La decisión, en los términos planteados por el directivo, marcaría un giro en la estrategia de una empresa históricamente asociada a la extracción de carbón térmico en La Loma y otras zonas del Cesar. Drummond ha sido, junto con Cerrejón y Prodeco, uno de los grandes actores de la minería de exportación en el Caribe colombiano, con una presencia que se remonta a la década de 1980, cuando el país abrió la puerta a la inversión extranjera en el sector extractivo bajo contratos de concesión regulados hoy por la Agencia Nacional de Minería.
La apuesta por el fracking —técnica de fracturación hidráulica para liberar hidrocarburos atrapados en formaciones rocosas de baja permeabilidad— se plantea en un momento en que Colombia enfrenta un déficit creciente de gas natural, particularmente en la costa Caribe, donde los yacimientos convencionales de La Guajira han mostrado señales de agotamiento tras décadas de explotación. El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos han advertido sobre la necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento para evitar una mayor dependencia de las importaciones.
El fracking ha sido uno de los temas más divisivos de la política energética colombiana en los últimos años. El gobierno de Gustavo Petro mantuvo durante buena parte de su mandato una posición contraria a la exploración de yacimientos no convencionales, en línea con su programa orientado a frenar la expansión de nuevos proyectos de hidrocarburos como parte de la transición energética. Esa postura generó tensiones con sectores empresariales y con departamentos productores que reclaman los recursos fiscales derivados de la actividad extractiva.
Cualquier iniciativa de fracking en el Cesar tendría que surtir el trámite ambiental correspondiente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entidad encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental y otorgar o negar los permisos requeridos. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han sido escenario de pronunciamientos sobre la actividad petrolera y minera, entre ellos fallos relativos a consulta previa y licenciamiento ambiental que han condicionado la velocidad de ejecución de proyectos extractivos en el país.
El Cesar, donde se concentra buena parte de la operación carbonífera de Drummond, ha sido objeto de estudios previos sobre su potencial en hidrocarburos no convencionales, aunque hasta la fecha no se ha desarrollado allí ningún proyecto de fracking a escala comercial. La región del valle del Magdalena Medio ha concentrado, en cambio, la mayoría de las exploraciones piloto autorizadas en años anteriores, en el marco de los denominados Proyectos Piloto de Investigación Integral impulsados durante el gobierno de Iván Duque.
La renuncia a la importación de gas contrastaría con los planes que había explorado el sector energético colombiano para traer gas licuado desde el exterior a través de terminales de regasificación, como la que opera en Cartagena, ante la perspectiva de un déficit de oferta interna. Voces del sector han señalado en distintos foros que la importación resulta más costosa que la producción doméstica y expone al país a la volatilidad de los precios internacionales, denominados en dólares.
La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ha insistido reiteradamente en la necesidad de destrabar la exploración de yacimientos no convencionales como parte de la solución al problema de abastecimiento energético. Desde otra orilla, organizaciones ambientales y comunidades del Cesar han expresado preocupación por los posibles impactos del fracking sobre los acuíferos y los territorios donde ya existe una huella ambiental significativa derivada de décadas de minería de carbón a cielo abierto.
El Cesar ha sido escenario de conflictos sociales prolongados en torno a la actividad de Drummond, incluyendo procesos judiciales por afectaciones ambientales y laborales, así como investigaciones de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con el entorno de la operación minera en años anteriores. Cualquier nuevo proyecto extractivo de la compañía en la región probablemente reactivará el escrutinio de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre el manejo ambiental y fiscal de la actividad.
El sector minero-energético continúa siendo un componente relevante de las exportaciones colombianas, aunque su peso relativo se ha reducido frente a otros sectores en la última década. El comportamiento del precio internacional del carbón, denominado en dólares, ha sido un factor determinante en los ingresos de compañías como Drummond, que ha buscado diversificar sus líneas de negocio ante la presión regulatoria global sobre los combustibles fósiles más contaminantes.
De concretarse el plan de iniciar actividades de fracking en menos de un año, como anticipó el directivo, el proyecto deberá surtir primero las etapas de exploración sísmica, perforación de pozos piloto y la obtención de las licencias ambientales correspondientes, procesos que en Colombia suelen tomar más tiempo del previsto inicialmente por las empresas, según ha ocurrido con otros proyectos extractivos.
El debate sobre el futuro energético colombiano seguirá marcado en los próximos meses por la discusión en el Congreso de la República sobre el marco regulatorio de los yacimientos no convencionales y por las decisiones del gobierno nacional respecto a nuevos contratos de exploración. La posición que finalmente asuma el Ministerio de Minas y Energía frente a esta y otras solicitudes similares será determinante para saber si la apuesta de Drummond por el fracking en el Cesar logra materializarse en los plazos anunciados.
