Aceptemos también la segunda premisa. Si para la tercera curul le faltan votos, lo lógico es que los busque. Para eso están las coaliciones: la propia norma, al fijar un umbral que ninguna colectividad alcanza sola, obliga a tejerlas. De modo que sumar a AICO, al Movimiento Alternativo Indígena y Social, a la curul de comunidades afrodescendientes y a las curules de paz no es astucia: es cumplir con el diseño. El constituyente quiso que nadie mandara solo, y quien negocia para completar 32 votos está haciendo, con exactitud, lo que el constituyente le pidió.
Aceptemos la tercera. Si hay que buscar votos, hay que llamar a quien los tiene. Que Guillermo Rivera, según relató el representante Jorge Tovar Vélez en su cuenta de X, haya telefoneado uno a uno a los congresistas de las curules de paz no es más que diligencia. Que sean, palabras de Tovar, «los mismos que para él hace un mes éramos lo peor de la política colombiana» tampoco descalifica la gestión: en política se madura rápido. Un mes es tiempo suficiente para descubrir que aquellos a quienes se despotricaba resultaron ser, mirándolos bien, aliados de fina sensibilidad institucional. Concedámoslo. La coherencia es un lujo; los votos, una necesidad.
Aceptemos la cuarta, que es la más delicada. Si el jefe de la coalición prefiere una plancha antes que otra, está en su derecho de escoger. Que el exrepresentante Alirio Uribe, cercano al senador Iván Cepeda, no figure en la lista final —según versiones que circulan en el Congreso, porque el presidente Petro habría considerado que no defendió con suficiente firmeza la tesis de un presunto fraude en los comicios pasados— es asunto interno. Cada colectividad arma su lista con quien le parece. Y si el criterio para entrar es haber defendido con vehemencia una tesis que aún no se ha probado ante las autoridades competentes, pues ese es el criterio. Aceptémoslo también. Es su plancha.
Aceptemos incluso la quinta. Que el Centro Democrático se haya aliado con el partido Mira para presentar sus propios candidatos demuestra que esto no es cosa de un solo lado: todos juegan el mismo juego con las mismas reglas. Y que la Alianza Verde no aparezca en el comunicado, dividida entre el sector del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el del senador Ariel Ávila, solo confirma que quien no se organiza pierde peso en la repartición. Nueve puestos, varias fuerzas, rondas sucesivas hasta que cada plancha reúna sus 32 votos. Todo transparente, todo aritmético, todo legal. Hemos concedido cinco premisas seguidas y no ha aparecido una sola ilegalidad. Sigamos.
Fue precisamente la reforma política de 2003 la que amplió el número de magistrados y ajustó el mecanismo, con el propósito declarado de corregir el diseño y despolitizar el organismo. No lo logró: el tribunal sigue integrándose, como recuerda el propio material, con excongresistas y aspirantes que no lograron curul, en lugar de perfiles estrictamente técnicos. Y aquí conviene detenerse en una frase de Nicolás Gómez Dávila que la política colombiana no ha querido leer: «El político soluciona problemas que no existirían sin él». Veintitrés años después de una reforma hecha para despolitizar, la noticia de esta semana es que tres colectividades compiten por meter a sus fichas en el árbitro. La reforma no falló por descuido. Funcionó exactamente al revés de lo prometido.
Ahora, con las cinco premisas en la mano, sigamos la lógica hasta donde ella misma nos lleva. El Consejo Nacional Electoral es, según sus competencias, el organismo que inspecciona a los partidos, vigila el origen y destino de la financiación de sus campañas, realiza el escrutinio general y reconoce personerías jurídicas. Es decir: el árbitro de quienes lo eligen. Y esos mismos partidos que hoy negocian curul por curul son los que ese árbitro deberá fiscalizar en las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan. El razonamiento, aceptado entero, desemboca en una escena sencilla: el vigilado escoge al vigilante, le da posesión, y después le entrega sus propias cuentas de campaña para que las revise. Nadie firmaría esa conclusión en voz alta. Pero es la conclusión exacta de las cinco premisas que concedimos sin objetar.
Y no es teoría. El propio tribunal falló en su momento contra la campaña Petro Presidente 2022. De modo que el organismo que hoy la colectividad busca ampliar en su favor es el mismo que ya sancionó al movimiento que la fundó. Concedidas todas las premisas, la conclusión es esta: quien fue fiscalizado por el árbitro trabaja ahora para poner en él a tres de los suyos, con la esperanza —perfectamente humana, perfectamente legal— de que el próximo pito suene distinto. Esto, que no es el proceso 8.000 ni pretende serlo, comparte con aquel episodio una lección que el país insiste en no aprender: cuando el dinero y el voto se cruzan, siempre aparece después alguien preguntando quién controlaba a quién. Solo que aquí la pregunta se hace antes, durante la repartición, y en directo por X.
Así que la reforma de 2003 quería un árbitro técnico y el Congreso entrega un árbitro repartido; la Constitución quiere un organismo autónomo y el mecanismo lo llena de cuotas; y el resultado final, dice el material, determinará quién vigilará la financiación de las próximas contiendas. Todo legal, insistimos, todo aritmético. La única pregunta que queda colgada, y que no es retórica porque tiene respuesta con nombre y apellido, es esta: cuando ese CNE de planchas negociadas tenga que revisar las cuentas de la campaña de la colectividad que puso a tres de sus miembros, ¿a quién llamará su presidente, Benjamín Ortiz, para pedirle que salga de la sala?
