Sigamos. La ley ofrecía dos caminos para cobrar la sobretasa de alumbrado: ligarla a la factura de energía —el método que usa casi todo el país— o colgarla del impuesto predial. El Distrito eligió el segundo, y la razón que dio Cadena es de las que uno firma sin leer la letra pequeña: cobrar por consumo eléctrico castigaba a los sectores productivos que gastan mucha luz sin que ello signifique que tengan más plata ni que disfruten más del alumbrado de la esquina. Es verdad. Una fábrica que funde metal consume electricidad a raudales y no por eso ve mejor iluminada su cuadra. Aceptemos también esta premisa: pagar por consumo no mide ni la capacidad ni el beneficio.
De modo que el criterio correcto —nos dicen— no es cuánta luz usted quema, sino otra cosa. Y aquí la lógica avanza un paso más, que también concedemos: el diseño exime a los estratos 1, 2 y 3, salvo que vivan en un apartamento con avalúo superior a $1.000 millones. Cobra a los estratos 4, 5 y 6 una tarifa de 0,4 por mil. Y para rematar la justicia, inventa un mecanismo fino: la «pobreza oculta», esos propietarios de estrato alto que, cruzados con el Sisbén, resultan no tener con qué, y a quienes la tarifa les queda en cero. Nadie puede objetar la intención. Es un diseño que se preocupa por quién paga. Démosle ese punto, el cuarto ya.
Quinto y último antes de que esto empiece a mostrar su forma verdadera: los recursos llegan en el momento justo. El convenio que rigió el alumbrado durante tres décadas vence a finales de noviembre, la UAESP está armando el nuevo contrato, y Cadena sostiene que tener un proyecto de inversión a diez años con plata garantizada —y no asignaciones anuales de funcionamiento— «permite negociar en mejores condiciones para la ciudad». Más LED en dos años, telegestión después, cuadrillas que ya no tendrán que ir punto por punto a mirar si el bombillo prendió. Todo razonable. Todo defendible. Todo, cada pieza por separado, correcto.
Escribió Gómez Dávila que «un argumento irrefutable es, generalmente, un argumento que no nos permite ver el error del que parte». Y el error del que parte este argumento irrefutable está, precisamente, en el paso que concedimos con más entusiasmo: el de que cobrar por consumo no mide la capacidad de pago. Si esa premisa es cierta —y lo es—, entonces el impuesto predial tampoco la mide. El avalúo de un inmueble dice cuánto vale una casa, no cuánto tiene en el bolsillo quien la habita. Por eso hubo que inventar la «pobreza oculta»: porque el Distrito sabe, y lo sabe tan bien que lo escribió en la norma, que el estrato y el avalúo mienten sobre quién puede pagar.
Y aquí revienta solo. El Distrito descartó el cobro por consumo porque «no mide capacidad de pago», y adoptó un cobro por avalúo que tampoco la mide, al punto de necesitar un parche —el cruce con el Sisbén— para los casos en que el avalúo miente. Es decir: eligieron el instrumento equivocado por la misma razón por la que rechazaron el otro, y luego le añadieron una excepción para tapar el defecto que ellos mismos usaron como argumento contra la alternativa. Si hay que cruzar bases del Sisbén para saber quién puede pagar, la pregunta que se cae de madura es por qué no se cobró, desde el principio, según lo que esas mismas bases dicen de la capacidad real. La respuesta es incómoda: porque el predial ya está montado, ya se recauda, ya tiene a quién mandarle la factura. No se eligió el criterio más justo. Se eligió el tubo que ya estaba instalado.
Y hay un segundo lugar donde la lógica oficial se desmonta sin ayuda. El diseño exime del alumbrado a quien vive en estratos bajos, lo cual suena a progresividad ejemplar. Pero el alumbrado público, por definición, alumbra la calle de todos: lo disfruta por igual quien vive en el apartamento de $1.000 millones y quien pasa por debajo del poste sin ser dueño de nada. El argumento que justificó el método —que hay que cobrar a quien se beneficia— se abandona en el mismo renglón, porque se termina cobrando según quién tiene, no según quién se alumbra. El Distrito no puede sostener a la vez que cobra por beneficio y que exime por pobreza: o una cosa o la otra. Eligió las dos, que es la manera elegante de no elegir ninguna y quedarse con la plata. Todo esto, además, mientras el propio MinHacienda, en otro piso del mismo edificio llamado Estado, acusa al gobierno Petro de «gastadera inútil». La tensión fiscal, resulta, es un argumento que sube y baja según el balcón desde el que se mire.
Queda, entonces, la pieza que explica el apuro. El contrato de treinta años vence en noviembre, la UAESP arma el nuevo, y la sobretasa llega justo a tiempo para «negociar en mejores condiciones». La reforma garantiza plata a diez años para un contrato que todavía no se firma. Como en Macondo, donde las cosas se nombraban antes de existir, aquí el ingreso llega antes que el gasto que lo justifica, y el ciudadano de estrato 4 descubrirá en su recibo del predial que ya está financiando una negociación cuyos términos nadie le ha enseñado. Varios concejales anunciaron que llevarán esto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, si hace falta, al Consejo de Estado; la secretaría jurídica distrital, dice Cadena, ya evaluó los riesgos y el Distrito está listo para «acompañar los procesos que vengan». Traducido: sabían que esto se iba a demandar, y lo aprobaron igual.
De modo que la ciudad aprobó un impuesto sobre lo que vale su casa para pagar la luz de la calle, descartando cobrar por la luz porque la luz no mide quién puede pagar, y luego tuvo que cruzar bases de datos para averiguar, casa por casa, quién realmente podía pagar. Si al final hubo que preguntarle al Sisbén cuánto tiene usted en el bolsillo, la pregunta se responde sola y tiene un nombre y un cargo: ¿quién decidió cobrarle por el avalúo de su apartamento un servicio que ni siquiera depende de su apartamento, Gloria Cadena, y por qué el único criterio justo que su propia reforma reconoce —lo que de verdad tiene usted para pagar— es el único que no sirvió para fijar la tarifa?
