Soto, economista y excodirectora del Banco de la República, llega a la presidencia de la CCI en reemplazo de Araújo, quien durante su gestión había construido una relación de cercanía con el Gobierno de De La Espriella. La nueva presidenta es conocida en la opinión pública, además de por su trayectoria técnica, por ser esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La vocera no ocultó su molestia. "Después del acercamiento amistoso y el colegaje de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en cabeza de María Consuelo Araújo, con el Gobierno del presidente De La Espriella, resulta al menos paradójico que la Junta Directiva de la CCI haya desconocido el mensaje implícito en que del gremio saliera la embajadora ante los EE. UU., y procediera sin víspera a elegir apresuradamente a una persona sin cercanía alguna con el Gobierno", escribió Gómez en la red social.
La vocera fue más allá al advertir sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría la decisión de la Junta Directiva. "Esa relación sufre una fractura muy inconveniente cuando apenas despuntan los cuatro años de la Patria Milagro", afirmó, en referencia a la denominación que la actual administración ha usado para su cuatrienio.
Frente al cuestionamiento, la CCI defendió la designación como un ejercicio autónomo de su Junta Directiva. En un comunicado, el gremio sostuvo que "su designación representa una garantía de continuidad y estabilidad institucional para la CCI, así como una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo del gremio en beneficio del sector de la infraestructura del país". El documento no hizo referencia directa a las críticas de la vocera presidencial.
Un gremio con peso en la política pública
La Cámara Colombiana de la Infraestructura es uno de los gremios con mayor incidencia en la política pública del país, por su rol como interlocutor del Estado en materia de concesiones viales, aeropuertos, puertos y proyectos de asociación público-privada. Su presidencia ha sido tradicionalmente un cargo de alta exposición política, en la medida en que el sector depende de las decisiones del Gobierno nacional sobre adjudicación de contratos, vigencias futuras y política fiscal para la obra pública.
El episodio se produce en un momento de recomposición institucional tras la llegada de De La Espriella a la Casa de Nariño. La salida de Araújo hacia la embajada en Washington abrió un espacio de sucesión que, según la lectura de la vocera presidencial, debía interpretarse como una señal para mantener la cercanía entre el gremio y el nuevo Gobierno. La elección de Soto, sin vínculos conocidos con la actual administración, rompió esa expectativa según Gómez.
La relación entre la Casa de Nariño y las cúpulas gremiales no es nueva como fuente de tensión. A lo largo de distintos gobiernos, el vínculo del Ejecutivo con agremiaciones como la Andi, Fenalco o Camacol ha oscilado entre la colaboración estrecha y el distanciamiento, según la afinidad de sus directivos con el mandatario de turno. Durante el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, las diferencias públicas entre la Casa de Nariño y varios gremios empresariales marcaron buena parte del debate económico del cuatrienio.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Transporte se pronunciaron de manera oficial sobre el nombramiento de Soto más allá de las declaraciones de la vocera. Tampoco se conoció una respuesta directa de Soto ni de Araújo a las afirmaciones de Gómez, ni un pronunciamiento del propio presidente De La Espriella sobre el episodio.
El trasfondo remite a la disputa por la conducción de la política de infraestructura, un sector estratégico para el Presupuesto General de la Nación y para las metas de crecimiento económico. Una eventual fricción entre el Gobierno y la CCI podría incidir en la ejecución de proyectos de cuarta y quinta generación de concesiones viales, así como en la discusión de vigencias futuras, cuyo trámite debe surtirse ante el Congreso de la República.
La designación de Soto deberá afrontar ahora la prueba de la relación práctica con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, entidades con las que el gremio mantiene una interlocución permanente sobre el estado de los contratos de concesión vigentes. En las próximas semanas se conocerá si la nueva presidenta busca un acercamiento formal con la Casa de Nariño o si, como anticipa la vocera Gómez, se profundiza el distanciamiento.
