Y sigamos concediendo, que es domingo y hoy no venimos a discutir. Tienen razón también en el procedimiento: por tratarse de un operativo militar con bajas en combate, y no de una actuación judicial en fase de indagación, el caso no arranca ante un juzgado penal ni ante la Fiscalía. Es la Operación Azarías, un despliegue de la fuerza pública en el Guaviare, y las reglas son las que son. Nadie sensato pide que un combate en la selva amazónica se tramite como un contrato de arrendamiento. Hasta aquí, todo en orden.
Aceptemos una premisa más. El Gobierno de De La Espriella asumió la política de seguridad con un enfoque de ofensiva militar declarada contra las disidencias de las FARC. Lo dijo, lo prometió, y ahora lo ejecuta. Le concedemos a usted, señor lector, que un gobierno que anuncia ofensiva y luego ofende es, cuando menos, coherente. La coherencia es una virtud escasa en la Casa de Nariño, y cuando aparece conviene reconocerla antes de que se arrepienta.
Y una tercera, la más generosa: aceptemos que la información llegará. Que el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares o la Fiscalía General de la Nación precisarán, cuando tengan un rato, la fecha exacta, las coordenadas, la unidad interviniente y las circunstancias del combate. Que difundirán la identidad plena de alias 'Tigre' y el radicado bajo el cual se documentará el hecho. Todo llegará. Solo que todavía no. Por ahora tenemos el golpe demoledor y, del comunicado oficial y detallado, ni las coordenadas ni la sombra de las coordenadas.
Reparemos en la asimetría, que es fina. El adjetivo demoledor viajó rápido: se supo en cuestión de horas que fue un golpe, que fue demoledor, y contra quién. Lo que no viajó fue el papel. Sabemos el titular pero no el pie de foto. Sabemos que cayó el hombre de confianza de Mordisco, pero no bajo qué directiva operacional cayó, ni si existían protocolos reforzados para la protección de menores en una acción donde, en efecto, había dos menores. El resultado corre; la trazabilidad camina. Concédame usted que es curioso que la parte gloriosa de una operación se comunique con tanta soltura y la parte verificable se administre con tanta prudencia.
Escribió Nicolás Gómez Dávila que en el fondo de toda política sincera dormita el deseo de que nadie mire demasiado de cerca. No hace falta ir tan lejos ni tan pesimista: basta el precedente. El bombardeo de San Vicente del Caguán, en 2021, ordenado durante el Gobierno de Iván Duque, dejó varios menores de edad muertos y una controversia jurídica que todavía escuece. Aquello también empezó como un resultado operacional, un golpe, y terminó en pronunciamientos de la Procuraduría y en revisión de protocolos militares. La memoria reciente enseña que la distancia entre el parte de victoria y el parte de responsabilidad se mide en meses, y que quien controla el primero rara vez tiene prisa por el segundo.
Sigamos entonces el razonamiento oficial hasta donde él mismo quiera llevarnos. Si el golpe es demoledor y el resultado es indiscutible, entonces la verificación es un mero trámite: se descartará cualquier violación al derecho internacional humanitario, se legalizarán las cinco capturas ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas, el ICBF restablecerá los derechos de los dos menores, y la JEP examinará, si hay conexión con el conflicto, lo que deba examinar. Perfecto. Pero note usted lo que acabamos de aceptar sin querer: hemos dado por probado el final antes de conocer el expediente. Hemos puesto el sello sobre el sobre vacío. Los cinco capturados, mientras tanto, conservan la condición de indiciados y no puede presumirse su responsabilidad penal; el reglamento lo dice con letra clara, aunque el adjetivo demoledor tienda a olvidarlo.
Y aquí revienta solo. Porque el mismo Gobierno que exige, con toda razón, que se llame crimen de guerra al reclutamiento de menores por las disidencias, es el que no ha precisado si su propia Operación Azarías contaba con protocolos reforzados para no repetir el Caguán. Se pide rigor absoluto para el enemigo y paciencia infinita para el comunicado propio. Si aceptamos que un golpe se puede celebrar antes de documentarlo, entonces cualquier operación es demoledora hasta que un juez de control de garantías, la Procuraduría o la JEP demuestren lo contrario, y para entonces ya habrá otro golpe, otro adjetivo, otra selva. El club de la seguridad cobra sus resultados por adelantado y difiere la factura de la verificación a un plazo que nunca vence. Quien paga la entrada, usted, se queda con el titular y sin el pie de foto.
De modo que la pregunta no es si cayó alias 'Tigre', que cayó, ni si el reclutamiento de menores es abominable, que lo es. La pregunta es más modesta y por eso incómoda: cuando por fin salga el comunicado oficial y detallado con la fecha, las coordenadas, la unidad interviniente y el radicado, y cuando la Fiscalía documente cómo se protegió a esos dos niños en medio del combate, ¿qué nombre firmará ese papel en el Ministerio de Defensa del Gobierno de De La Espriella?
