Hay algo de repetición ceremonial en que un gobierno se despida del país como llegó: con una reforma tributaria bajo el brazo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en el Congreso un proyecto de 32 artículos que, según trascendió, guarda un parecido notable con la ley de financiamiento que el Ejecutivo ya intentó —sin conseguirlo— sacar adelante. No es tanto una reforma de despedida como una reforma de reencuentro.
La pieza aspira a recaudar $21,9 billones, cifra que el Ministerio de Hacienda considera necesaria para que el Presupuesto General de la Nación de 2027 tenga recursos disponibles. El detalle no es menor: quien diseña ese marco fiscal no será quien lo ejecute. Petro entrega el mando a De La Espriella dentro de pocos días y, aun así, insiste en dejar amarrado el mapa tributario de su sucesor. La política colombiana conoce esa figura del gobierno saliente que legisla hacia un futuro que no habitará; lo particular aquí es la premura.
Una etiqueta y un inventario de gravámenes
La exsenadora Cabal fue la primera en salir al ruedo. En su cuenta de X calificó el proyecto como la ‘última cuenta de cobro’ de Petro y enumeró sus componentes: IVA del 19 % a conciertos, eventos deportivos y vehículos híbridos; mayores impuestos a cigarrillos y vapeadores; incremento del IVA a la gasolina y el diésel; mantenimiento del 19 % a los juegos de suerte y azar; eliminación de deducciones en el impuesto de renta de personas naturales; y modificaciones al impuesto al patrimonio. Cabal resumió su crítica con la expresión ‘el mismo izquierdópata’ y sostuvo que quien ‘prometió defender a la clase media le encarece el combustible, el entretenimiento y la declaración de renta’.
La réplica de Petro llegó por la misma vía. El mandatario saliente defendió que los gravámenes a los vehículos híbridos no penalizan la transición energética sino que la protegen, al calificar de ‘híbridos falsos’ a los modelos que, según su argumento, no generan mitigación de la crisis climática ‘y lo dañan’. Insistió en que la meta es un parque automotor ‘cien por ciento eléctrico’, con beneficios en salud pública —menos enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores— y en las exportaciones, afirmando que las ventas externas de vehículos eléctricos colombianos crecieron un 170 % durante su gobierno.
Conviene aquí el bisturí frío: la cifra del 170 % la aporta el propio Petro en su respuesta, sin que en el material disponible conste una serie institucional que la respalde de forma independiente. Es una afirmación presidencial en medio de un pulso político, a la espera de que el DANE, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o el Banco de la República la corroboren con datos propios. La discusión sobre si los híbridos aportan o no a la reducción de emisiones tampoco se dirime en un hilo de X: es materia de política energética y, llegado el caso, de la ponencia que se debata en las comisiones económicas del Congreso.
Petro fue más allá y metió en la conversación un asunto ajeno al IVA: acusó a ciertos conciertos de boletería costosa de servir como fachada para lavar dólares, mencionó al uruguayo Sebastián Marset —señalado por autoridades de varios países como narcotraficante— y vinculó su nombre con la Fiscalía de Barbosa, además de aludir a artistas de Medellín llevados a escenarios de Miami. Son señalamientos graves, formulados por el jefe de Estado en ejercicio a través de una red social, sin que el material disponible permita verificar imputación judicial alguna asociada a esos hechos. La Fiscalía General de la Nación no ha fijado en este material una posición sobre esas menciones.
La sombra de las reformas contra el reloj
Aquí conviene detenerse en la genealogía del proyecto. Colombia no es ajena a las reformas tributarias de última hora: la historia reciente está poblada de leyes de financiamiento presentadas contra el calendario, algunas declaradas inexequibles después por vicios de trámite ante la Corte Constitucional, otras simplemente hundidas en comisión por falta de tiempo o de votos. La ley de financiamiento de 2018, bajo el gobierno de Iván Duque, es el precedente más citado: nació de la urgencia fiscal y fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, lo que obligó a tramitar una reforma exprés para no dejar un hueco en las cuentas públicas. La pregunta que sobrevuela el nuevo intento es si corre una suerte procesal semejante, en un Congreso que en pocos días deberá lidiar con la instalación de un nuevo gobierno.
Ese es el dato que ordena todo lo demás: el proyecto se radica cuando al gobierno de Petro le quedan apenas días de vida institucional. La expresión ‘cuenta de cobro’ que empleó Cabal apunta a que el desgaste político y el costo fiscal de la iniciativa quedarán, en la práctica, en manos del nuevo Ejecutivo y de un Congreso que deberá decidir si tramita, modifica o archiva una reforma diseñada por una administración que ya no estará para defenderla en plenaria ni para asumir el costo de un IVA más alto sobre los combustibles.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, no aparece en el material con una posición propia sobre el contenido específico del proyecto, lo que deja abierta una incógnita: si su bancada de respaldo optará por hundir la iniciativa apenas asuma, por tramitarla con modificaciones, o por dejarla decantar en el trámite legislativo. Es un vacío que el propio calendario despejará en las próximas semanas.
Lo que sí queda claro en el cruce es el método: dos figuras que dialogan por réplicas breves y datos parciales en una red que premia el zarpazo corto sobre el argumento largo. Cabal reduce la reforma a un golpe contra la clase media; Petro desvía la crítica hacia el terreno ambiental y el narcotráfico. Entre ambos, el ciudadano que paga IVA por un concierto o por el tanque de gasolina se queda sin la explicación técnica que debería acompañar cualquier reforma tributaria: cuánto recauda cada artículo, a quién afecta y qué exención compensa a quién.
El pulso reproduce en miniatura el drama fiscal colombiano de los últimos gobiernos: cada administración necesita más recaudo del que el Congreso está dispuesto a aprobarle, y cada oposición encuentra en esa necesidad munición para la pelea de la semana. La reforma de $21,9 billones podría terminar siendo, como tantas otras, más un episodio de la confrontación entre Petro y Cabal que una ley vigente el año próximo.
Lo que sigue es previsible en su mecánica, incierto en su desenlace: el proyecto deberá surtir los debates reglamentarios en las comisiones económicas de Senado y Cámara, con ponentes designados que tendrán que sortear un calendario comprimido por el cambio de gobierno. Si el nuevo Ejecutivo decide no respaldarlo, su archivo será apenas un trámite; si decide adoptarlo con ajustes, la discusión sobre el IVA a híbridos, conciertos y combustibles apenas empezará. La única certeza, por ahora, es que Petro se va dejando una reforma sobre la mesa y que la decisión sobre su destino recaerá en quien lo suceda.
