El censo reunió las respuestas de 1,143,451 estudiantes y 133,582 docentes de 2,900 instituciones de educación superior, y ofrece la primera fotografía de escala nacional sobre un fenómeno que, según reconocen las propias autoridades educativas, se extendió por las aulas sin criterios comunes que lo acotaran. El mismo ejercicio arroja que 79% de los universitarios emplea estas herramientas para generar textos, un uso que trasciende la consulta ocasional y toca de lleno los procesos de evaluación académica.
La discusión que arrancará en agosto no parte de cero. De acuerdo con la información disponible, 16 estados ya cuentan con disposiciones que prohíben o regulan el uso de celulares y otros dispositivos digitales dentro de los planteles, aunque cada entidad definió sus propios alcances, excepciones y niveles educativos. Querétaro aprobó una de las medidas más recientes, que extiende la restricción a primarias, secundarias y bachilleratos, públicos y privados, y que solo permite el uso de dispositivos durante la jornada escolar cuando forman parte de una actividad pedagógica, existe una emergencia o hay supervisión docente directa.
El plan de la dependencia contempla un segundo foro el 3 de septiembre en Chiapas y un tercero el 17 de septiembre en Guerrero, encuentros pensados para reunir a especialistas, docentes, familias y comunidades escolares de distintas regiones. Los planteamientos recabados en esas sesiones servirán como insumo para construir la iniciativa que después se remitiría al Congreso de la Unión, aunque por ahora no hay calendario legislativo definido ni certeza sobre en qué periodo ordinario podría presentarse.
El vacío detectado por el censo no se limita a la ausencia de reglas claras: también revela que la mayoría de los estudiantes ignora si esas reglas existen. Esa brecha de información sugiere que las instituciones que sí cuentan con lineamientos no logran comunicarlos con eficacia a su comunidad estudiantil, de modo que la distancia entre la norma y su conocimiento se vuelve un problema por sí mismo.
"La inteligencia artificial ya está aquí": el criterio del especialista
Luis Portales Derbez, director de Experimentación y Medición de Impacto del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey, planteó en entrevista con Expansión que cualquier intento de regulación debe partir de una premisa básica: la inteligencia artificial generativa ya forma parte del entorno educativo y no desaparecerá por la vía de la prohibición. "Pondría una condición de base: la inteligencia artificial ya está aquí. Por más que queramos ignorarla, está aquí. Entonces, al reconocer que la vamos a utilizar, la pregunta es bajo qué criterios permitimos su uso", afirmó.
Portales se manifestó en contra de las prohibiciones generalizadas. Desde su experiencia como docente, reconoció que celulares, audífonos y notificaciones dificultan sostener la atención en el salón, pero subrayó que esos mismos dispositivos permiten responder cuestionarios, contrastar información o trabajar con herramientas generativas de manera productiva. "Prohibir no necesariamente es bueno. Estoy más a favor de regular y hacerles ver a los estudiantes cuáles son las implicaciones de tener un dispositivo cuando están tratando de aprender un concepto nuevo", señaló.
El especialista sostuvo que las reglas deben considerar al menos tres variables: la edad de los alumnos, la evidencia disponible sobre los efectos de cada herramienta y el propósito con el que se utiliza. Una restricción durante la primera infancia, explicó, puede responder a razones de salud y desarrollo, mientras que los estudiantes de otros niveles necesitan aprender a manejar la tecnología que encontrarán en la universidad y en el mercado laboral. El riesgo central que, a su juicio, debe guiar cualquier política es que la herramienta sustituya el razonamiento del estudiante en lugar de complementarlo: si la inteligencia artificial "te hace flojo", pierde su valor educativo.
Las medidas estatales vigentes, apuntó, controlan el dispositivo pero no establecen qué debe ocurrir con la inteligencia artificial dentro del proceso educativo, ni resuelven cómo impedir que sustituya el razonamiento del alumno sin retirar una herramienta que también puede mejorar el aprendizaje. Esa distinción —entre regular el aparato y regular el uso de la herramienta— será previsiblemente uno de los ejes de debate en los tres encuentros programados.
El proceso se inscribe en una discusión más amplia sobre inteligencia artificial que el gobierno federal impulsa en otros frentes, incluida la revisión de compromisos digitales en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. La SEP ha vinculado la necesidad de reglas educativas con ese debate nacional sobre el uso, los alcances y los límites de estas tecnologías.
El asunto no es exclusivo de México. El país no ha sido ajeno a los debates sobre la incorporación de tecnología a las aulas: la Reforma Educativa de 2013 incluyó el programa de dotación de tabletas y computadoras portátiles a alumnos de educación básica, una política que enfrentó cuestionamientos sobre su instrumentación y utilidad pedagógica, y que ilustra la dificultad recurrente de introducir dispositivos en el sistema escolar sin criterios de uso claros. Aquel antecedente enmarca la disyuntiva actual entre integrar la herramienta o restringirla.
Mientras se define el rumbo, la heterogeneidad entre entidades seguirá siendo la norma. Las 16 legislaciones estatales existentes sobre dispositivos digitales no atienden todavía la pregunta de fondo sobre qué hacer con la inteligencia artificial en el aprendizaje, más allá de controlar el acceso al aparato que la ejecuta. La resolución de ese debate, y el eventual contenido de la iniciativa que llegue al Congreso de la Unión, definirán en los próximos meses si el país adopta un modelo de integración pedagógica, uno de restricción más estricta o una combinación según el nivel educativo. El foro de Nuevo León, el 19 de agosto, marcará el punto de partida formal de una discusión que, según el propio censo, las aulas ya vivían de facto.