El caso salió a la luz a partir de un trámite administrativo. El viernes 11 de abril de 2025, Henao López radicó ante el Colegio Médico Colombiano una solicitud de tarjeta profesional de médico y de inscripción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (Rethus), el mecanismo que en Colombia certifica que un profesional de la salud está habilitado para ejercer. El objetivo, según la investigación, era que sus víctimas pudieran consultarlo en internet y confiar en él como un verdadero médico. Para respaldar la solicitud aportó un diploma, un acta de grado y un certificado de año rural falsos.
El documento del año rural —el servicio social obligatorio que todo médico graduado debe prestar en Colombia antes de ejercer de forma independiente, generalmente en zonas apartadas— señalaba que Henao López lo había cumplido en el Hospital San Francisco de Asís, en Guapi, Cauca, un municipio al que solo se llega tras cerca de cinco horas de lancha desde Buenaventura. La fecha consignada era el 26 de diciembre de 2017. Sin embargo, durante el periodo en que aseguró haber prestado su rural, ese hospital no se llamaba así, un desfase que encendió las alertas y terminó por desmontar toda la operación.
La denuncia inicial partió del propio hospital caucano, al que se sumaron el Colegio Médico Colombiano y una facultad de medicina de Bogotá, cuyo nombre no ha trascendido en el expediente conocido hasta ahora. Con esos elementos, las autoridades capturaron a Henao López y a Lengua Carrillo, quienes hoy permanecen bajo medida de aseguramiento intramural a la espera de la definición de su condena. Las pruebas recolectadas, reveladas por la fiscal en la audiencia, fueron lo bastante contundentes como para que ambos terminaran aceptando los cargos.
El testimonio que desmontó la operación
En la audiencia en la que se formalizó la aceptación de cargos, la fiscal del caso expuso el testimonio de al menos tres víctimas. Uno de los relatos corresponde a una mujer identificada como Daniela, quien se sometió a un procedimiento denominado lipólisis láser gold, una técnica estética orientada a moldear el cuerpo y reducir la grasa localizada. Buscaba intervenir simultáneamente el abdomen alto, medio y bajo, el monte de Venus, las regiones laterales, la espalda, la grasa axilar, la cintura, el coxis, la zona conocida coloquialmente como "alas de gaviota" y la papada. "Todo eso en una sola cirugía, desconociendo que a una mujer, dependiendo de su peso, no se le puede extraer más de cierta cantidad de grasa en un día, y que esto llevaba a complicaciones", advirtió la fiscal en la diligencia. Fue operada por los dos falsos médicos y un anestesiólogo.
"Ingresé para realizarme el procedimiento, durante la cirugía, en medio de ella, recuperé la conciencia. Empecé a sentir absolutamente todo lo que me estaban haciendo, sentía el paso de la cánula por mi cuerpo, era un dolor insoportable, sentí como si me hubieran quemado, y cuando estaba en la zona del coxis, como si me tocaran los huesos", relató la víctima ante el ente acusador, según el testimonio presentado en la audiencia. La mujer fue citada a declarar el lunes 26 de enero de este año.
La víctima describió que, al gritar por el dolor, fue sometida por la fuerza. "Comencé a gritar del dolor, en lugar de detenerse, ellos me sujetaron por la fuerza las manos y los pies, me introdujeron por la fuerza un trapo blanco en la boca, para que no pudiera seguir gritando, me decían que si seguía gritando la gente iba a llamar a la Policía", declaró, de acuerdo con lo expuesto por la fiscal. Añadió que, mientras la intervenían, escuchaba risas de quienes la operaban: "Mientras estaba sufriendo, escuchaba que se reían, cuando terminaron el procedimiento me despertaban con cachetadas en la cara, terminé con asimetría en el cuerpo", y con dolor crónico persistente, según su relato.
El caso pone en evidencia un fenómeno que las autoridades sanitarias han señalado en distintos momentos: el ejercicio ilegal de la medicina, particularmente en la cirugía estética, un mercado con alta demanda y escasa verificación presencial por parte de los pacientes. El Colegio Médico Colombiano ha insistido en que el Rethus es la fuente oficial para confirmar si un profesional está habilitado, y recomienda consultarlo antes de someterse a cualquier procedimiento. Precisamente ese registro fue el que Henao López intentó utilizar para dar apariencia de legalidad a su actividad.
El episodio recuerda otros casos de falsos médicos judicializados en Colombia en la última década, en los que personas sin formación clínica lograron infiltrarse en el mercado de la estética mediante documentación adulterada, aprovechando vacíos en la verificación de credenciales por parte de clínicas y consultorios particulares no adscritos a instituciones hospitalarias reguladas. La modalidad de operar en oficinas adaptadas —con auxiliares y vigilancia— replica un patrón ya observado en anteriores procesos por intrusismo profesional.
Por ahora, ni Henao López ni Lengua Carrillo han hecho declaraciones públicas por fuera de la aceptación de cargos ante la Fiscalía, y sus defensas no se han pronunciado sobre la totalidad de las víctimas atribuidas al caso, que según el ente acusador ascienden a al menos 254 mujeres. La aceptación de cargos por ambos, no obstante, allana el camino hacia la sentencia.
En materia procesal, tras la aceptación de cargos corresponde a un juez de conocimiento verificar la legalidad del allanamiento y proferir la sentencia, trámite previsto en el Código de Procedimiento Penal colombiano. Por concierto para delinquir, estafa, falsedad en documento público y fraude procesal —los cuatro tipos penales admitidos—, la pareja enfrenta penas de prisión cuyos rangos fija el Código Penal para cada delito.
El proceso continúa abierto a la vinculación de nuevas víctimas, en momentos en que la Fiscalía y el Colegio Médico Colombiano evalúan si existieron fallas adicionales en los controles administrativos que permitieron a Henao López radicar, así fuera de forma fraudulenta, un trámite ante el sistema de registro de talento humano en salud. La definición de la pena y el eventual reconocimiento de reparación a las 254 mujeres afectadas marcarán las siguientes etapas de un caso que sigue su curso ante la justicia penal.
