"Hay recursos comprometidos, contratos suscritos y estructuras administrativas financiadas, pero evidentemente la ejecución física en territorio no avanza al mismo ritmo", señaló la vocera presidencial, según el balance divulgado por la Casa de Nariño el sábado a través de su cuenta institucional.
Las cifras expuestas por el Ejecutivo muestran que, para 2026, la ART cuenta con un presupuesto de inversión de $68.309 millones, del cual el 91 % ya estaría comprometido mientras los pagos efectivos alcanzarían apenas el 18 %. A esa brecha se suman los 92 proyectos con avances físicos inferiores al 30 % de su meta, de acuerdo con el reporte presidencial.
La pesquisa se extendió a los últimos cuatro años. Entre 2022 y 2026 habrían sido destinados aproximadamente $368.000 millones a 7.600 contratos de prestación de servicios de la ART y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, según los datos presentados por Presidencia. En ese mismo periodo, el Fondo Colombia en Paz habría asignado cerca de $2,9 billones a estas dependencias, con más del 90 % del dinero comprometido pero una ejecución física total que no superaría el 40 %.
El programa Renacemos, por su parte, recibió $1,3 billones, aunque el avance reportado rondaría apenas el 20 %. Los convenios de la Dirección de Sustitución con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que superan los $760.000 millones, registrarían una ejecución informada inferior al 30 %, de acuerdo con las cifras del Ejecutivo.
Un capítulo aparte lo ocupan 13 contratos suscritos desde 2024 por la ART mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales. Esos convenios, que suman cerca de $4.600 millones, registrarían una ejecución física del 0 %, según el reporte de la Vocería de Presidencia. Adicionalmente, permanecerían pendientes de liquidación 19 convenios y contratos interadministrativos firmados entre 2022 y 2025, y habrían sido advertidas deficiencias en la publicación de información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
El mandatario Abelardo De La Espriella ordenó revisar "proyecto por proyecto, contrato por contrato y territorio por territorio" para determinar cómo se están ejecutando los recursos destinados a las comunidades afectadas por el conflicto y la sustitución de cultivos ilícitos. El propósito, según el Ejecutivo, es establecer cuáles iniciativas presentan retrasos, qué contratos requieren correctivos y dónde existen gastos administrativos susceptibles de ser racionalizados.
La Agencia de Renovación del Territorio fue creada en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc para coordinar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 170 municipios más golpeados por el conflicto, y su ejecución ha sido objeto de reparos reiterados de la Contraloría General en informes de años anteriores. La revisión anunciada se inscribe en un escrutinio más amplio sobre la ejecución presupuestal de entidades públicas, que también ha alcanzado a otros organismos del Estado, como evidenció el reporte sobre la deuda heredada que compromete la operación de Rtvc.
"Donde se identifiquen posibles irregularidades, la información será puesta en conocimiento de las instancias competentes para que actúen conforme a la ley", afirmó la Vocería de Presidencia.