El informe detalla que los homicidios contra periodistas se distribuyeron de forma desigual a lo largo del periodo analizado: dos en 2020, uno en 2021, dos en 2022, uno en 2023, tres en 2024, uno en 2025 y dos en lo corrido de 2026. Ese último dato, correspondiente al año en curso, coincide con el reportado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización que hace seguimiento sistemático a las agresiones contra comunicadores en el país.
Según la Defensoría, 2024 concentró la cifra más alta del periodo, con tres periodistas asesinados. El documento no detalla los nombres de las víctimas ni las circunstancias específicas de cada caso, un nivel de detalle que corresponde a investigaciones judiciales en curso ante la Fiscalía General de la Nación.
Más allá de los homicidios, el informe pone el foco en las 711 agresiones contra periodistas registradas entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026. De ese total, 275 correspondieron a amenazas relacionadas con los temas que cubren en sus redacciones, lo que equivale a cerca del 39 % de los casos reportados en ese lapso. La Defensoría no desagrega en el resumen público las demás categorías de agresión.
El informe entregado a la Casa de Nariño no se limita al gremio periodístico. La entidad también documentó que entre 2016 y 2025 fueron asesinadas 1.743 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos en el país, una cifra que evidencia la magnitud del riesgo que enfrentan quienes ejercen liderazgo comunitario, defensa de derechos o participación política en los territorios, particularmente en zonas con presencia de economías ilegales y disputas por el control armado.
En el documento, la entidad enmarca ambos fenómenos —la violencia contra periodistas y contra líderes sociales— dentro de una misma preocupación: la garantía del pluralismo democrático. "El respeto por el pluralismo democrático es una de las piedras angulares de una sociedad. La garantía de las libertades de expresión, reunión y manifestación permite que la ciudadanía participe en los asuntos públicos, formule demandas que respondan a sus problemas, controle el ejercicio del poder y defienda otros derechos", señala el informe. La Defensoría advierte que "el respeto y protección de estas libertades es una condición indispensable para el funcionamiento de una democracia abierta e incluyente".
De los años del narcotráfico a la Unidad Nacional de Protección
La violencia contra la prensa no es un fenómeno nuevo en Colombia. Desde la década de 1980, el país registró episodios de especial gravedad contra periodistas, en particular durante los años de mayor intensidad del conflicto armado y el auge del narcotráfico, cuando comunicadores fueron blanco directo de organizaciones criminales por sus investigaciones. El asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, en 1986, marcó uno de los hitos de aquel periodo, que dejó una huella institucional derivada en la creación de mecanismos de protección específicos, como el programa de la Unidad Nacional de Protección, encargado de evaluar riesgos y asignar esquemas de seguridad a periodistas amenazados.
La entrega de este informe se produce en un momento de transición institucional, con el Gobierno de Abelardo De La Espriella definiendo su política de derechos humanos y seguridad. La Defensoría del Pueblo, como órgano de control, no tiene facultades para imponer medidas, pero su mandato constitucional le permite presentar recomendaciones y hacer seguimiento a su cumplimiento, además de trasladar los casos más graves a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría cuando detecta posibles omisiones de protección por parte de funcionarios públicos.
La FLIP ha insistido reiteradamente en que buena parte de las agresiones contra periodistas en Colombia ocurren en regiones apartadas, donde la presencia institucional es más débil y los comunicadores locales cubren temas sensibles —minería ilegal, cultivos de uso ilícito, disputas por tierras— sin el respaldo de grandes medios ni acceso a esquemas de protección robustos. Ese patrón territorial ayuda a explicar la concentración de casos fuera de las principales ciudades del país.
Desde la Defensoría, Iris Marín manifestó la expectativa de que el Ejecutivo incorpore estos hallazgos en el diseño de su política de seguridad. El Gobierno nacional no ha fijado aún un plazo público para responder formalmente a las recomendaciones de la entidad. La Constitución de 1991 encuadra a la Defensoría del Pueblo dentro del ministerio público, bajo la dirección del procurador general de la Nación, lo que le otorga un canal institucional directo para exigir seguimiento a sus informes.
El asunto también reabre el debate sobre el papel del Congreso en la fiscalización de estas cifras. Las comisiones de derechos humanos del Senado y de la Cámara de Representantes disponen de la figura del debate de control político para citar a funcionarios del Ministerio del Interior o de la Unidad Nacional de Protección y exigirles explicaciones sobre el estado de los esquemas de seguridad asignados a periodistas y líderes sociales en riesgo.
La Defensoría del Pueblo ha optado por mantener la presión mediante la publicación periódica de estos balances, una estrategia que en años anteriores sirvió para visibilizar casos que de otro modo permanecerían fuera de la agenda pública. El seguimiento a la respuesta del Gobierno de Abelardo De La Espriella, y a si se traduce en medidas concretas de protección o en ajustes normativos, será la prueba de si el informe logra el efecto que la entidad busca.
