"Mientras apagamos incendios en el centro y occidente del departamento, en el oriente atendemos emergencias por lluvias intensas", señaló el gobernador Rey al describir el contraste climático que, según sus propias palabras, ha marcado la agenda de la administración departamental durante buena parte del año.
Los incendios forestales golpearon con particular intensidad al departamento en 2026. Con corte a agosto, según el reporte de la gobernación, se registraron 782 incendios que afectaron a 75 municipios, con un total de 2.375 hectáreas quemadas. Solo en agosto, coincidiendo con la llegada de los vientos característicos de esa época del año, se contabilizaron 235 incendios que arrasaron 1.589 hectáreas, una cifra que representa cerca de dos terceras partes de las hectáreas afectadas en lo corrido del año.
En paralelo, el oriente del departamento —particularmente los municipios de Guayabetal, Quetame, Cáqueza, Gachetá, Gachalá, Útica y Manta— ha sido escenario de lluvias persistentes que generaron crecientes en ríos y quebradas. En Guayabetal, la situación más crítica se concentra en el sector El Ocal, donde el puente que lleva ese mismo nombre conecta a once veredas con el resto del municipio.
De acuerdo con el gobernador Rey, el material que se acumula en el punto no es reciente: proviene, en parte, de la descarga de sedimentos que hizo la quebrada Estaqueca hace tres años, un evento que en su momento provocó el cierre definitivo de la vía al Llano en ese mismo tramo. Esa acumulación histórica se ha visto agravada por el arrastre de nuevos sedimentos con cada episodio de lluvias intensas.
El mandatario detalló que la sección hidráulica natural del río tiene una altura aproximada de siete metros, pero la acumulación de material hizo que el nivel del agua supere ese umbral y llegue a tocar la superestructura del puente. Ante ese panorama, la gobernación desplazó maquinaria hasta el sitio para adelantar labores de remoción en los ríos Negro y Blanco, aunque el propio Rey reconoció que buena parte de ese trabajo se pierde con cada nueva lluvia, cuando vuelven a acumularse grandes volúmenes de sedimento.
Pese a la gravedad del escenario, el gobernador precisó que la evaluación técnica realizada hasta el momento permitió verificar que "el puente se encuentra en buen estado estructural". No obstante, la administración mantiene labores de monitoreo permanente sobre la zona, en tanto la magnitud del material que sigue bajando desde aguas arriba genera incertidumbre sobre la evolución de la creciente en los próximos días. Voluntarios de la comunidad de Guayabetal se desplazaron hasta el puente para vigilar el comportamiento de la estructura, en una labor que complementa el trabajo institucional.
Un riesgo con antecedente de 2023
El antecedente de la quebrada Estaqueca, que hace tres años obligó al cierre definitivo de un tramo de la vía al Llano por acumulación de sedimentos, resulta clave para entender la vulnerabilidad actual del sector El Ocal. Ese cierre, sumado a la nueva presión hídrica sobre el puente, evidencia un patrón de erosión y sedimentación que las autoridades departamentales identifican como un riesgo estructural de mediano plazo para la infraestructura vial de la región. El episodio se inscribe en una historia recurrente de emergencias en el corredor entre Bogotá y los Llanos Orientales, una de las vías más afectadas del país por deslizamientos y crecientes en temporada invernal.
La situación de Cundinamarca ilustra un fenómeno que se ha vuelto recurrente: la coexistencia de sequía e incendios en unas zonas con crecientes e inundaciones en otras, dentro del mismo territorio y en el mismo periodo del año. Esa variabilidad climática obliga a las administraciones locales a atender de forma simultánea emergencias de naturaleza opuesta con recursos limitados, un desafío que en Colombia se acentúa durante las transiciones entre temporadas seca y de lluvias.
El marco de la gestión del riesgo
La gestión del riesgo de desastres en Colombia está a cargo, en primera instancia, de las administraciones municipales y departamentales, bajo el marco de la Ley 1523 de 2012, que estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Ese sistema contempla la posibilidad de declarar calamidad pública cuando la magnitud del evento supera la capacidad de respuesta local, figura que permite acceder a recursos adicionales del nivel nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Por ahora, la gobernación de Cundinamarca no ha reportado una declaratoria formal de calamidad pública para Guayabetal ni para los demás municipios afectados por las lluvias, y las labores se concentraron en la atención directa mediante maquinaria propia del departamento y la vigilancia comunitaria. Tampoco se ha precisado si se requerirán obras de mayor envergadura —como la construcción de un nuevo puente o la modificación del cauce— para resolver de manera definitiva el riesgo identificado en el sector El Ocal.
La gobernación indicó que continuará con la evaluación técnica de la estructura y con las labores de remoción de sedimentos en los ríos Negro y Blanco, en la medida en que las condiciones climáticas lo permitan. El comportamiento de las lluvias en las próximas semanas, particularmente en el oriente del departamento, será determinante para saber si la situación se estabiliza o si se agrava el riesgo sobre el puente y las once veredas que dependen de él para comunicarse con el resto de Guayabetal.
