De acuerdo con la denuncia, el hombre habría entregado a la funeraria encargada de los servicios exequiales la gestión de una suma que debía llegar íntegra a sus manos como compensación por la pérdida de su familia en el terremoto. La empresa se habría quedado con una parte sustancial de ese dinero, lo que motivó que el episodio trascendiera a la opinión pública.
Suárez, comunicador que ha cubierto asuntos de atención a víctimas y ayudas humanitarias, hizo un llamado explícito a la cautela: recomendó a quienes atraviesan procesos similares abstenerse de firmar poderes o autorizaciones a particulares y dirigirse a las entidades competentes para el reconocimiento y pago de indemnizaciones derivadas de desastres naturales. Insistió en que la vía es acudir a los canales institucionales antes de delegar cualquier gestión económica en un tercero, por más cercano que resulte durante el proceso de duelo.
El relato describe un patrón que preocupa a defensores de derechos de las víctimas: empresas o intermediarios que, aprovechando el momento de mayor vulnerabilidad de una persona que acaba de perder a su familia, ofrecen gestionar trámites de indemnización, seguros o ayudas estatales a cambio de comisiones o mediante la retención directa de los recursos.
En Colombia, el marco normativo para la atención de víctimas de desastres se sustenta en la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y en los protocolos que activa la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuando se declara una calamidad pública. Estas entidades son las llamadas a coordinar ayudas humanitarias, censos de afectados y, cuando corresponde, subsidios, sin que medien terceros particulares en la entrega de los recursos.
El caso reabre un debate recurrente sobre la vulnerabilidad de las familias que enfrentan pérdidas humanas en emergencias y la proliferación de intermediarios —desde funerarias hasta gestores informales— que ofrecen «facilitar» trámites ante aseguradoras o entidades estatales. La Superintendencia Financiera de Colombia ha advertido en el pasado sobre prácticas de este tipo relacionadas con pólizas de seguros de vida y accidentes personales, instando a los beneficiarios a reclamar directamente ante las aseguradoras.
Las funerarias operan en el país bajo la vigilancia de las secretarías de salud departamentales y municipales, que regulan sus servicios exequiales, pero no existe una supervisión especializada sobre su eventual participación en la gestión de indemnizaciones o seguros a nombre de terceros. Organizaciones de defensa de consumidores han señalado ese vacío como una puerta abierta a abusos.
Un antecedente en la historia de los desastres del país
No es la primera vez que emergencias masivas dejan expuestas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las víctimas. El terremoto de Armenia en 1999, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del Eje Cafetero, derivó en denuncias sobre el manejo de fondos de reconstrucción y ayudas, lo que impulsó mecanismos de veeduría ciudadana y control fiscal más estrictos para desastres posteriores. La Contraloría General de la República ha mantenido desde entonces facultades de vigilancia sobre los recursos públicos destinados a atención de emergencias.
La Fiscalía General de la Nación es la entidad competente para investigar posibles delitos de estafa o abuso de confianza en casos como el denunciado, siempre que la víctima o sus representantes legales presenten la respectiva denuncia formal. Hasta el momento no se ha reportado que exista una investigación penal abierta específicamente por este caso, por lo que la situación permanece en el terreno de la denuncia pública.
El hombre afectado, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, no ha ofrecido declaraciones adicionales más allá de lo consignado en la denuncia inicial. La funeraria señalada tampoco se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra, por lo que el episodio permanece, por ahora, en el plano de lo denunciado y pendiente de que las autoridades competentes determinen si hubo o no una conducta irregular.
El siguiente paso, según el marco vigente, correspondería a la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía que active una eventual investigación penal, mientras las entidades de vigilancia sobre consumidores y aseguradoras podrían verificar si hubo cobros o retenciones indebidas. Entretanto, distintas organizaciones civiles insisten en la necesidad de fortalecer la educación financiera y jurídica de las comunidades expuestas a riesgos de desastres, de manera que las víctimas conozcan de antemano sus derechos y los procedimientos legítimos para acceder a indemnizaciones.
