético colombiano. La disputa actual, sin embargo, se enmarca en un conflicto contractual bilateral y no en una restricción estacional del sistema.
Canacol Energy, de origen canadiense y con presencia bursátil en Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia, es uno de los principales productores de gas natural del Caribe colombiano, con operación concentrada en Sucre, Bolívar y Córdoba. La compañía no ha emitido una versión pública que responda directamente a las afirmaciones de Cerro Matoso sobre los incumplimientos señalados; el único acercamiento reciente entre las partes se dio en la audiencia convocada por la Superintendencia de Sociedades.
Cerro Matoso, de propiedad de la multinacional suiza Glencore, es uno de los mayores empleadores industriales de Córdoba y un contribuyente relevante de regalías para los municipios de su zona de influencia, incluido Montelíbano. Una reducción sostenida de su producción tendría impacto directo sobre las finanzas de esas administraciones locales, en buena medida dependientes de los recursos de regalías provenientes de la actividad minera.
De cara a los próximos meses, Gaviria proyectó que el suministro reducido podría prolongarse «por unos meses más» si no se resuelven los problemas en los pozos de Canacol o si no se materializan alternativas de abastecimiento. El acercamiento mediado por la Superintendencia de Sociedades será determinante para saber si Cerro Matoso puede retomar su operación plena antes de que termine el año calendario 2026.
