El expediente sostiene que Flores-Flores fue miembro activo del cártel durante más de un año, periodo en el que realizó tareas de vigilancia nocturna en un sector asignado de Reynosa y labores de contravigilancia contra fuerzas militares y policiales mexicanas. La acusación detalla que recibía nombres o fotografías de personas señaladas para ser secuestradas, las privaba de la libertad y las entregaba a mandos superiores.
"Presuntamente, prestó servicios que incluían personal, protección y vigilancia regional, contravigilancia policial y eliminación de restos humanos", según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El documento le atribuye un papel directo en secuestros ejecutados por encargo del cártel y lo vincula con la eliminación de restos de al menos dos víctimas.
"Flores-Flores descuartizó al menos a dos víctimas en las afueras de Reynosa después de que estas tuvieran problemas con el Cártel del Golfo", indica la acusación federal estadounidense.
Una revisión de registros reveló que las autoridades estadounidenses lo habían expulsado de ese país a principios de este año, antes de que se formalizara la acusación. El caso se inscribe en la serie de procesos abiertos en Estados Unidos contra presuntos operadores de células del noreste mexicano tras la designación del cártel como organización terrorista extranjera, ocurrida el 20 de febrero de 2025.
Esa designación, adoptada por la administración de Donald Trump, colocó a seis cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado, un catálogo que hasta entonces reservaba a grupos como Al Qaeda o Estado Islámico. La medida amplió las herramientas penales y financieras contra quienes presten apoyo material a esas estructuras, la figura bajo la cual se procesa a Flores-Flores.
El Departamento de Estado describe al Cártel del Golfo, con base de operaciones en el noreste de México, como una estructura dedicada al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas, que recurre a la violencia contra civiles y funcionarios para intimidar a la población y controlar territorio en la frontera con Tamaulipas.
La acusación se conoce en un contexto de mayor presión de Washington sobre estructuras criminales mexicanas, después de que Terry Cole, de la Administración para el Control de Drogas, afirmara que existen funcionarios de alto nivel en México que trabajan con los cárteles. El gobierno mexicano ha rechazado de forma reiterada las señalizaciones que atribuyen colusión oficial y ha reivindicado la soberanía nacional frente a operaciones estadounidenses en territorio mexicano.
De ser hallado culpable en tribunales federales estadounidenses, Flores-Flores enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión y una multa máxima de 250 mil dólares, según el Departamento de Justicia.