De acuerdo con lo que han podido establecer las autoridades, algunas personas estarían accediendo a edificaciones parcialmente destruidas con el propósito de sustraer dinero, joyas y otros elementos de valor que quedaron entre los escombros. Los reportes indican que se habrían encontrado túneles cavados en dirección a cajas fuertes, un patrón que sugeriría conocimiento previo de la ubicación de esos objetivos dentro de las estructuras afectadas. Los movimientos sospechosos se habrían concentrado durante las horas de la madrugada.
Los sectores que antes de la emergencia concentraban actividad comercial figurarían entre los de mayor interés. Supermercados, casinos, sucursales bancarias y establecimientos de venta de tecnología son, según las alertas recogidas por la Policía, los puntos donde se habría detectado mayor movimiento sospechoso, por la posibilidad de encontrar dinero o mercancía en su interior.
A esta preocupación se suma otra de mayor complejidad operativa: los presuntos infractores estarían utilizando prendas similares a las de los organismos oficiales de atención de emergencias. Esta circunstancia, de confirmarse, dificultaría la identificación de quienes efectivamente pertenecen a los equipos de búsqueda y rescate autorizados, y podría generar riesgos para el personal que trabaja en las zonas de desastre.
En respuesta a estas alertas, la Policía dispuso el despliegue de unidades del Bloque de Búsqueda y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en los barrios Victoria, Olaya, Corocito y La Libertad, con especial atención durante las jornadas nocturnas, cuando se habría concentrado la mayoría de los movimientos irregulares reportados.
Un marco penal con penas agravadas por calamidad
El ordenamiento colombiano contempla sanciones agravadas para los delitos contra el patrimonio económico cometidos en circunstancias de calamidad pública. El Código Penal establece que el hurto y el hurto calificado ven incrementada su pena cuando se ejecutan aprovechando situaciones de desastre, naufragio, pánico o cualquier infortunio o calamidad, circunstancia que las autoridades tendrían en cuenta en caso de identificar y judicializar a los responsables.
La suplantación de miembros de organismos de socorro también constituye conducta punible. La usurpación de funciones públicas y el uso indebido de insignias, uniformes o distintivos de entidades como la Cruz Roja, la Defensa Civil o los cuerpos de bomberos están tipificados en Colombia y contemplan penas privativas de la libertad, en la medida en que ponen en riesgo la confianza ciudadana en la asistencia humanitaria.
El precedente de Armenia en 1999
El país tiene antecedentes de episodios similares tras grandes emergencias sísmicas en el mismo eje cafetero. Después del terremoto de Armenia de 1999, que dejó más de mil muertos y miles de edificaciones colapsadas, se reportaron casos de saqueo y pillaje en zonas comerciales del centro de la ciudad, lo que obligó a decretar toque de queda y a desplegar al Ejército Nacional para el control del orden público en los días posteriores al desastre.
La alcaldía de Pereira no se ha pronunciado públicamente con detalle sobre el número de casos investigados ni sobre eventuales capturas relacionadas con estos hechos, mientras que la Policía ha limitado sus declaraciones al anuncio del refuerzo operativo en los sectores señalados. Tampoco se ha informado sobre la apertura de investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la Nación en torno a los presuntos hurtos en las zonas afectadas.
La emergencia generada por el sismo continúa exigiendo recursos logísticos considerables a las autoridades locales y nacionales, que deben simultanear las labores de rescate, la evaluación estructural de las edificaciones comprometidas y el control de la seguridad en un perímetro urbano extenso y parcialmente destruido. Diferentes organismos nacionales e internacionales mantienen equipos desplegados en las zonas afectadas para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención a los damnificados.
De cara a los próximos días, se espera que la Policía amplíe la información sobre los operativos realizados en los barrios señalados y que las autoridades judiciales determinen si existen elementos suficientes para adelantar investigaciones formales por los presuntos hurtos y la eventual suplantación de organismos de socorro. La evaluación estructural de las edificaciones comprometidas por el terremoto continuará siendo, entretanto, la prioridad de los equipos técnicos desplegados en la ciudad.
