El anuncio se produjo luego de que la Corte Constitucional avalara más del 80 % del articulado de la reforma pensional que el Congreso de la República aprobó durante el trámite legislativo impulsado por el Ejecutivo. La ley reorganiza el sistema de pensiones colombiano mediante un esquema de pilares: uno solidario para adultos mayores en situación de pobreza, uno semicontributivo, uno contributivo que reparte las cotizaciones entre Colpensiones y los fondos privados según el monto del ingreso, y uno voluntario.
Forero difundió el anuncio a través de sus redes sociales. "Desde el Centro Democrático estamos preparando un proyecto de ley para corregir los problemas creados por la pensional. Petro se ensañó con los cotizantes de menos recursos económicos y limitó su libertad de elección y eso se debe enmendar", escribió el congresista. No precisó una fecha para la radicación formal del proyecto, que aún estaría en fase de redacción dentro de la colectividad.
Uribe, fundador del Centro Democrático y con voz determinante en las posiciones económicas del partido, utilizó su cuenta en X para trazar los contornos de la iniciativa. Planteó que el sistema quede compuesto solo por fondos privados, con garantía de pensión mínima y un pilar semicontributivo articulado a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), la figura de ahorro para personas sin capacidad de cotizar el salario mínimo completo. "Algo simple: que quede solamente el sistema de fondos; con garantía de pensión mínima y pilar semi-contributivo (BEPs)", anticipó.
El expresidente propuso además impulsar el programa del adulto mayor, mientras que Colpensiones conservaría a sus afiliados actuales, pero sin recibir nuevas afiliaciones ni traslados. Con ese diseño, dijo, se eliminarían los "subsidios regresivos", en alusión a las transferencias que, según los críticos de la reforma, benefician proporcionalmente más a las pensiones altas dentro del régimen de prima media.
Uribe fue más allá en sus señalamientos sobre la entidad pública. "Colpensiones no se necesita, es ineficiencia, derroche y clientelismo. Los fondos privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley. Una pequeña cuenta de MinHacienda liquidaría pensiones de invalidez y sobrevivencia", escribió. A su juicio, una reforma que acaba con el ahorro trae beneficios iniciales, pero en el mediano plazo crea un déficit insostenible, por lo que reclamó "una nueva norma para que los fondos privados tengan el manejo del mayor % de los recursos".
El senador Óscar Darío Pérez, también del Centro Democrático, lanzó una alerta tras el aval de la Corte. Sostuvo que un regreso a un régimen de prima media pone en riesgo las finanzas del país y "los $550 billones de pesos de los colombianos", correspondientes al ahorro pensional administrado por los fondos privados. "Si no protegemos" esos recursos, advirtió, "más temprano que tarde nos obligarán a subir la edad de jubilación".
"La Corte tomó una decisión absolutamente inconveniente para Colombia", afirmó Pérez sobre el fallo que avaló el grueso de la reforma, al considerar que el nuevo esquema es "contrario a la evidencia del mundo". El congresista advirtió que, de mantenerse la ley vigente, el país necesitará otra reforma estructural que toque variables sensibles como la edad de pensión, los años de cotización y las tasas de reemplazo. "Estamos en desacuerdo en que esa ley rija en Colombia", añadió.
Del sistema mixto de la Ley 100 al esquema de pilares
La discusión sobre el diseño del sistema pensional colombiano no es nueva. Desde la Ley 100 de 1993, que instauró el régimen dual de prima media y ahorro individual con solidaridad, el país ha debatido reiteradamente el equilibrio entre sostenibilidad fiscal, cobertura y libertad de elección del afiliado. Reformas previas, como la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, ya habían ajustado requisitos de edad y semanas de cotización ante alertas sobre el pasivo pensional. La reforma de Petro rompe con ese esquema de competencia entre regímenes y traslada las cotizaciones de los ingresos más bajos hacia el componente público.
El gobierno de Gustavo Petro ha defendido la reforma como una corrección a un sistema que, según sus voceros, dejaba sin protección en la vejez a la mayoría de la población ocupada en la informalidad. Desde el Ejecutivo se ha sostenido que el nuevo esquema amplía la cobertura mediante el traslado de cotizaciones de ingresos medios y altos hacia el pilar contributivo público, argumento que el Centro Democrático rechaza al considerar que compromete el ahorro de las futuras generaciones.
El propio trámite de la reforma en el Congreso estuvo marcado por tensiones en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, así como por objeciones de constitucionalidad de la oposición, entre ella legisladores del Centro Democrático, que cuestionaron vicios en el procedimiento antes de que la Corte se pronunciara sobre el fondo del articulado. El aval del tribunal dejó en firme el grueso del texto y fijó parámetros sobre los derechos adquiridos de los afiliados y el tratamiento de las cotizaciones acumuladas en los fondos.
El camino legislativo de la contrarreforma
La eventual radicación del proyecto anunciado por Forero deberá surtir el trámite ordinario previsto en la Constitución: ponencia y primer debate ante la comisión séptima de cada cámara, discusión en plenaria de Senado y Cámara, y conciliación de textos antes de la sanción presidencial. Dado que Petro respaldó públicamente el modelo aprobado, una iniciativa que busque desmontar el papel de Colpensiones enfrentaría resistencia en la bancada de gobierno y podría hundirse en comisión si no logra los apoyos suficientes.
Cualquier cambio adicional al esquema recién avalado tendría que sortear también un nuevo escrutinio de la Corte Constitucional, que ya definió los límites sobre derechos adquiridos y sobre las cotizaciones de los afiliados actuales. Ese antecedente reduce el margen de una contrarreforma que pretenda revertir de plano el modelo mixto por uno basado exclusivamente en fondos privados.
El calendario condicionará el ritmo de esta controversia. La actual legislatura del Congreso se extiende hasta mediados de 2027, por lo que el Centro Democrático tendría margen para radicar y tramitar la iniciativa. Sin embargo, la proximidad del ciclo electoral hacia los comicios legislativos y presidenciales de 2026 hace que el pulso sobre las pensiones se traslade también a la campaña, donde el modelo de reparto frente al de ahorro individual se perfila como uno de los ejes de la disputa entre el petrismo y el uribismo.
